“Los productos que dicen que son orgánicos no siempre lo son”, declaró la semana pasada Juan Pablo Speranza, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), en diálogo con la diaria. De esta manera relativizaba las ventajas del etiquetado, al ser consultado sobre su postura respecto de la identificación obligatoria de alimentos de origen transgénico.

El miércoles, la Red de Agroecología del Uruguay emitió un comunicado en el que le responde a Speranza. En él expresa que, en cumplimiento del Decreto 557/008, “no se pueden comercializar alimentos con la denominación de orgánicos o ecológicos si no se ha verificado que los procesos de producción, elaboración y comercialización cumplen con las exigencias técnicas establecidas”. Señala que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) es el encargado de fiscalizar el cumplimiento del decreto y que “la Red de Agroecología del Uruguay es la única certificadora habilitada por el MGAP para evaluar la calidad de alimentos ecológicos u orgánicos y lo realiza a través de Programa de Certificación Participativa que integra agricultores, procesadores de alimentos, consumidores, técnicos y numerosas organizaciones sociales que apoyan sistemas de producción y distribución de alimentos más sanos, de menor impacto ambiental y más justos socialmente”. El comunicado llama “a la Ciali y a la población en general a ejercer nuestros derechos denunciando, frente a las autoridades competentes, cualquier situación en la que se dude de la calidad de alimentos ofrecidos como orgánicos o ecológicos” e invita a las personas que estén interesadas a conocer más sobre el proceso de certificación y la forma de producción ecológica, así como a participar en visitas a predios de los productores.

Con sumo cuidado

La Red de Agroecología del Uruguay se formó en 2006. Alberto Gómez, ingeniero agrónomo e integrante del grupo asesor de la red, explicó a la diaria que “los sistemas participativos de garantía son sellos de calidad que otorgan organizaciones sociales en las que participan productores, consumidores, técnicos y organizaciones de apoyo, por eso se llama participativo”. Aclaró que “no es que el productor se autocertifique, sino que se hacen visitas cruzadas entre grupos de productores, y siempre participa algún consumidor o alguna persona que no está directamente vinculada a la producción, y algún técnico”. La certificación cumple con un sistema de normas técnicas y desde 2014 está reconocido por el MGAP, que audita a la Red de Agroecología del Uruguay.

Alrededor de 140 productores tienen certificados sus alimentos; la gran mayoría son productores familiares. Entre los productos certificados hay hortalizas, frutales, quesos, miel, plantas aromáticas, conservas (dulces, salsas), harinas, plantas aromáticas; hay también panificados y una variedad creciente, como vinagre de manzana orgánico o cerveza orgánica, explicó Gómez. La red certifica, además, productos orgánicos importados, como yerba, café y bananas; lo que se hace en ese caso es chequear que esté vigente la certificación original. “Hay [productores] agroindustriales que son miembros de la Ciali y son certificados por la red”, comentó el ingeniero, que anunció que la organización pedirá una reunión con la cámara.

La red tiene cinco regionales: Oeste (certifica a productores de Colonia y San José), Sur (de Montevideo rural y parte de Canelones), Santoral (santoral canario y Sauce), Toronjil (este de Canelones) y Minas (Lavalleja y Maldonado). Hay, además, productores certificados de Bella Unión y Salto, pero allí todavía no hay regionales.

El período de certificación varía, pero debe hacerse al menos una vez por año. Gómez explicó que en ese momento el Comité de Ética y Calidad de la red visita el predio y chequea que el plan anual de manejo que debe elaborar el productor sea “coherente y compatible con las normas”. Además, los productores de cada regional tienen reuniones mensuales que se hacen en sus casas, y todos los meses van rotando, de modo de asegurarse más de una visita por año. Por otro lado, en varios predios se hacen tesis de investigación, concurren estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, visitas y los propios consumidores, que pueden asistir a conocer o a comprar directamente en los predios. “Los predios están generalmente muy abiertos a ese tipo de visitas, tienen que estar por ser integrantes de la red; es un control que nos da mucha más seguridad”, reafirmó.

Gómez destacó las virtudes de esta forma de certificación. Si bien tiene un costo para los productores, es un mecanismo sin fines de lucro y de esta forma se evita que el sello sea un “negocio de intermediación”. Subrayó que “el productor tiene mucha necesidad de capacitación, de intercambio; hay un tema educativo y, sobre todo, de hacerse responsable el mismo productor del sello, en lugar de que venga alguien de afuera a decir si se hacen las cosas bien o no”. Agregó que “los productores cuidan la herramienta porque para ellos el sello es un capital intangible pero muy importante, porque es lo que garantiza que no venga cualquiera, diga ‘esto es orgánico’ y lo venda. Entre ellos se cuidan porque es algo que les pertenece; a veces son muy duros entre ellos mismos”.

Qué se evalúa

“La certificación se basa más que nada en el análisis del proceso de producción, no tanto del producto en sí: de dónde vienen los insumos, cómo se maneja la producción cuando sale del establecimiento”, contó Gómez. “Se visitan los predios, se revisa la forma de fertilizar, de hacer los tratamientos, los productos que se utilizan, de dónde vienen las semillas; no puede haber transgénicos”, agregó. Detalló que para que el alimento sea certificado como orgánico no se permite el uso de fertilizantes químicos (de síntesis), sí materia orgánica, de restos de cultivo, de la cama de animales. No pueden usarse agroquímicos, sí sustancias minerales tradicionales como azufre, productos botánicos, biológicos, derivados para el control de plagas. Explicó que con la fertilización natural del suelo y la biodiversidad se busca “prevenir problemas de enfermedades y plagas, más que salir a resolver el problema cuando ya está instalado”.

Al momento de certificar productos procesados, se admiten muy pocos ingredientes; se excluyen, por ejemplo, los conservantes artificiales y los colorantes, indicó. Agregó que la red está trabajando junto con la Intendencia de Montevideo para “chequear residuos de plaguicidas o de transgénicos” en los productos. Dijo que hasta ahora se analizan “en casos excepcionales, cuando hay alguna duda”, y que los productores de harinas orgánicas suelen hacer análisis porque puede haber “problemas de contaminación de las semillas, que se les haya cruzado algún maíz transgénico de un vecino o que, por error, les haya llegado alguna semilla transgénica”. “Vamos a hacer un muestreo anual de residuos; es una garantía más, ya que puede haber problemas, no del productor, pero sí de algún vecino o un avión [de fumigación] que pasó”, anunció.

El inicio del proceso es más costoso, porque para ser certificado el productor tiene que atravesar un período de transición: debe producir al menos un año de manera orgánica, durante el cual no puede vender con ese sello.