El objetivo, dice la exposición de motivos del texto, es evitar “una desregulación no querida, que distorsione el mercado y vaya en detrimento de los consumidores y de la competencia de otros sujetos que prestan servicios similares de forma ‘tradicional’”, frase que resuena a los reclamos por mayores regulaciones que el sector del taxi elevó ante la llegada de Uber. La discusión sobre si la multinacional es una empresa de servicios informáticos o de transporte queda zanjada: el artículo 3º del proyecto establece que los servicios que se presten por medio de sistemas informáticos están sujetos a las regulaciones del “servicio final”, incluidos los permisos y las normas laborales.
El proyecto obliga a los prestadores a facilitar datos al Estado y a los usuarios sobre la empresa: razón social, nombre del representante legal, domicilio o lugar de residencia, autorizaciones, registros y licencias, además de información “clara y exacta” sobre los precios del servicio. En caso de incumplimiento de las normas, la ley habilitaría al Banco Central del Uruguay a bloquear transferencias de fondos “y otras operaciones”, y prevé una notificación inmediata a la Justicia Civil.
El texto exhorta a los gobiernos departamentales a adoptar medidas similares, algo que ya se está trabajando: en la sesión de ayer del Congreso de Intendentes, en Soriano, se dijo que la comisión de coordinación que se formó a raíz de la llegada de Uber junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sigue trabajando. “No significa estar en contra de las nuevas tecnologías sino considerar sus efectos”, justificó el presidente del congreso, Sergio Botana, intendente de Cerro Largo.
Por su lado, los presidentes de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, Carlos Caetano y Marcelo Montado, solicitaron en un comunicado público una reunión con Presidencia para dialogar sobre el tema.