Vías de comunicación

Por el número 08008843 (comunicación gratis desde un teléfono fijo) y el *8843 (gratis desde un celular de Antel), integrantes del colectivo recepcionan las llamadas de lunes a viernes de 9.00 a 17.00. Hasta diciembre de 2015 la línea contó con el financiamiento de Médicos del Mundo Francia; actualmente, y hasta julio, tiene financiamiento del proyecto Safe Abortion Action Fund.

La línea telefónica Aborto-Información segura es un proyecto del colectivo feminista Mujeres en el Horno, que es desarrollado desde marzo de 2014 con el fin de “informar, asesorar y acompañar a las mujeres que se encuentran en situación de embarazo no planificado o no aceptado”, expresa la organización. Hoy a las 10.00 el colectivo presentará en Casa Tomada (Soriano 762, Montevideo) el análisis y la sistematización de los datos recogidos entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015, a partir de las 600 llamadas recibidas durante esos 14 meses. Un primer informe se había presentado en 2015, con la sistematización de los planteos formulados de marzo a noviembre de 2014.

El promedio de edad de las personas que llaman es de 26 años. 50,5% tiene entre 19 y 29 años; 35,8% entre 30 y 50 años; y 13,7% son adolescentes, de 13 a 18 años, por lo que el informe determina que “la práctica del aborto no está vinculada a una franja etaria”. La mayoría de las mujeres que solicitaron información (65,3%) no tenía hijos; 19,5% tenía un hijo, 9,3% tenía dos, y el 5,9% restante, más de dos. Las llamadas son, predominantemente, de personas que han cursado estudios secundarios (58,5%, incluidas quienes no culminaron ese nivel) y 33% realizó estudios terciarios (completos o incompletos).

Casi 45% de las mujeres expresaron estar acompañadas por sus parejas y 28% por la madre, una amiga o un amigo. El informe destaca que “ha disminuido el número de mujeres que transitan solas el aborto”; en este segundo período estaba en esa situación 7%, proporción que alcanzaba 12,5% en el primer informe. “Esto nos permite visibilizar que existe mayor apertura para hablar sobre su situación, temores e inseguridades”, consignan.

El fin de la sistematización es “visibilizar el recorrido, plazos y barreras que enfrentan las mujeres en Uruguay ante la práctica del aborto” a partir de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en diciembre de 2012, y mostrar “cómo es el proceso de implementación que hacen los servicios de salud”. El informe da cuenta de que 55,1% de las mujeres que llamaron son usuarias de los servicios de salud del sector privado, mientras que 44,9% se atiende en centros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En el primer informe la proporción era bastante diferente: 59,4% de quienes habían llamado se atendía en ASSE, y el 40,6% restante en el sector privado.

“Para la mayoría de las mujeres que se comunican con la línea, la práctica del aborto no se utiliza como un método anticonceptivo”, destaca el informe: 44,1% manifestó haber utilizado preservativo y 18% pastillas anticonceptivas; 29,2% dijo no haber usado ningún método anticonceptivo. El porcentaje restante comprende a quienes utilizaron anticonceptivos de emergencia, dispositivo intrauterino y otros métodos. “Los motivos por los cuales el método falla pueden responder a una multiplicidad de factores, como la falta de información, educación, dificultades para la negociación, barreras para el acceso a los métodos, fallas en el asesoramiento por parte del personal salud, etcétera”, sostiene. Siete de cada diez mujeres llama en la etapa de preaborto, 19,5% lo hace durante la etapa de interrupción y 10,9% en la etapa posterior.

“Las mujeres tienen escaso conocimiento y acceso a información sobre las leyes de Salud Sexual y Reproductiva e IVE”, concluye el informe, tras mencionar que 70% de las llamadas son para solicitar información sobre el procedimiento IVE y 17,8% pide información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva, porque “desconoce” a dónde dirigirse por la IVE en el centro de salud donde se atiende. También hay llamadas por “devolución y seguimiento” (7,6%), en las que se da un espacio de conversación “sobre el aborto desde otro lugar, lejos del prejuicio y con mayor libertad”. Una proporción menor (2,6%) corresponde a “denuncias e irregularidades”, aunque el informe destaca que puede haber un subregistro, puesto que de las conversaciones se desprenden “tratos inadecuados” que no habían sido percibidos como tales por las mujeres al inicio de la comunicación.

La mayoría de las llamadas fueron desde Montevideo, al igual que en el primer informe, pero en este segundo se detecta “un crecimiento de las llamadas de algunos departamentos que presentan mayores dificultades para el asesoramiento y la consulta con los servicios de salud sexual y reproductiva”. Esos detalles, así como la valoración cualitativa de los datos, serán difundidos hoy.

Por último, el relevamiento detectó que 17,2% de quienes llamaron no podían “realizarse el procedimiento por la Ley IVE”: 9,4% por estar fuera de los plazos establecidos por la ley, y 7,8% por tratarse de mujeres extranjeras que tienen menos de un año de residencia en Uruguay (condición impuesta por la ley). Es significativo que para ese 17,2% la “única alternativa para interrumpir su embarazo es el mercado clandestino”. El informe consigna que “muchas de las mujeres que están fuera de los plazos empezaron el procedimiento en tiempo y forma y al llegar a la cuarta consulta para controlar que todo esté bien y haya evacuado completamente, se evidencia que aún están embarazadas y pasadas de la fecha establecida por ley, por lo cual se les niega el acceso a una nueva dosis de medicación para completar el procedimiento solicitado en tiempo y forma, quedando libradas a transitar por la clandestinidad”. Según el relevamiento, “otras mujeres se comunican previo a la práctica del aborto, solicitando información acerca de cómo acceder al Misoprostol, pues no lo han conseguido, así como para consultar sobre cómo utilizarlo”.

Mujeres en el Horno sostiene que “la Ley IVE no es suficiente”, y trabaja para “que se elimine el delito de aborto del Código Penal, siempre que éste se realice con el consentimiento de la mujer”.