En 2013 el diario español El País divulgó un video en el que cinco soldados españoles pateaban a dos personas que estaban detenidas en la cárcel de la Base España, en la región iraquí de Diwaniya.
Un tribunal militar comenzó a investigar el caso de oficio y éste pasó a un juez que, tras ocho meses de investigación, lo archivó. El juez militar y el fiscal, que actuó como representante del Estado, mantuvieron un debate mediante oficios sobre por qué se había cerrado la causa: mientras el fiscal decía que no había elementos que probaran que había habido abusos, el juez sostuvo que en el video sí se ven “hechos de naturaleza delictiva”, pero no se pudo identificar a víctimas. Además, el juez expresó su “frustración” por no poder identificar tampoco a quienes tuvieron “comportamientos tan graves y tan ajenos a los que deben tener las tropas españolas”.
En un escrito firmado en setiembre y divulgado ayer, el juez militar señala que para seguir adelante con el caso debe existir una parte acusatoria que no se ha hecho presente ni por parte de las víctimas ni por parte del Estado, que también podría presentar cargos contra los soldados pero optó por no hacerlo.