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Internacional | Viernes 18 • Marzo • 2016

Un indígena participa en una protesta para reclamar justicia, ayer, en Tegucigalpa, Honduras. Foto: Orlando Sierra, Afp

El grito de la tierra

Honduras o el país más peligroso para defender el medioambiente y los derechos de los indígenas.

El activismo en defensa del medioambiente y de los derechos de las comunidades indígenas ha costado en Honduras múltiples amenazas, intimidaciones y asesinatos. Las comunidades involucradas responsabilizan por estos hechos tanto a las grandes empresas que explotan los recursos naturales como al Estado hondureño y a otras estructuras de poder que los alientan y amparan. Un informe publicado en 2015 por la organización civil Global Witness concluyó que Honduras es el país más peligroso “per cápita” para quienes trabajan defendiendo el medioambiente y la tierra. El documento expuso también que en los últimos 14 años fueron asesinados en este país cerca de 120 ambientalistas.

De acuerdo con un informe que Amnistía Internacional publicó en febrero, la ineficacia del sistema de justicia penal, la corrupción que impregna las esferas de poder y las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía favorecen en Honduras “una impunidad generalizada” y una “desconfianza hacia los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones judiciales”. En este país viven siete pueblos indígenas que intentan ser tenidos en cuenta por un gobierno que avala proyectos que ponen en riesgo el sustento de sus comunidades.

Este año, la situación de violencia, persecución y hostigamiento que viven los indígenas y defensores del medioambiente cobró relevancia internacional cuando fue asesinada Berta Cáceres, una de las principales líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). A Cáceres la mataron el jueves 3, mientras dormía. Una semana antes, había denunciado que cuatro activistas de su entorno habían sido asesinados y que varios más, incluida ella, habían sufrido amenazas. Hasta ayer no se sabía quiénes son los responsables. “Ésta es la situación que vivimos en Honduras: a los asesinados y a sus compañeros se los criminaliza y a los que han amenazado, intimidan y agreden a los pueblos en lucha, a ésos, no se los está investigando”, dijo a Telesur Bartolo Fuentes, diputado del Partido Libertad y Refundación, del ex presidente Manuel Zelaya.

La muerte de Cáceres motivó una oleada de manifestaciones en reclamo de que sean identificados y condenados los asesinos de la activista y de todos los que murieron “resistiendo”. Los manifestantes también piden la “liberación inmediata” del activista mexicano Gustavo Castro -testigo del ataque contra Cáceres-, retenido en Honduras, a pesar de los pedidos de que se le permita declarar desde su país.

A esta situación se sumó el martes el asesinato de Nelson García, un activista indígena que también integraba el Copinh. Las circunstancias en las que fue asesinado no están todavía claras.

El Copinh aseguró en un comunicado que el homicidio ocurrió en el marco del “desalojo violento” de 150 familias adheridas a su organización que vivían en la comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés, en medio de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Pero la Policía negó que esto fuera cierto y manifestó que se trata de un “caso completamente aislado”.

La organización indígena denunció que desde el asesinato de Cáceres sus integrantes han sido objeto “de una gran cantidad de incidentes que demuestran el nulo interés por parte del Estado hondureño” por garantizar la protección de su “vida” y de su “labor”.

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