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Internacional | Lunes 07 • Marzo • 2016

Manifestación de apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, ayer, en Río de Janeiro. Foto: Christophe Simon, Afp

Alrededor de Lula

La Fiscalía acusó a Lula de ser “uno de los principales beneficiarios” de la red de corrupción en Petrobras.

El Partido de los Trabajadores (PT) denunció que hay una “escalada golpista” contra el gobierno de Dilma Rousseff y convocó a su militancia a múltiples movilizaciones en los próximos días. El objetivo de estas protestas es defender al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el viernes fue llevado a declarar mediante una “conducción coercitiva”, y después fue acusado de beneficiarse de la red de corrupción en Petrobras. Varios juristas vinculados con el oficialismo y con la oposición criticaron la utilización de esa figura, ya que Lula se presentó a declarar voluntariamente siempre que se lo solicitaron.

Sombras sobre Dilma

La semana pasada el ex líder del gobierno en el Senado Delcídio Amaral aceptó hacer una delación premiada, un acuerdo entre el acusado y el Ministerio Público para delatar a sus cómplices y beneficiarse con una reducción de pena. El jueves, la revista _Isto É_ publicó en parte las supuestas declaraciones de Amaral ante la Justicia. Los abogados de Amaral no confirmaron ni negaron que esas declaraciones fueran auténticas. Según la revista, Amaral dijo que en 2006, cuando Rousseff era presidenta del Consejo de Petrobras, aprobó la compra de la refinería Pasadena, en Estados Unidos, sabiendo que se pagaría un sobreprecio para repartir coimas. Las supuestas revelaciones de Amaral todavía no fueron investigadas por la Justicia. El ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo dijo que Amaral pidió al gobierno que presionara para que lo liberaran y amenazó con “vengarse” si esto no sucedía. Rousseff criticó en un comunicado “el uso abusivo de la filtración [de delaciones] como arma política”. Luego, en un discurso televisivo, manifestó su disconformidad e indignación por las acusaciones y recordó que la compra de Pasadena ya fue investigada por la Procuraduría General, que desestimó el caso.

A las 6.00 del viernes, la Policía Federal irrumpió en la casa de Lula, la allanó y lo llevó a la fuerza como testigo. Durante las tres horas que prestó declaración también se cumplieron otras diez “conducciones coercitivas” y se allanaron, en varios estados, oficinas y viviendas de Lula, del Instituto Lula y de uno de sus hijos, Fábio Luiz, conocido como Lulinha. Después de ser liberado, Lula se dirigió a la sede del PT en San Pablo, donde dio una conferencia de prensa.

La investigación judicial sobre Lula comenzó a partir de dos viviendas que fueron reformadas por dos empresas constructoras que, según comprobó la investigación, están vinculadas con la red de corrupción de Petrobras: OAS y Odebrecht. Ninguna de las viviendas está a nombre de Lula, aunque el ex presidente sí las ha visitado. Según el Ministerio Público, pertenecen a Lula y las empresas las reformaron para hacerle “pagos disimulados”, o sea, sobornos.

También se investiga el hecho de que las seis empresas involucradas en el esquema de Petrobras sean responsables de 60% de las donaciones que ha recibido el Instituto Lula y hayan contratado 47% de las conferencias que dio Lula, dentro y fuera de Brasil.

Después de que Lula declarara, el Ministerio Público dio a conocer que, por primera vez, el ex presidente se convertía en acusado por el caso Petrobras. Se lo acusa de ser “uno de los principales beneficiarios” de la red de corrupción en la empresa estatal.

“No voy a bajar la cabeza”, dijo un enojado y emotivo Lula en la sede del Directorio del PT en San Pablo, donde lo esperaban cientos de manifestantes. Allí el dirigente reiteró que él demostró que “la gente humilde puede andar con la cabeza erguida y comer carne de primera” y dijo que en un país como Brasil “todo el mundo puede conseguir cosas [materiales]” menos él, “este metalúrgico de mierda”.

Además, el ex presidente les pidió “disculpas” a sus amigos, sus familiares y al Instituto Lula: “porque hoy, en este país, ser amigo de Lula se convirtió en un crimen”. Agregó, irónico: “Es necesario eliminar al PT, eliminar a Lula, porque esa gente podría querer continuar en el poder”.

“Yo estaba tranquilo en mi rincón. Tenía la expectativa de que eligieran a alguien para disputar [las elecciones de] 2018. Pero quiero ofrecerme a ustedes. A partir de hoy, la única respuesta que puedo darle a la violencia que me infringieron es salir a la calle y decir: ‘estoy vivo’”, afirmó.

“Si el juez [Sérgio] Moro quería sólo una declaración, podía simplemente pedirla”, dijo el ex presidente, antes de agregar que “lamentablemente prefirió la prepotencia, la arrogancia y el espectáculo”. Lula fue convocado en varias oportunidades por Moro a declarar y lo hizo en tiempo y forma, pero en esta oportunidad “valió más el show mediático que la investigación judicial”, agregó. Estos conceptos fueron repetidos por varios dirigentes del PT que lo defendieron. Entre ellos, el presidente del PT, Rui Falcão; en su opinión, los hechos del viernes forman parte de una “escalada golpista” que busca “cambiar el resultado de las urnas”.

También Rousseff defendió a Lula en una conferencia en la que se presentó flanqueada por sus 11 ministros más importantes. La presidenta manifestó su “más absoluto desacuerdo” con la “innecesaria” operación policial que llevó a declarar a Lula, exigió “respeto” a los derechos individuales e instó a los “agentes públicos” a tener “sentido de responsabilidad”. Además, visitó a Lula el sábado en su apartamento de San Pablo y salió al balcón junto a él para saludar a los cientos de militantes que hicieron vigilia allí como muestra de apoyo al ex mandatario. Algunos diputados opositores anunciaron que recurrirán a la Justicia para reclamar que Rousseff devuelva al Estado los gastos del viaje a San Pablo.

La conducción de Lula a declarar motivó que se generalizaran las críticas a la forma en que se está dirigiendo la investigación por el caso Petrobras. Entre los críticos estuvo el juez del Supremo Tribunal Federal Marco Aurelio Mello, que dijo al diario Folha de São Paulo que no comprendió la medida adoptada por Moro, y consideró que “implica un retroceso, no un avance”.

Además, el abogado José Gregori, que fue ministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, dijo a la BBC que no conocía antecedentes de que se solicitara una conducción coercitiva sin que antes, en una convocatoria a declarar de manera voluntaria, el convocado se ausentara. Otro abogado que integró el gobierno de Cardoso, Walter Maierovitch, opinó que la conducción coercitiva de Lula fue “ilegal, sorprendente y preocupante”.

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