Si bien fue un largo proceso de discusión, hay pocas novedades en el nuevo TOCAF. El pilar del texto, el artículo 33, que refiere al procedimiento de compras públicas, fue el principal cambio: a la licitación pública -mecanismo por excelencia en el texto original- se le suma un amplio menú de opciones, entre las que se destacan la licitación abreviada, el convenio marco y la contratación directa.
Apezteguía reconoció desde un comienzo que el nuevo texto “es muy parecido” al de 1997 y que la reforma salió “a la uruguaya”, ya que el acotado margen de tiempo y la pluralidad de opiniones en el Poder Ejecutivo, el Parlamento y el Tribunal de Cuentas llevaron a priorizar ciertas cuestiones, como la actualización de procedimientos y los límites monetarios de las licitaciones, que llevan a optar por uno u otro mecanismo, dejando de lado una reforma “más integral”. Aun así, el director de la ACCE sostuvo que, al día de hoy, la “gran mayoría” de las compras del Estado “se siguen dando por licitaciones públicas”, algo con lo que Lev discrepó. El ministro del Tribunal de Cuentas dijo que coincide “plenamente” en que el texto no tuvo “grandes modificaciones”, y señaló que no necesariamente la mayoría de las compras se realizan por licitación pública. La incorporación de “nuevos” mecanismos es más que nada “un sinceramiento” del nuevo texto, ya que son prácticas que ya se llevaban adelante, aunque no estaban establecidas por ley.
Lev afirmó que es necesario “cuidar la transparencia y hacer el texto más riguroso en sus limitaciones, y apostar a un mayor control y exigencia” para evitar las “tentaciones” de las empresas, de manera de “no perder la reputación que tenemos”. Por lo tanto, consideró “absolutamente necesario e importante” que “se defina un límite a las licitaciones públicas” para establecer cuándo, “sí o sí”, la compra se tiene que hacer por este mecanismo, “sin excepción”.
Para Apezteguía, en cambio, el riesgo reputacional del Estado pasa más por la eficiencia que por el control. “Los ciudadanos se preguntan a dónde van sus impuestos, y yo lo entiendo, pero a veces se le pide al Estado velocidades y procedimientos que no puede cumplir”, dijo, y explicó que “el Estado es tan ineficiente como las empresas, porque estas están organizadas para ese Estado del que se quejan”.
Consultado por la diaria, dijo que la relación entre las empresas contratadas y el Estado es “de complicidad”, ya que “ellas lucran con esa ineficiencia y están adaptadas a ella”. “Los que no cumplen los plazos de las obras públicas son las empresas: dicen que hacen un trabajo en seis meses pero lo hacen en ocho, y el Estado no tiene más opción que tolerarlo”, ejemplificó.
Aunque existan cláusulas para activar a modo de garantía, Apezteguía sostuvo que en esos casos pesan más las presiones para terminar la obra: “Ya venís construyendo el puente y tenés 80%, no vas a echarlo a perder porque tenés que ir a buscar otro; eso lleva tiempo y el atraso de la obra se suma a los tiempos de la nueva contratación, y los vecinos te piden que esté pronto el puente”.
Aun así, el director de la ACCE sostuvo que si bien no hay una estimación cuantitativa, sí hay “estudios internacionales que nos indican que el mecanismo de licitación abreviada ha acelerado la velocidad de las contrataciones en los entes autónomos”.
A pesar de haber implementado un portal web que nuclea los llamados de compras estatales con los proveedores, reconoció que todavía hay algunas “limitaciones” en este aspecto. Persisten problemas relacionados con la frecuencia de las declaraciones, sobre todo de las intendencias, que “no lo hacen en tiempo y forma, principalmente por razones vinculadas con el aspecto tecnológico”.
“Si bien la ley establece que se deben publicar los resultados de todas las contrataciones públicas en un único sitio [el de Compras Estatales], todavía hay problemas de vinculación con las páginas web y de actualización de sus sistemas, que hacen que tengan dificultades para comunicar y colgar sus compras”, dijo. Otro desafío para el futuro cercano es la potestad de los titulares de los 112 municipios del país, para ordenar el gasto y disponer de procedimientos para ejecutarlos. “Eso es algo nuevo, que recién se está aprobando en los presupuestos municipales. Son 112 municipios, regulados por 19 departamentos distintos, todos ordenadores de gastos. Esto genera una multiplicación de procedimientos y riesgos, y, en la medida en que se vayan empoderando, van a ser cada vez más exigentes”, afirmó. Aunque acotó que no es un problema mayor: “La cantidad de transacciones va a hacer necesario un mayor control, pero la capacidad para hacerlo está”.