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Internacional | Viernes 11 • Marzo • 2016

Por más derechos

El Senado de Chile debatía ayer una reforma laboral reclamada por los sindicatos.

Fue una de las promesas de Michelle Bachelet en la campaña electoral: la reforma laboral que los trabajadores reclaman desde hace décadas se convertiría en una realidad durante su gobierno. El proyecto fue enviado en diciembre, con críticas del empresariado chileno, y a comienzos de marzo el gobierno envió enmiendas que fueron rechazadas por los sindicatos. Anoche se votaba la versión definitiva en el Senado.

Fueron muchas las negociaciones que se mantuvieron en estos últimos días en el Parlamento chileno, en las que integrantes del Ejecutivo se acercaron para dialogar con senadores oficialistas y opositores para asegurar su apoyo a la norma. Los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Trabajo, Ximena Rincón, así como el secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, se enfocaron en conversar con el Partido Socialista (PS), que integra la alianza de gobierno, Nueva Mayoría, pero rechaza algunos puntos clave de la reforma.

La Comisión Política del PS sesionó el lunes y definió cuál sería la actuación de sus diputados y senadores en el Parlamento. El jefe de la bancada socialista en Diputados, Manuel Monsalve, se reunió después con los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Acompañado por ellos, marcó cuáles serían las líneas que el PS se negaría a traspasar respecto del proyecto de reforma, cuya votación comenzó el viernes y se preveía que terminara anoche.

Los puntos por los que reclama el PS coinciden, en su mayoría, con aquellos en los que el gobierno tuvo idas y vueltas. En diciembre Bachelet firmó un proyecto en el que se prohibía a las empresas reemplazar a los trabajadores que hacen huelga y se establecía un servicio de guardia; se flexibilizaban las condiciones necesarias para formar un sindicato y se les daba a éstos más poder en las negociaciones salariales, entre otras cosas. Sin embargo, en marzo envió algunas enmiendas en el proyecto, en las que, según la visión del PS y de la CUT, estos avances se vieron debilitados.

Antes de integrarse al proyecto, estas tres enmiendas tuvieron que ser aprobadas en la Comisión de Trabajo del Senado. Recibieron la aprobación, pero en varios casos con el apoyo de la oposición y el rechazo del PS. Una de estas incorporaciones establece que en caso de huelga los empleadores podrán hacer las “adecuaciones necesarias” para no suspender las funciones de la empresa. Otra indica que una empresa puede reemplazar, mediante tercerizaciones o trabajadores propios, los trabajos que lleve a cabo otra empresa, contratada, si los trabajadores de ésta están en huelga.

El gobierno asegura que, de todas maneras, en el proyecto queda claro que se prohíbe reemplazar a los trabajadores en huelga si no es estrictamente necesario por las características del servicio. Pero la CUT y el PS sostienen que con esta redacción las empresas podrán seguir contratando reemplazos.

Ante el rechazo del PS, el gobierno accedió a hacer algunos cambios. Las “adecuaciones necesarias” deben limitarse a modificaciones de turnos y horarios. Con estos arreglos, se esperaba que la reforma fuera aprobada anoche y que luego se enviara a Diputados, donde todavía no fue votada.

El miércoles se aprobó otro de los puntos polémicos de la reforma: el que establece cuántos trabajadores son necesarios en una empresa pequeña o mediana para que se pueda formar un sindicato. Fue rechazada una propuesta de la oposición que exigía 25 trabajadores y se aprobó una enmienda del gobierno que establece un mínimo de ocho (la CUT había pedido que fueran cinco). Para que se forme el sindicato debe contar con la adhesión de la mitad de esos ocho trabajadores.

El senador socialista Juan Pablo Letelier dijo que estaba conforme con cómo había quedado redactado el proyecto. “Yo creo que la huelga queda limpia con este código nuevo que vamos a sacar, pero digamos las cosas como son: ¿por qué se ha generado este alboroto? Porque hay desconfianza no en la ley, sino en cómo van a actuar los empresarios”, dijo.

La reforma laboral no está dirigida sólo a los trabajadores contratados, sino también a los tercerizados, que carecen de varios derechos laborales. Según cifras del gobierno repasadas por la agencia de noticias Reuters, en 2014 74% de los trabajadores de la industria del cobre (que representa más de 90% de la producción del país) eran tercerizados, mientras que en 2006 lo eran sólo 66%. El porcentaje se redujo a poco más de 60% en 2015, pero esto también se atribuye a que el gobierno ya había puesto sobre la mesa la iniciativa de presentar esta reforma laboral, que reconoce más derechos a los trabajadores tercerizados y que, por lo tanto, golpeará de lleno a las empresas del cobre.

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