Ayer en el Congreso de Intendentes (CI), la telenovela de Uber, la gremial del taxi y el Estado tuvo un nuevo capítulo. El tema de la aplicación de transporte estaba en el orden del día de la sesión del CI de ayer y un grupo de taximetristas encabezado por el presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay, Óscar Dourado, se apersonó en la Intendencia de Montevideo, donde transcurrió la sesión. El presidente del cuerpo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, explicó a la prensa que los taximetristas fueron al CI y llevaron “algunos de sus vehículos”, que los intendentes les respondieron que “no están acostumbrados a ese tipo de acciones” y que “con ese tipo de manifestaciones” no se iba a tratar el tema Uber. Botana destacó que los taxistas “tuvieron la amabilidad de retirarse”, lo que permitió que el tema pudiera ser abordado.
Según explicó, el CI decidió la creación de una comisión “para determinar claramente cómo se detecta [el uso de Uber] y qué mecanismos legales tenemos para impedir o sancionar estas situaciones”. Según fundamentó, los intendentes no rechazan el “progreso tecnológico”, al que “quieren incorporar”, pero al mismo tiempo consideran que “hay que atender algunas situaciones”, como la de “la persona que dedicó la vida a comprar una patente de taxi inducida por una norma existente en el país y creada en el marco de los gobiernos departamentales, una patente que ahora pasa a valer nada o muchísimo menos, y a veces es el sacrificio de toda la vida de la persona o la venta de un bien”. El jerarca también nombró a “aquellas personas que se dedicaron a ser choferes profesionales de taxi”, que, según consideró, “se están jugando en esto su trabajo”.
Al mismo tiempo, se preguntó “quién atiende a las personas que no tienen tarjeta internacional o un celular que tenga la posibilidad de tener la aplicación” y si en Uruguay el regulador es “el Estado o cualquier privado que aparece”. Botana señaló que en diciembre el CI les transmitió estas cuestiones a representantes de la empresa multinacional y, al mismo tiempo, les solicitaron que para seguir dialogando “abandonaran de inmediato” su actividad en el país, que está “apartada de la ley”.
Si bien consideró que la regulación del transporte público es objeto de las intendencias y las juntas departamentales, señaló que el CI resolvió trabajar en el tema porque hay “desvío de la normativa” pero “no es fácil detectar quién está incumpliendo”, ni tampoco sancionarlo. Por lo tanto, se consideró que es necesario “desarrollar algunos instrumentos” a través de la comisión creada para “asesorar” a los gobiernos departamentales “que así lo necesiten para la toma de sus decisiones”. Como algunas posibilidades que estarán a estudio de la comisión, Botana nombró el bloqueo de la aplicación por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la posibilidad de generar mecanismos para el registro de la transacción con la tarjeta de crédito y “poder impedir ese tipo de operaciones o sancionar ese tipo de pagos”. En concreto, una de las posibilidades que se evaluarán será la de sancionar a los usuarios para desestimular el uso de la aplicación.
“El país nunca se negó a habilitar nuevos emprendimientos y nuevas cosas; en la medida en que se discuten y se acuerdan, se pueden aplicar. Lo que no corresponde es que alguien actúe de hecho desconociendo la normativa en el país”, planteó el intendente. Hasta el momento, además de reuniones con los representantes de la empresa y del gremio de taxistas, el CI también recibió a trabajadores de remises y de las empresas del transporte escolar.
Contra el mosquito
El otro tema que analizó el CI ayer fue la existencia de dengue autóctono en el país, para lo que se recibió a autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), encabezadas por el titular de la cartera, Jorge Basso. El jerarca explicó en rueda de prensa que la instancia para abordar el tema fue solicitada por el ministerio desde antes de que se conociera el caso de dengue autóctono, y destacó el rol que han tenido las intendencias desde hace tiempo en el combate al mosquito transmisor. Durante el CI, los temas conversados fueron la necesidad de planes para la disposición de neumáticos y de esa forma evitar que se llenen de agua y también de la generación de “planes operativos” en cada territorio y con participación de la comunidad. Surgió la necesidad de hacer llegar información a la población, para lo que se consideraron fundamentales las campañas comunicacionales, y se analizaron formas para mejorar el acceso a los repelentes.
Acerca de este último tema, Basso informó que junto con jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas, el miércoles mantuvo reuniones con representantes de las farmacias y que hoy lo hará con importadores y productores nacionales de repelente, para buscar “las mejores soluciones” en cuanto al acceso. Según dijo el ministro, desde las farmacias se transmitió al gobierno que sin perjuicio del aumento en la demanda de repelente y que “en alguna situación puntual” se registró su falta, ésta se pudo resolver rápidamente. Además, Basso dijo que también se instrumentará la inclusión del producto en la canasta de productos del Ministerio de Desarrollo Social.
El ministro dijo que se está tratando de articular con las instituciones de salud, las emergencias móviles, y también con las facultades de la Universidad de la República vinculadas al tema, y que “el país tiene un plan de contingencia” y una cultura sobre el combate al dengue “que hay que reforzar” ante la actual situación nacional y regional. El ministro confirmó que el caso autóctono encontrado en Pocitos corresponde al tipo 1 de dengue, el mismo que se encuentra en otros países de la región. Si bien dijo que el MSP necesitará “algunas semanas más para evaluar distintos escenarios de máxima y de mínima”, siempre están preparados para “el peor escenario”.