La informalidad es considerada uno de los “vicios” del mercado de trabajo. Para las autoridades, sin ayuda de los trabajadores resulta difícil detectarla y combatirla, y para estos últimos, en el mejor de los casos, resulta apetecible la idea de percibir un dinero “extra” por mes, que de otra manera iría a parar a la seguridad social. La última crisis económica dejó al país un saldo de casi 41% de informalidad y 19% de desempleo, pero la bonanza de la última década y políticas dirigidas sirvieron para recuperar el registro a la seguridad social, que aumentó 17%, según un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El estudio “El proceso de formalización en el mercado laboral uruguayo”, publicado por la Oficina de la CEPAL en Uruguay, se basó en datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que desde 2001 indaga si los trabajadores aportan a la seguridad social.

La tasa de informalidad para todo el país tomaba en 2001 un valor igual a 36%, y ascendió continuamente hasta 2004, cuando afectó a 40,7% de los trabajadores y alcanzó el máximo. Al año siguiente descendió dos puntos porcentuales, y en ese camino siguió, acumulando una caída de 17% entre ese entonces y 2014, diez años después. Para la CEPAL, este descenso, si bien coincidió con un período de crecimiento y estabilidad económica, también respondió a la aplicación de “diversas políticas que podrían haber influido, directa o indirectamente, en el proceso de formalización”. Entre ellas se citan la reinstalación de la negociación colectiva tripartita en 2005; el fortalecimiento del salario mínimo, que creció 180% entre 2005 y 2012; la reforma tributaria de 2007 y también la reforma de la salud de 2008, que “extendió la cobertura en salud a la familia del trabajador que efectúa el aporte a la seguridad social”.

También se destacan los cambios en el seguro de desempleo, en el esquema jubilatorio, en el de licencias por maternidad y paternidad, y en la ley de monotributo y, específicamente, la incorporación del servicio doméstico a la negociación colectiva y la promulgación de una ley que reguló sus condiciones de trabajo.

El informe indica que la caída obedeció principalmente al descenso en la tasa de informalidad de los asalariados privados y a la menor dedicación al trabajo por cuenta propia sin local, es decir, trabajadores que realizan sus actividades sin contar con un lugar físico de trabajo o inversión en maquinarias y equipo. También se destaca que el medio rural fue en el que menos se redujo la informalidad. Tomando 2006 como año base, ya que a partir de entonces la ECH expande su cobertura a todo el país, mientras que la caída de la informalidad en Montevideo fue de 30% a 18%, en el mismo período en el medio rural la reducción fue apenas de 31% a 28%.

La caída en la tasa de informalidad implicó un crecimiento del número de trabajadores formales -en las zonas urbanas pasaron de ser alrededor de 645.000 en 2003 a 1.100.000 en 2014, mientras que los informales se redujeron de 458.000 en 2004 a 340.000 en 2014-, y en 2006 alrededor de 9% de los asalariados privados subdeclaraban al realizar los aportes, cifra que para 2014 descendió a 6%-.

Según el estudio, la caída de la informalidad fue similar entre hombres y mujeres. Por otro lado, el descenso se dio en todos los sectores, excepto en el de gas, electricidad y agua, en el que aumentó de 3,2% en 2001 a 10,3% en 2014. También se concluye que la reversión de la tendencia se dio en empresas tanto pequeñas como medianas y grandes, aunque el mayor descenso fue en aquellas compañías con entre cinco y nueve empleados.