Un juez del Supremo Tribunal Federal suspendió el viernes la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete, y puso fin a una serie de fallos y apelaciones en tribunales de primera y segunda instancia acerca de su incorporación al Ejecutivo de Dilma Rousseff. El tribunal entró ahora en recesión por la Semana de Turismo y tiene prevista su próxima sesión para el 30 de marzo; por lo tanto, si no convoca a sesiones extraordinarias, la decisión final sobre si Lula entrará a la Explanada de los Ministerios se conocerá recién en abril.

En el teatro Sesc Palladium, de Belo Horizonte, se presentaba el sábado de noche la obra “Todos los musicales de Chico Buarque en 90 minutos”. Allí, el director y actor Cláudio Botelho calificó al ex presidente Lula de “ladrón” y defendió el juicio político contra Rousseff. Desde el público comenzaron los abucheos, que fueron continuados por el “No va a haber golpe [de Estado]”, un cántico que se popularizó en los últimos días entre quienes se manifiestan en contra de la salida del gobierno. La obra tuvo que ser suspendida, mientras la gente abandonaba la sala. Chico Buarque dijo que retirará a Botelho la posibilidad de utilizar sus canciones, y que sus palabras le generaron “espanto” y “desagrado”.

Así como durante la semana pasada miles de personas salieron a las calles a reclamar la salida del gobierno, el viernes otros miles lo hicieron para defender su permanencia y reclamar el respeto al voto y a la democracia brasileña.

Las movilizaciones del viernes reunieron a casi un millón de personas en todo el país, según las decenas de agrupaciones de izquierda que las convocaron, entre ellas el Partido de los Trabajadores (PT) y la Central Única de Trabajadores (CUT), bajo el lema “Ven a la democracia”. En un breve discurso, Lula dijo en la movilización: “Estas personas que están aquí vestidas de rojo [los colores del PT] no están porque tenían el viaje en metro gratis ni porque fueron convocadas por los medios de comunicación durante toda la semana. Están aquí porque conocen el valor de la democracia y el de que el pobre suba en la escala social. Saben cuál es el valor de que la hija de una empleada doméstica pueda ir a la universidad”. El ex presidente agregó: “No quiero que los votantes de Aécio [Neves, ex candidato presidencial] me voten, quiero que todos comprendan que democracia es convivir con la diversidad”, agregó.

Algunas personas que asistieron a la movilización de San Pablo, una de las principales, denunciaron que ciertos servicios de transporte que dependen del gobierno paulista habían dejado de funcionar, lo que dificultó su llegada al lugar de la convocatoria. El gobierno de San Pablo está en manos de Geraldo Alckmin, uno de los nombres que suenan para la candidatura a la presidencia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que participó en las movilizaciones contra el gobierno y reclamó la salida de Rousseff de la presidencia.

Entre ellos

El mismo viernes, después de que terminara la movilización, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes suspendió la designación de Lula como jefe de gabinete. En su fallo, Mendes hace referencia a dos de las conversaciones entre Lula y Rousseff que fueron entregadas a los medios por parte de la Justicia. Una de ellas es un diálogo del 4 de marzo, el día en que Lula fue detenido para que declarara.

En ese diálogo, el ex presidente le dice a Rousseff que su detención fue “un espectáculo de pirotecnia sin precedentes” y agrega: “Están convencidos de que con la prensa liderando cualquier investigación van a conseguir refundar la República”. Lula afirma que los órganos judiciales y el Parlamento están “totalmente acobardados”, y que los presidentes de ambas cámaras legislativas están “jodidos”. Agrega: “Yo, sinceramente, estoy asustado con la República de Curitiba [en referencia a la ciudad en la que se encuentra el juzgado de Sérgio Moro, que lleva adelante la investigación de Petrobras], porque a partir de un juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país”.

Luego de incluir la transcripción de algunos tramos de esas conversaciones, Mendes considera que en ese diálogo “no hay un pedido” de Lula para ser designado como parte del Ejecutivo, pero sí “una clara creencia de que sería conveniente” que su caso no fuera juzgado por Moro sino por “una corte acobardada”, en referencia al STF. Además, “hay una creencia” de que el STF sería más benevolente con Lula que Moro, agrega Mendes. A partir de ese argumento decide suspender la designación de Lula y consigna que la investigación judicial en su contra debe mantenerse en el tribunal de primera instancia que está a cargo de Moro.

Columnistas y analistas de algunos medios de izquierda han considerado contradictorio el fallo de Mendes, porque parece establecer que un tribunal de primera instancia será más duro con Lula que el STF, que él mismo integra. Además, dirigentes del PT criticaron que Mendes juzgue un recurso presentado por la abogada Marilda Silveira, que trabaja en el Instituto Brasileño de Derecho Público, cuyo socio mayoritario es el propio Mendes.

La suspensión es una medida cautelar dispuesta hasta que el pleno del STF defina si Lula puede asumir como ministro. En el fallo Mendes señala que su decisión suspende cualquier otro proceso judicial que se estuviera llevando adelante acerca de la designación de Lula, y sólo un fallo del STD puede revetirla. La Abogacía General de la Unión presentará un recurso para dar marcha atrás a esta decisión y otro en el cual se pide que este tema se trate con “urgencia”. La próxima sesión del STF está convocada para el 30 de marzo, pero todavía no está definido si en esa instancia se tratará este asunto. Además, los abogados defensores de Lula presentaron un recurso ante el STF, y lo mismo hizo un grupo de seis reconocidos juristas, para pedir que la decisión de Mendes sea revertida.

Por otra parte, según el diario O Estado de São Paulo, el presidente del Senado, Renan Calheiros, reconoció en conversaciones con sus allegados que si la Cámara de Diputados aprueba la realización del juicio político él no tendrá la fuerza necesaria para revertir esa decisión en el Senado.

La semana pasada se formó la comisión especial que analizará el pedido de juicio político. Cuenta con 65 integrantes, de los cuales 36 están siendo investigados por la Justicia, cinco de ellos por la trama de corrupción en Petrobras.

Durante el fin de semana la Orden de Abogados de Brasil decidió pronunciarse a favor del juicio político contra Rousseff y acompañarlo, ya sea sumándose al que ya se está tramitando en la cámara baja o presentando uno nuevo.