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Internacional | Miércoles 24 • Febrero • 2016

Manifestación de apoyo al líder opositor venezolano Leopoldo López, el sábado, en Caracas, Venezuela. • Foto: Miguel Gutiérrez, Efe

Todo lo que falta

Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de derechos humanos en 2014-2015.

Un repaso de la situación de los derechos humanos en 160 países, en los años 2014 y 2015, presentado por Amnistía Internacional (AI), muestra que a pesar de los avances en la región, hubo fuertes retrocesos. En Brasil, el organismo denuncia las “degradantes” condiciones que se viven en las cárceles y la “impunidad casi absoluta” con la que contaron varios policías que mataron personas “ilegítimamente”. El documento también señala que, en Paraguay, los pueblos indígenas siguen sin tener acceso a sus tierras ancestrales, y brinda un panorama de lo que todavía queda por hacer en países como Argentina, España o Venezuela.

El apartado del informe que refiere a Brasil está salpicado constantemente por las palabras “policía” y “detenidos”. La organización informa que en 2014 y 2015 recibió denuncias sobre el uso excesivo de la Policía, en particular en manifestaciones pero también en hechos aislados, así como detenciones arbitrarias y homicidios a manos de funcionarios policiales. Los jóvenes y los negros que viven en las favelas, los trabajadores rurales y los miembros de las comunidades indígenas son quienes corren “especial peligro de sufrir violaciones de derechos humanos”, aclara el informe.

Al respecto, la conclusión general es que las fuerzas de seguridad de Brasil -y de otros países como Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Perú o Venezuela- “incumplieron las normas internacionales sobre el uso de la fuerza” bajo el pretexto de “proteger el orden público”. También cuestiona la actitud del gobierno, que “en vez de transmitir un mensaje claro de que no se toleraría la fuerza excesiva”, no cuestionó “ni siquiera” la violencia infligida, “ni manifestó preocupación alguna al respecto”.

Además, AI se refiere al “grave” hacinamiento, a las condiciones “degradantes”, a la tortura y a la violencia que “siguieron siendo endémicos” en las prisiones brasileñas hasta el año pasado y que causan, dice el informe, “honda preocupación”. El documento menciona casos de “violentos asesinatos” en cárceles, incluidas las muertes por decapitación, y de torturas y otros malos tratos que tuvieron lugar durante arrestos, interrogatorios y reclusiones en comisarías. Denuncia, a la vez, que este patrón de “castigo” se reproduce también en el sistema penal de niños, niñas y adolescentes. Según el informe, el año pasado hubo numerosas denuncias de tortura y violencia contra niños y niñas, y varios murieron “bajo custodia”.

El derecho a volver a casa

El fragmento dedicado a Paraguay refiere, fundamentalmente, a los derechos de los pueblos indígenas a los que, según expone el organismo, “se les siguen negando sus tierras ancestrales”. AI explica que a pesar de que en junio Paraguay aprobó una ley de expropiación para devolver tierras a la comunidad indígena Sawhoyamaxa, muchas otras colectividades indígenas tienen que soportar “demoras para adquirir títulos de propiedad y acceder a sus tierras ancestrales” y “continúan haciendo frente a las amenazas sociales, políticas y económicas para su bienestar colectivo y su existencia misma”.

Además, conviven entre “ataques constantes” a su patrimonio cultural, sus tierras y su derecho a la autodeterminación. Los indígenas, revela el informe, continúan siendo expulsados de sus tierras por “agentes estatales y no estatales”, “empresas y poderosos terratenientes”, que ven allí oportunidades de desarrollo económico. Precisamente estos programas de desarrollo, aclara AI, provocaron la destrucción medioambiental y cultural y el desplazamiento de comunidades, a veces por medio de “amenazas, hostigamiento, desalojos o desplazamientos forzosos, ataques u homicidios”.

Aunque la conquista de los derechos de los indígenas tuvo un avance en la teoría, en la práctica la discriminación, la persecución, las detenciones arbitrarias y la intimidación se siguen llevando a cabo, todo esto amparado por la utilización discriminatoria de los sistemas judiciales. Ésta y otras situaciones similares en Paraguay se vieron reforzadas en noviembre, cuando la Cámara de Senadores rechazó un proyecto de ley que tenía por objeto prevenir y combatir la discriminación por cualquier motivo.

Sin avances

En España, AI denuncia la restricción a las libertades de expresión y de reunión debido a la aprobación, en julio, de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la “ley mordaza”. El informe dice que esta norma establece “límites sobre dónde y cuándo” se permiten las protestas en las calles, “sanciones adicionales” para quienes celebren “manifestaciones espontáneas frente a ciertos edificios públicos”, y dota a la Policía de “amplias competencias” para multar a las personas que muestren “falta de respeto”.

Durante 2015, la organización supo de “cientos de personas” detenidas y multadas “por participar en manifestaciones espontáneas y en gran medida pacíficas”. También recordó que, tras ser sancionada la ley mordaza, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las repercusiones que podría llegar a tener.

De Argentina, AI cuestiona el uso de la tortura durante detenciones y en cárceles de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut, y advierte sobre las denuncias por torturas y otros malos tratos que no se investigaron. También ponen en cuestión las trabas que se imponen a las mujeres argentinas para acceder a un aborto legal.

AI también denuncia la persecución, la encarcelación y la intimidación en Venezuela a quienes “se oponen políticamente al gobierno” del presidente Nicolás Maduro. En este sentido, menciona la persecución a varios dirigentes opositores y la intimidación y censura a los periodistas que no seguían la línea oficialista. También denuncia las detenciones arbitrarias a los manifestantes. Agrega que “se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a quienes criticaban al gobierno”.

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