Técnicos de diferentes ministerios dibujan un mapa reglamentario para llenar los vacíos legales que permiten a la empresa Uber -y a otras del estilo que podrían emerger en el mercado uruguayo- operar sin la necesidad de ajustarse a ninguna norma. Desde hace dos meses trabajan a pedido del presidente Tabaré Vázquez, quien ya dijo públicamente, en reiteradas ocasiones, que bajo las condiciones actuales Uber no puede funcionar en Uruguay.

“Siempre hay quien infringe las normas, lamentablemente. Y esta empresa [Uber] infringió todas las normas que se le exigen al sector regulado de los taxímetros o de las empresas de remises [...] creemos que el camino no pasa por simplemente prohibir, prohibir y prohibir”, expresó Vázquez el lunes durante el Consejo de Ministros en la localidad de Piedras Coloradas, en el departamento de Paysandú.

El secretario de Presidencia, Miguel Toma, especificó que se trabaja en un proyecto de ley que, en caso de que sea aprobado en el Parlamento, “debería tener orden público, más allá de los acuerdos entre empresas”. El jerarca recalcó, en sintonía con Vázquez, que el camino no es el de la prohibición. “Más que prohibir, se trata de que la empresas tienen que cumplir con toda la normativa vigente, y de darles a los órganos de contralor los instrumentos necesarios” para que revisen su cumplimiento. La idea es tener una “policía administrativa” que controle a la multinacional. Algunos puntos que contemplará la iniciativa serán el control de que los conductores estén cubiertos por la seguridad social y que sus libretas de conducir sean diferenciadas.

“Históricamente Uruguay es un país muy serio, un país muy responsable. Desde que tuvimos la primera Carta Magna, ese pacto social que une a todos los uruguayos y uruguayas, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, estableciendo normas, leyes y decretos que regulan nuestra convivencia y que hacen que podamos disfrutar esta convivencia con paz y respeto”, expresó Vázquez.

El jueves se reunió en Montevideo el Congreso de Intendentes. Mientras se trataba el caso de Uber, un grupo de taximetristas, liderados por el presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay, Óscar Dourado, se presentó en el edificio con una flota de taxis. La modalidad de la manifestación no fue bien recibida por los intendentes, por lo que después de unos minutos los manifestantes se retiraron.

El clima de tensión que se vive entre los taxistas, el Estado y Uber también se vio reflejado en una de las tres noches en las que se desarrolló el desfile de Llamadas, cuando funcionarios municipales -por orden de una autoridad de mayor jerarquía- retiraron los banderas publicitarias de la multinacional que portaban algunas comparsas. De acuerdo con un comunicado que difundió la IM en su página web el sábado 6 de febrero, la decisión de retirar la publicidad en medio del desfile se justifica porque Uber “no se encuentra comprendida dentro del marco legal departamental y, por tanto, su actividad es ilegal”.

“Uber viola la normativa permanentemente, en un sentido despreciativo de la institucionalidad”, decía a fines de enero el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, a Radio Uruguay.