El desacomodo generalizado que provocó la situación de ANCAP en la interna oficialista alcanza también al proyectado cambio de autoridades en el ente. El viernes, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo al programa No toquen nada, de Océano FM, que el gobierno no les pidió la renuncia a los directores oficialistas en ANCAP y, en cambio, prefirió referirse al alejamiento de los jerarcas como un “planteo de transición”. Estimó que el alejamiento de los directores del Frente Amplio (FA) es “consecuencia natural” de un “proceso de transición” que se había iniciado con la constitución, a fines del año pasado, de un grupo de monitoreo mensual de la situación del ente, integrado por el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, Cosse, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García. Agregó que el planteo que se manejó el jueves en la reunión que esos mismos actores mantuvieron en la Torre Ejecutiva fue que después del 17 de febrero -día en el que el Senado discutirá los informes de los partidos en torno al trabajo de la comisión investigadora sobre el ente- se iniciaría “una transición más sistemática con los actuales directores frenteamplistas de ANCAP y los futuros directores, que aún no están definidos”. Cosse acotó que el gobierno está “seguro” de que la investigadora parlamentaria “va a arrojar como resultado la inexistencia de irregularidades”.
La ministra dijo que el gobierno está “protegiendo el nombre y la dignidad de las personas”, pero que se precisan “cambios en la gestión”, y uno de ellos es el relevo de autoridades. Aclaró, en la misma entrevista radial, que no había hablado con el presidente del ente, José Coya, quien el jueves se dirigió a entregar personalmente su renuncia a la Torre Ejecutiva. Coya sí habló con La República, y sus declaraciones se publicaron ayer; en ellas dejó en claro que no participará en la “transición”. “Si ya no puedo tomar decisiones, no puedo continuar al frente de la empresa. Nadie que sepa que ya está despedido puede seguir trabajando y actuando como si nada hubiera pasado”, manifestó. Dijo además que “esperaba recibir otro trato”, en lugar de enterarse por la prensa de que pensaban sustituirlo, lo que consideró “una falta de respeto”. Confirmó que cuando leyó en el semanario Búsqueda, el jueves, que Vázquez realizaba sondeos para designar el futuro directorio, decidió presentar su renuncia. “Si se me hubiese dicho esto con el suficiente tiempo y como parte de una estrategia de cambio en la empresa, no hubiese tenido ningún problema. Pero no de la forma en que se hizo”, declaró. Dijo que se tomará licencia, que no participará en la transición y que cuando regrese volverá a su cargo anterior en la empresa (Coya es funcionario de carrera de ANCAP).
En cambio, el director Juan Gómez se mostró dispuesto a participar en la transición, y los restantes directores frenteamplistas, si bien renunciarán a sus cargos, podrían trabajar también hasta que se procesen los cambios de jerarcas.
El fin de semana, el senador frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio), el primero en el oficialismo en reclamar públicamente un cambio de autoridades en ANCAP, se mostró satisfecho con la decisión del presidente Vázquez, pero reclamó que también renuncie el director nacionalista en el ente, Diego Labat. Consultado por la diaria, el miembro denunciante de la comisión investigadora, el nacionalista Álvaro Delgado, desestimó esa posibilidad. “El Partido Nacional respalda absolutamente la gestión del economista Diego Labat al frente de ANCAP, que nada tiene que ver con la situación de colapso a la que se llegó; es más, ha tenido muchas veces una actitud de crítica y de propuesta pública”, señaló el senador.
Dos visiones
Las dificultades en la interna del FA a consecuencia de la situación en ANCAP trascienden el Poder Ejecutivo y se manifiestan también en el ámbito parlamentario. La semana próxima, el FA deberá presentar su informe en la comisión investigadora, y parece estar lejos de llegar a consensos en los aspectos vinculados a la gestión del ente. Si bien en la reunión de bancada en la que se presentó el borrador del informe oficialista pareció haber acuerdo en no incluir evaluaciones de la gestión en el documento -porque no hay acuerdo interno al respecto-, el viernes el Frente Liber Seregni (FLS) presentó un documento de 15 páginas en el que propone agregados al borrador, informó el sábado La República. Según supo la diaria, ese espacio político propone incorporar la visión del equipo económico sobre algunos aspectos de la gestión. Por ejemplo, y acorde con lo que manifestaron también los distintos representantes del FLS cuando asistieron a la comisión investigadora, el FLS discrepa con el argumento del directorio de ANCAP de que los aumentos en los costos de distribución deben traducirse automáticamente en un aumento de tarifas. Entiende que la fijación de los costos de los combustibles es un asunto de la política global del gobierno, y que debe considerarse la macroeconomía y cómo impactan estos ajustes en la inflación. En segundo lugar, sostiene que las inversiones en ANCAP no fueron debidamente seguidas y monitoreadas, y que se hicieron unilateralmente, sin consultar al resto del gobierno.
Sobre estos puntos no hay consenso en la bancada, al punto de que algunos legisladores frenteamplistas ya manejan la idea de incorporar las dos visiones en el informe.
Mientras tanto, el informe nacionalista se presentará el lunes 15 en la bancada del Partido Nacional. Se ordenará en 15 capítulos temáticos, con cuatro líneas transversales, según explicó Delgado: “errores de gestión; irregularidades en procedimientos y normas; presunción de ilicitudes, y recomendaciones y propuestas de gestión sobre el manejo de las empresas públicas, para no repetir estas situaciones”. Esta última línea incluirá, por ejemplo, propuestas de mecanismos de control de empresas colaterales a ANCAP y sugerencias sobre la estructura organizacional del ente, dijo Delgado. Por otro lado, defendió la necesidad de discutir sobre la gestión en la investigadora. “Las normas de buena administración tienen que ver con la gestión, y el no cumplimiento de ellas genera irregularidades”, remarcó.