Marcos Levín, dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, fue condenado ayer a 12 años de prisión por un tribunal federal de Salta, en el marco del primer juicio oral de Argentina que intenta exponer la complicidad del sector empresarial con la dictadura cívico-militar. Levín fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados por el secuestro, cometidos en enero de 1977 contra Víctor Cobos, que entonces era empleado de la empresa y delegado del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), informó el diario argentino Página 12. Los ex policías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón también recibieron una condena de 12 años por los mismos delitos, y el ex oficial Víctor Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Los fundamentos de la sentencia serán leídos en mayo.
La denuncia sobre este caso, que fue llevada a la Justicia por el propio Cobos y por la Asociación Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Salta, establece que el empresario “se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales”. También señala que 16 o más empleados fueron detenidos y obligados a confesar bajo tortura, después de que el propietario de La Veloz del Norte denunció en una comisaría de Salta un supuesto fraude a su empresa y entregó una lista con los nombres de los trabajadores a los que acusaba de estar involucrados. Según quienes denunciaron a Levín, ese supuesto fraude sirvió para justificar la actuación de los represores, y el empresario aportó, además de información, transporte para detener a los empleados. La defensa de Levín argumentó que este se limitó a denunciar a empleados que le robaban y negó que hubiera existido tortura.
Levín, en ese entonces, no sólo lideraba una de las empresas más importantes de transporte en Salta, sino que además era el presidente de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte, la misma asociación que unos años antes había pedido a la Policía de esa provincia la aplicación de la “ley antisubversiva” a los sindicalistas, una decisión que habilitaba a las fuerzas armadas y de seguridad a reprimir la violencia política, indica el diario argentino.
Cobos dijo en la primera audiencia judicial, en agosto del año pasado, que desde el momento en que pasó a integrar la comisión directiva de la delegación de Salta de la UTA comenzó a sufrir “persecuciones” por estar “en contra de disposiciones empresariales” y “buscar beneficios para los trabajadores”. También ratificó que fue detenido en enero de 1977 con la excusa de haber “estafado” a la empresa. “Es indescriptible contar lo que sufrimos y lo que pasamos en ese momento. Picanas, golpes. Yo gritaba y lloraba de impotencia. Fuimos torturados, amenazados de muerte”, denunció.
A pesar de que una docena de trabajadores denuncia que vivieron lo mismo que Cobos, sólo su caso llegó a juicio, porque al ser sindicalista se lo calificó de persecución política. Las demás denuncias siguen bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, que antes de decidir si llevarlas a juicio oral tiene que considerar la imprescriptibilidad de cada uno de los casos.