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Nacional | Martes 15 • Marzo • 2016

Sergio Sommaruga. Foto: Pablo Nogueira (archivo, mayo de 2012)

No es lo que parece

Hoy para enseñanza privada; sindicato denuncia “una vitrina de fantasía” sobre sus bondades frente a la educación pública.

El año pasado estuvo marcado por la conflictividad en la educación pública uruguaya. Sin embargo, cuando sobre fin de año se empezaron a encontrar acuerdos en ese sector, comenzaron a hacerse visibles varios conflictos en centros educativos privados. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) convoca hoy a un paro de 24 horas a nivel nacional, que según explicó a la diaria el responsable de la secretaría de Asuntos Laborales del gremio, Sergio Sommaruga, pretende instalar dos agendas: “una defensiva y otra programática”. Según aclaró, la agenda “defensiva” responde a la “intensificación” de los conflictos que el gremio mantiene a raíz de la “pérdida de fuentes de trabajo” y la “precarización laboral”.

Sommaruga explicó que las formas más frecuentes de dicha precarización incluyen incumplimientos legales, entre los que figuran el no pago de horas extras o el pago de salarios fuera de fecha, como en el caso de los trabajadores del programa Nuestros Niños, quienes, según dijo Sommaruga, hasta ayer no habían cobrado sus salarios de marzo. Además, señaló que hay centros educativos que usan reiteradamente la modalidad de contrato a término, que es una figura por la que se trabaja de marzo a diciembre y no se cobran los meses de enero y febrero. Según detalló, esa modalidad puede ser utilizada como máximo una vez, pero “hay instituciones que la usan reiteradamente para maximizar la rentabilidad a costa de la precarización laboral”. En el caso de la educación no formal -cuyos trabajadores también se nuclean en el Sintep-, el dirigente dijo que no se les paga ningún tipo de antigüedad a los funcionarios.

Desde el Sintep también ven con preocupación el aumento de lo que llaman “despidos arbitrarios”, en referencia a que se trata de despidos que “no responden a una causal justificada”. “Son despidos sin la mínima justificación, sólo por apelación del principio de autoridad”, indicó, y agregó que es algo “inadmisible desde el punto de vista de los derechos y de las consecuencias sociales”. Según Sommaruga, “el pico alto” de los despidos sucede cuando termina el año lectivo -en diciembre-, pero también al inicio, en febrero o marzo, y notó que “en los últimos años hay una aceleración del comportamiento conflictivo”, que “se da en más lugares y de forma más frecuente”.

Sommaruga también habló de la existencia de conflictos a causa de “persecución antisindical”, como los que se registran actualmente en el colegio Gabriela Mistral o el Creciendo, y recordó casos concretos en los que recientemente hubo pérdida de puestos de trabajo, como en el colegio Nubarian y en el José Pedro Varela, institución en la que, si bien siguió abierta, se perdieron 150 puestos de trabajo, y actualmente siguen las negociaciones para concretar un calendario de pago de los créditos laborales adeudados. Además, Sommaruga habló de varios conflictos en centros de educación no formal, como centros juveniles o clubes de niños. Según señaló, en más de 30 instituciones están ocurriendo situaciones de “microconflictividad”, como define a los conflictos en los que no están en discusión la existencia y viabilidad de la institución.

Para el dirigente, “si no hay cambio estratégico” en la actitud de las cámaras empresariales del sector, “la conflictividad se va a ir mostrando de forma más intensiva”. Si bien dijo que la premisa del gremio es que “si hay negociación no hay conflicto”, avizoró que “las patronales van a comportarse de forma muy conservadora ante los eventuales impactos del enlentecimiento económico y van a usar las condiciones de trabajo, los salarios y a veces las fuentes de trabajo como mecanismos para amortiguar las bajas utilidades”.

La realidad salarial del sector privado muestra que un maestro o un profesor en ciclo básico gana un sueldo nominal de unos 12.000 pesos, mientras que un educador en un centro CAIF o en un centro juvenil gana menos de esa cifra por la unidad docente, números sensiblemente inferiores a los que se perciben en la educación pública. Si bien señaló que el eje del conflicto del Sintep no es salarial, porque firmaron un convenio, Sommaruga dijo que “eso no implica que no se manifieste malestar por la desvalorización de las fuentes de trabajo”. Según el dirigente, en la enseñanza privada “hay una capa de maquillaje más espesa de lo que hay atrás, hay una vitrina de fantasía de que es el modelo exitoso que va a venir a salvar todos los problemas de la educación pública”.

Apuntes

Durante la paralización está convocada una asamblea en la que el Sintep discutirá y buscará acordar un diagnóstico de situación colectivo y un plan de acción para que los dirigentes tengan un marco de referencia para actuar. Entre otros temas, estarán a discusión alternativas para solucionar el impago de la antigüedad en la educación no formal y los centros CAIF, y la búsqueda de una alternativa para los trabajadores que tienen a la educación privada como fuente principal de ingresos y que pierden su empleo, pero que por tener algunas horas en un liceo público no pueden acceder al seguro de paro. Según explicó Sommaruga, en la asamblea estará sobre la mesa el impulso a un mecanismo mediante el cual se aplique “el criterio de mayor ingreso”, y que los trabajadores accedan al seguro de paro si pierden el trabajo en el que le pagan más, independientemente de que sea funcionario público o privado. El dirigente señaló que en la enseñanza privada las empresas no realizan aportes y los únicos que aportan son los trabajadores, por lo que “no puede ser” que no accedan al seguro de paro “por un argumento formal y abstracto”.

Después de la asamblea, el Sintep se movilizará hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al que Sommaruga definió como “el epicentro de la instancia de intermediación entre los trabajadores y las empresas”, y como un buen “lugar de resumen” del conflicto.

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