Los manifestantes se reunieron en torno a las rutas y carreteras por las que se accede a Buenos Aires, pero tuvieron la cautela de no cortarlas totalmente. El presidente Mauricio Macri ya había advertido en la campaña que no permitiría los cortes de ruta, y a pocos días de su asunción un piquete sobre una de las rutas que llevan a Ezeiza fue reprimido por la Policía.
Participaron en la movilización organizaciones sociales y movimientos políticos vinculados al Frente para la Victoria, como el Movimiento Evita y La Cámpora, así como la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que lidera Hugo Yasky.
La líder de Túpac Amaru fue detenida el 16 de junio mientras la organización acampaba frente a la sede del gobierno de Jujuy para protestar contra medidas que había tomado el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (uno de los partidos de la coalición Cambiemos, que llevó a Macri a la presidencia).
Sala fue detenida por incitación al tumulto, un cargo que ya fue desestimado por la Justicia, pero mientras estaba detenida se la acusó de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado por la administración de los fondos provinciales que recibía Túpac Amaru hasta el comienzo de la gestión de Morales. Ahora Sala está detenida por esta segunda causa. Las dos denuncias fueron presentadas por el gobierno de Jujuy y se suman a otra anterior, presentada por él personalmente por un presunto escrache de 2009 en su contra. La Justicia ya comprobó que Sala no estaba presente en ese escrache, aunque la investigación continúa.
Los abogados de Sala han solicitado en varias ocasiones que se la libere, pero las respuestas han sido negativas. La última la dio el martes el juez Gastón Mercau. El diario Página 12 informó que Mercau argumentó en su escrito que “considerando el liderazgo o la dirección que detenta la nombrada en todos los emprendimientos que abarca”, los peligros de que Sala se fugue son “muy superiores a otros imputados”.
Distintos apoyos
Se han presentado ante la Justicia argentina varios pedidos de liberación de Sala, y ayer además se elevó una denuncia contra la fiscal de la causa y los dos jueces que la han llevado adelante (el primero, Raúl Gutiérrez, pidió licencia médica después de ordenar la detención, y su lugar fue ocupado por Mercau). La denuncia por “privación ilegal de la libertad” y “graves violaciones a los derechos humanos” fue presentada por los abogados Pablo Llonto, Damián Loretti y Elizabeth Gómez con el respaldo de seis diputados del Parlamento del Mercosur, todos argentinos.
Argumentan que la detención de Sala transgredió una ley “que establece la inmunidad” para los diputados del Parlasur, cargo para el que fue electa la dirigente en 2015. Además, se dice que la detenida ha sufrido “prácticas abusivas e ilegales del poder coercitivo estatal en la provincia”, así como “violencia institucional”. Entre los firmantes hay varios integrantes del Frente para la Victoria, pero también figura Claudia Fernanda Gil Lozano, del Frente Renovador. Los denunciantes piden que la causa sea trasladada de la órbita de Jujuy a la nacional por “la irracionalidad” con la que ha actuado la Justicia provincial, dijo Gil Lozano.
Sala recibió otra señal de apoyo: el papa Francisco, argentino, le envió un rosario bendecido que representa “una valoración del trabajo de los dirigentes sociales y el de Milagro Sala en particular”, según explicó Enrique Palmeyro, un laico enviado por el papa para que se lo entregara. Antes de que el rosario llegara a Jujuy, un grupo de 1.700 dirigentes políticos, sociales y referentes académicos le habían enviado una carta al papa en la que le pedían que intercediera por la libertad de Sala, a quien consideran una presa política.
El gobierno nacional y el sistema judicial de Jujuy intentaron desvirtuar la importancia del gesto del papa hacia Sala. La vicepresidenta Gabriela Michetti dijo que “calcula” que el papa considera a Sala una dirigente social, pero “cuando uno sabe que está rodeada de sospechas, eso tiene una cuestión más controvertida”. Por su parte, el fiscal del Estado en Jujuy, Mariano Miranda, dijo que le va a enviar al papa “el detalle de cómo la organización social de Milagro Sala se quedaba con los fondos públicos” y que lo hará porque entiende que “él no está al tanto de la situación”. Miranda agregó que Sala no es una presa política y que si los manifestantes supieran “las verdaderas causas” de su detención “no estarían cortando rutas”.
Ayer la diputada de Cambiemos Elisa Carrió manifestó su malestar con el papa en un texto que publicó en Facebook y que remató con la frase: “A Roma no voy”.