A una semana de que el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, anunciara que enviaría una nota “muy diplomática, pero muy firme” a su par de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reclamar por los pagos del acuerdo entre los dos países por el intercambio comercial de lácteos, el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre, dijo a la diaria que no se ha obtenido respuesta.

Las únicas noticias respecto de las operativas venezolanas refieren a una reciente compra a la empresa láctea argentina Sancor. “Supimos que le compraron 40.000 toneladas de alimento, pero tampoco sabemos si le pagaron”, estableció De Izaguirre. Una hipótesis que se maneja es que la compra venezolana se realice en contrapartida a una deuda antigua de Sancor con este país. “La realidad es que se están abasteciendo, lo que indica que hay una necesidad de alimento”, dijo el presidente del Inale, quien considera “lógico” que ante la dificultad económica recurra a países con “los que ya tenía deuda”.

Consultado al respecto, De Izaguirre no lo toma como una señal negativa para los empresarios uruguayos; por el contrario, considera que “hay chances” de que Venezuela restablezca el flujo con Uruguay una vez que pague la deuda. Dijo que las empresas “están en continuo contacto” con este país, “siguiendo de cerca” el asunto, pero reconoció que “quizá no [sea una deuda que] se logre cobrar este año”.

De Izaguirre confirmó el envío de la misiva mencionada por el canciller la semana pasada, en la que pretendió “documentar fehacientemente la deuda de Estado a Estado”, que incluye, además de los lácteos, el arroz y los pollos, “otras cosas importantes agroindustriales que estaban fuera de la negociación”, y sostuvo que “aún no hemos obtenido respuesta”.

La negociación que mencionó Nin refiere al acuerdo que firmaron el presidente Tabaré Vázquez y su par venezolano, Nicolás Maduro, a fines de junio del año pasado, por la venta de 265.000 toneladas de alimentos de origen uruguayo (entre las que se incluían 44.000 de leche en polvo y 12.000 de queso), que se pagarían por medio de un fideicomiso del país caribeño en la sucursal uruguaya del banco Bandes. Los primeros dos pagos llegaron en fecha, en octubre y en noviembre, pero para diciembre el flujo ya se había cortado, con un debe de más de 90 millones de dólares a Conaprole, Pili, Calcar y Claldy.

La búsqueda del alivio

Ante la ausencia de respuesta del gobierno venezolano, la solución que encontró el Poder Ejecutivo a fines de febrero fue la conformación de un préstamo a seis años para las empresas lácteas, que otorgaría el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). El préstamo será por 66 millones de dólares, y los intereses de los primeros tres años serán absorbidos por el gobierno central por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas.

Finalmente, el viernes el Ejecutivo envió el proyecto de ley al Parlamento para que este autorice a Rentas Generales a hacerse cargo de los intereses y emitir las garantías o fianzas solidarias a favor de las empresas lácteas. En la exposición de motivos da cuenta de la “relevancia” de estas en el país, tanto desde el punto de vista social como económico-productivo, por su contribución al afincamiento de las familias en el medio rural y su gran componente cooperativo -80% de los establecimientos-, así como por su volumen de producción, su efecto de difusión hacia otros sectores, como servicios, agropecuario y agroindustria.

En el articulado se establece que el costo de los intereses no podrá superar el equivalente a una tasa de 4,5% en dólares sobre un monto máximo de 66 millones. También se indica que el período de gracia no podrá exceder los tres años.

Además, a fines de febrero el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decidió relanzar un fideicomiso que volcará 86 millones de dólares al financiamiento y desarrollo de la actividad lechera, con el apoyo del BROU y del banco BBVA. Este aportará a unos 2.700 productores dinero para recuperar las ventas por la cantidad de litros que hayan remitido a planta durante 2014 y hasta junio de 2015, y además tendrá una consideración especial para la producción familiar.