Empezando por los capítulos más innovadores, la CEPAL llama la atención sobre las tendencias demográficas de la región. “Menos niños, más longevidad y mayor movilidad” son las características comunes que hacen al organismo multilateral marcar tres fechas como claves.
En 2023 se estima que sea el primer cambio de importancia, cuando en la mayoría de los países de la región la población entre 20 y 39 años supere en volumen a la que comprende a los menores a 19 años, que desde hoy y cada vez de una manera más acentuada están en vías de reducirse masivamente.
En 2045 se iniciaría en el continente lo que la CEPAL llama “la sociedad adulta”, cuando el grupo poblacional de entre 40 y 59 años prevalecerá sobre los demás, y siete años más tarde ya estaríamos entrando en “la sociedad envejecida”, cuando serán los mayores de 60 años los de volumen superior. Si bien hay grandes diferencias interregionales -Cuba llegará a la “sociedad adulta” en 2027, según las estimaciones, y Guatemala en 2064-, la mayoría de los países se enfrentan a este reto en un futuro muy cercano.
Aun así, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, sostuvo que “en la mayoría de los países” hay una ventana de oportunidad en los próximos 15 años, cuando la población en edad de trabajar será mayor que la dependiente. Entonces resultará “imprescindible” invertir en educación, en salud -el sector “más crítico” para el cambio demográfico- y en pensiones.
En Uruguay hay una alerta adicional: es el país con mayor desigualdad social de la región en cuanto a maternidad en la adolescencia. Las madres de quintiles más pobres aumentaron más que el doble que las de los quintiles más ricos en los últimos 20 años: en 1996 cada seis madres de los quintiles más pobres había una de los más ricos, mientras que en 2011 esta relación era de 14 a una. Se estima que por este motivo, a pesar de que haya menos niños, Uruguay es de los pocos países que deberán extender el esfuerzo en el presupuesto para la educación, para mantener o mejorar su nivel.
Ilustración de un riesgo
Consultada en una conferencia de prensa acerca de la situación política que vive Brasil, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, manifestó su respaldo a la presidenta Dilma Rousseff, reconociendo el compromiso de su gobierno -y el de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva- con “la justicia y la igualdad”, así como su “valentía y honradez” como “sellos de su biografía”.
“Nos violenta que hoy, sin mediar juicio ni pruebas, sirviéndose de filtraciones y una ofensiva mediática que ya ha dictado condena, se intente demoler su imagen y su legado”, culminó, y agregó que episodios como los que se viven hoy en ese país “ilustran para el conjunto de América Latina los riesgos y dificultades a los que aún está expuesta nuestra democracia”.
La llave maestra
El desempleo, que venía ininterrumpidamente en descenso desde 2002, volvió a subir a 6,6% en la región. Consultada al respecto, Bárcena sostuvo que “no necesariamente” se trata de un punto de inflexión en la tendencia, pero esto dependerá de que las políticas públicas “preserven los programas de empleo” y “las transferencias a los hogares más pobres”.
80% de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos proviene del trabajo, por tanto el empleo es “la llave maestra que tenemos para alcanzar la igualdad”, según Bárcena. Hay, en opinión de la secretaria de la CEPAL, “urgencia” por articular programas de inclusión laboral y productiva que deben atender, por un lado, el apoyo al trabajo independiente con componentes de microcrédito, autoempleo y emprendimiento -pone como ejemplo el Programa de Fortalecimiento a Emprendimientos del Ministerio de Desarrollo Social-, y, por otro, la generación directa e indirecta de empleo. También resaltó las cualidades del programa de Asignaciones Familiares y el hecho de que Uruguay sea el único país de la región que cuenta con una normativa de cuidados con “perspectiva integral”.
Foco de atención
Pasando a los capítulos “básicos” sobre pobreza e indigencia, en esta ocasión la CEPAL da cuenta de que en 2015 unos siete millones de personas ingresaron en la pobreza (sobre todo en países de Centroamérica) y unos cinco millones salieron de esa situación (en Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay, sobre todo), lo que arroja un saldo neto de dos millones de nuevos pobres en la región, en comparación con un año atrás.
Uruguay fue mencionado como ejemplo, ya que fue el país de la región que logró reducir la pobreza en mayor medida en el último quinquenio: lo hizo 15%. Lo siguen Perú (que disminuyó 9,8%), Chile (9,1%) y Brasil (7,9%). También se destacó por ser el país con la mayor reducción de la brecha de pobreza, un indicador que pondera el porcentaje de personas pobres por la distancia media entre sus ingresos y la línea de pobreza, y que se puede interpretar como el “grado de pobreza” que existe en el país; en Uruguay cayó 15,9%. Que esta reducción sea mayor que la de la tasa de pobreza da cuenta de “un alivio relativo de la situación de carencia entre los pobres”, sostiene la CEPAL. Las razones están asociadas al aumento del ingreso laboral medio por ocupado, más que a una mayor cantidad de personas ocupadas.
También se resaltó la labor del país por ser el que más disminuyó la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres en los últimos cinco años, a un ritmo de 2,7% anual, seguido por Argentina (2,3%) y Ecuador (2,2%). En promedio, por cada 100 unidades monetarias que percibió el 40% de la población más pobre en Uruguay, el 10% más rico contó con 660. Esta relación cayó 20% si se la compara con las relaciones de bienestar entre 2002 y 2010.
Otro análisis “básico” es el del gasto público social, en el que Bárcena también destacó a Uruguay por su avance “sumamente importante, el de mayor importancia en la región”. Actualmente, las personas reciben indirectamente unos 2.100 dólares anuales por este concepto, y casi 900 por gasto en protección social.
La secretaria ejecutiva hizo énfasis en que “los mercados nunca se van a hacer cargo de la protección social ni de la lucha contra la pobreza”, por lo que llamó a los estados a “tomar parte” y hacer que los gastos en educación, salud y seguridad social sean “independientes del ciclo económico”. “Sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero tenemos que hacer un esfuerzo”.