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Nacional | Lunes 14 • Marzo • 2016

Pablo Abdala. Foto: Pablo Vignali (archivo, junio de 2015)

El gas abierto

Blancos propondrán investigadora por regasificadora; colorados, independientes y Unidad Popular votarían a favor de la iniciativa.

Para los blancos, la comisión investigadora de ANCAP fue sólo la primera. Mañana, el diputado nacionalista Pablo Abdala presentará sus motivos para efectuar la denuncia que justifique la conformación de una comisión investigadora sobre el proyecto de construcción de una planta regasificadora en Puntas de Sayago. La falta de información “clara” por parte del Poder Ejecutivo, la “adjudicación política” a Gas Natural Licuado del Sur (GNLS), la “pérdida” de “entre 40 y 50 millones de dólares” por mal funcionamiento de Gas Sayago, la “presión política” para la autorización ambiental y el vínculo de OAS con Lula da Silva son algunos de ellos.

Para el diputado de Alianza Nacional, el proceso de construcción de la planta ha sido “irregular” y “amañado” y además “ha habido una actitud deliberada del Ejecutivo de no colaborar con el Parlamento” en cuanto a proporcionar la información. Los motivos que fundamentan su denuncia son varios. En primer lugar, la adjudicación “política” del contrato de concesión a GNLS, un consorcio conformado por Marubeni y GDF Suez, que “venía de la mano” de la constructora brasileña OAS. “No era la mejor propuesta ni desde el punto de vista económico, ya que era la tercera más costosa de cuatro empresas, ni tampoco desde el técnico; hay informes de una consultora italiana y de la misma UTE que así lo confirman” explicó el diputado a la diaria, y cuestionó el vínculo de la constructora con el ex presidente brasileño Lula da Silva.

Además dijo que el contrato que se firmó se hizo “modificando las bases del llamado”, y afirmó que “hubo una determinación política” para esto. “El gobierno se valió para hacerlo de que Gas Sayago [empresa propiedad de UTE y ANCAP] opera en el ámbito del derecho privado, sin someterse al control del Tribunal de Cuentas”, afirmó.

También cuestionó los gastos de funcionamiento de Gas Sayago -17 millones de dólares en cuatro años-, que según Abdala “se perdieron”, ya que la empresa no llegó a cumplir sus cometidos: realizar estudios de suelo y económico-financieros previos y construir la planta. En cuanto al daño económico, consideró que la pérdida por las inversiones en obras conexas ha sido de “entre 40 y 50 millones de dólares”, ya que si bien totalizan 140, se cobraron 100 de garantía por incumplimiento de GNLS.

Otro “indicio de irregularidad”, a su entender, es el proceso de autorización ambiental que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) otorgó en su momento a Gas Sayago. “El propio [Jorge] Rucks, [entonces director de Medio Ambiente] reconoció haber sufrido presiones del poder político para otorgarla, y ésta, encima, fue incumplida, porque se dragó mucho más allá de lo autorizado”.

Diputados de todos los partidos de la oposición confirmaron a la diaria que apoyarían la moción de Abdala. Desde el Partido Colorado, Ope Pasquet sostuvo que se tiene una “predisposición favorable” a votarla. El independiente Heriberto Sosa afirmó que está dispuesto “a votar todas las investigadoras que de alguna forma den luz sobre situaciones oscuras”, y dijo que el proyecto de la planta regasificadora no está “ni de cerca claro”.

El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo desconocer los “fundamentos” de la iniciativa pero la consideró “positiva”. “En algunas convocatorias a la ministra [de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse] sus respuestas han sido muy vagas y a veces ha terminado desdiciéndose. Allí se invirtió dinero y se generaron problemas serios en términos ambientales y productivos, por tanto, valdría la pena una investigación”, afirmó.

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