El gobierno brasileño presentó varios recursos al Supremo Tribunal Federal (STF), en su mayoría para pedir que se revirtiera la decisión de suspender la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete de Dilma Rousseff. Estos recursos fueron rechazados y la decisión final la tomará el pleno del STF en su próxima sesión, el 30 de marzo. Ante esta situación, el gobierno maneja alternativas: si Lula no puede ser ministro podría ser designado asesor especial de la Presidencia, dijo el actual jefe de gabinete, Jacques Wagner.
Por otra parte, el gobierno y Lula recibieron también una buena noticia del STF: uno de sus integrantes, Teori Zavascki, ordenó al juez de Curitiba Sérgio Moro que envíe su investigación sobre Lula al STF y le exigió explicaciones por la divulgación de las conversaciones del ex presidente que fueron grabadas. Zavaski argumenta en el fallo que Moro debería haber recurrido al STF cuando descubrió que grabó a la presidenta y a otras autoridades que, por su cargo, tienen fuero privilegiado (los puede juzgar sólo esa corte).
Esto es lo que hizo ayer el procurador general, Rodrigo Janot, que le pidió al STF autorización para hacer investigaciones primarias sobre el testimonio -en el marco de una delación premiada- del ex líder de la bancada oficialista en el Senado, Delcídio Amaral, que mencionó a varias autoridades con fuero privilegiado, entre ellas Rousseff.
En cambio, Moro analizó los audios entre Lula y Rousseff, emitió un documento en el que concluye que intentaron obstruir la actuación de la Justicia y, en base a ese argumento, autorizó su divulgación. Por esto es que Zavascki le reclama que envíe las investigaciones vinculadas con estos audios para que el STF defina quién debe continuarlas.
En la segunda parte de su fallo, el juez critica la decisión de Moro de hacer público el contenido de esos audios y ordena que vuelva a ser confidencial. Argumenta que cuando Moro tomó esa decisión era “incompetente para la causa” (porque involucraban a la presidenta) y que la divulgación “comprometió el derecho fundamental a la garantía de la reserva”, que está en la Constitución brasileña. Además, Zavascki recuerda que la ley ordena que sean inutilizadas “las grabaciones que no interesen a la investigación criminal”. El juez agrega: “No hay cómo concebir […] la divulgación pública de las conversaciones del modo en que se operó, especialmente de aquellas que ni siquiera tienen relación con el objeto de la investigación criminal”.
Otra decisión de Moro fue criticada por una presunta intencionalidad política. Moro aplicó la reserva sobre una planilla de pagos que hizo la constructora Odebrecht a unos 200 políticos de 18 partidos, que podrían ser pagos de coimas o donaciones legales. Medios brasileños informaron que en la lista figuran muchos políticos, tanto opositores como oficialistas, entre ellos los que impulsan el juicio político, pero no aparecen ni Rousseff ni Lula.