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Nacional | Lunes 07 • Marzo • 2016

En la mira

Activistas por derechos de salud sexual y reproductiva tienen vigilancia sindical para evitar agresiones.

Objeción regulada

“El Estado como ‘aparato reproductor’ de violencia contra las mujeres” se titula el otro informe de Amnistía Internacional que se presentará hoy. Documenta siete casos de República Dominicana, Chile, El Salvador, Perú, México, Paraguay y Argentina, y “la situación particular de Uruguay”. El texto reseña que Uruguay es uno de los tres países latinoamericanos que permiten la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero consigna un acceso desigual en el territorio. Cita la situación en Salto, donde todos los ginecólogos declararon objeción de conciencia y una vez por semana concurre una ginecóloga desde Montevideo para brindar el servicio IVE. “Testimonios recogidos señalan que ‘las mujeres acuden más para consultar por complicaciones de abortos realizados fuera del sistema de salud que para practicarse IVE’”, consigna. El informe recomienda a los estados que regulen el ejercicio de objeción de conciencia.

“¡Defensoras bajo ataque! Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas” se titula un informe de Amnistía Internacional elaborado en diciembre de 2015 y que se presentará hoy a las 10.00 en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo. El texto da cuenta de ataques que han sufrido defensoras de derechos de la salud sexual y reproductiva de El Salvador, Perú, México, Paraguay y Uruguay, y analiza los patrones específicos. Menciona las declaraciones “que buscan generar estigma y descrédito en las defensoras y sus organizaciones”, y señala ese ataque como el primer paso para ir hacia otros. Luego presenta los casos en los que se hace un “uso indebido del sistema judicial para investigar, imputar y sancionar penalmente” a las activistas y las situaciones en las que se da “el hostigamiento, la intimidación e incluso las amenazas de muerte”.

El texto afirma que esas “campañas de estigmatización” en contra de estas defensoras intentan “restarles credibilidad, generar ostracismo y buscar silenciarlas”.

Se presenta el caso de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que desde 1996 trabaja por los derechos de salud sexual y reproductiva. El texto relata que “en agosto de 2015, ya en vigencia la ley de 2012 que permite el aborto por petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y después de este período en ciertas circunstancias, MYSU fue objeto de ataques. Un congresista, luego de referirse ante el Parlamento a las medidas que se toman frente al dinero proveniente del narcotráfico, declaró que no quería 'que entre a mi país ni medio dólar más que venga de la sangre de miles de bebés abortados'”. Se refiere de este modo a las declaraciones del diputado nacionalista Carlos Iafigliola sobre la organización Planned Parenthood.

Además, el informe cita una entrevista televisiva realizada en 2004 a un opositor del proyecto de despenalización del aborto en el que el entrevistado afirmó que Lilián Abracinskas, directora de MYSU, “es una asesina”. El texto detalla que “en el canal de televisión le dijeron que no era el medio el que hacía esas afirmaciones, sino el entrevistado, por lo que si quería, le podían hacer una entrevista para que explicara 'que no era una asesina'”. Agrega que fue en medio de ese debate que el PIT-CNT llamó a MYSU para ofrecer protección. “Las centrales sindicales habían identificado que siempre que ellas intervenían en un debate público, otras personas, y siempre las mismas, se paraban atrás de las defensoras. Desde ese momento y hasta la actualidad, personal de seguridad sindical acompaña a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos”.

En diálogo con la diaria, Abracinskas aclaró que no se trata de una custodia permanente, sino que se dispone de ella en determinados momentos, como movilizaciones o performances con mujeres desnudas. “Cuando los debates en el Parlamento el PIT-CNT siempre puso seguridad porque se daba cuenta de que había gente muy agresiva”, precisó. “Ellos detectaron que había gente que nos perseguía [a las referentes de las organizaciones] y decidieron que teníamos que andar un poco más protegidas, algo que nosotras no habíamos registrado”, comentó.

Dimensiones

El informe consigna que “la violencia física, psicológica y simbólica contra este grupo de personas defensoras resulta facilitada por los Estados, que no han reconocido de forma explícita y contundente la legitimidad e importancia de su labor por la defensa y promoción de derechos humanos, y por la ausencia de medidas dirigidas a sancionar y erradicar los diversos ataques sufridos”. Amnistía Internacional insta a los estados a frenar este tipo de ataques; reconocer los derechos sexuales y reproductivos y que éstos son parte de los derechos humanos. También pide reconocer públicamente el rol de las defensoras de estos derechos e insta al Estado a recibir las denuncias e investigarlas, “sean estos agentes del Estado o particulares”, y “adoptar medidas de protección” para estas personas.

Abracinskas señaló las deudas pendientes del Estado uruguayo. “Hemos tenido agresiones directas de representantes de la bancada evangélica en el Parlamento y no ha habido fuerzas que reaccionaran desde el Parlamento ni desde otros lugares del Estado para prestar atención a si esto no es persecución ideológica y si no es una manera de debilitar una de las características que se requieren para estos temas, que es la laicidad del Estado”, afirmó.

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