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Internacional | Viernes 18 • Marzo • 2016

Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff después que el ex presidente juramentó como nuevo ministro de Estado y Casa Civil, ayer, en Brasilia. Foto: Evaristo Sa, Afp

Por todos los medios

En distintos frentes se intensifican los problemas para el gobierno de Dilma Rousseff.

Las señales de alarma se prendieron ayer en Brasil, después de que la Justicia suspendó la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de Presidencia. Miles de personas protestaban contra el gobierno, la Federación de Industrias de San Pablo le pidió a la presidenta que renuncie, se formó la comisión de Diputados que analizará el pedido de juicio político y la justicia electoral decidió acelerar su investigación sobre la campaña electoral de Dilma Rousseff. Con estas amenazas a cuestas el Partido de los Trabajadores (PT) llamó a la militancia a demostrar su fuerza en las manifestaciones convocadas para hoy.

La Justicia recibió ayer varios pedidos de medidas cautelares para anular o suspender el efecto de la designación de Lula como ministro. En respuesta a uno de esos pedidos se emitió una sentencia que dejó sin efecto la designación de Lula unos 90 minutos después de que asumiera su cargo, y otro fallo similar fue emitido horas más tarde.

El primer juez en dictar esas medidas cautelares, Itagiba Catta Preta Neto, argumentó que la designación “puede indicar la intervención, indebida y odiosa, en la actividad policial, en el Ministerio Público e incluso en el ejercicio del Poder Judicial, por el señor Luiz Inácio Lula da Silva”. El fallo agrega: “El país no puede estar ciego ante lo que está sucediendo”.

Un rato después de que Catta Preta Neto diera a conocer su decisión, empezaron a circular por las redes sociales imágenes de él en la manifestación del domingo contra el gobierno. En sus cuentas de Facebook y Twitter el juez publicó varios mensajes rematados con “Fora Dilma”, entre ellos uno que dice: “Ayude a derrumbar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y Orlando. Si ella cae, el dólar cae junto con ella”. En imágenes de 2014 el juez aparece haciendo campaña por el candidato opositor a la presidencia, Aécio Neves. “Una cosa es mi actuación como ciudadano, y, como ciudadano, tengo una postura contraria a la corrupción. Otra cosa es mi trabajo como juez, en el que mis decisiones necesitan ser técnicas. No hay ningún conflicto” entre ambas, dijo al ser consultado por estos contenidos. Horas después dio de baja su perfil de Facebook.

La Abogacía General de la Unión (AGU) apeló ayer la decisión del juez Catta Preta Neto argumentando, entre otras cosas, que su decisión no era imparcial. En respuesta a esta apelación, y en otra vuelta de tuerca, un tribunal de segunda instancia revocó la sentencia de Catta Preta Neto. Pero Lula seguía fuera de su cartera porque el otro fallo similar al de este juez seguía vigente.

Por otra parte, el Supremo Tribunal Federal dio un plazo de cinco días para que la Procuraduría General, el gobierno y la AGU presenten sus argumentos para defender la designación de Lula. Al cierre de ese período se analizará esta información y se votará una resolución.

Con trampa

Pese a la actuación de Catta Preta Neto, el protagonista de las mayores polémicas era ayer otro juez, Sérgio Moro, encargado de llevar adelante la causa por Petrobras en la justicia común y uno de los que comenzaron investigaciones contra Lula.

Ayer trascendió información de que el audio que el juez entregó a los medios de comunicación el miércoles, en el que Rousseff le decía a Lula que el acta de su designación podía ser usada en caso de necesidad, habría sido grabado de forma ilegal. Moro había autorizado que se grabaran las conversaciones de varias líneas que están a nombre de Lula hasta las 11.12 del miércoles, y la conversación en cuestión se mantuvo a las 13.32.

La Policía Federal, que es la que ejecuta las órdenes judiciales, informó que la demora se debió a que la compañía telefónica tardó en dejar de grabar. Además, existieron sospechas de que la charla había sido grabada en las oficinas de la presidenta y no en el teléfono de Lula, pero éstas fueron descartadas por varios peritos judiciales que no están vinculados con esta causa.

La decisión de Moro de divulgar la escucha de la conversación entre Rousseff y Lula recibió múltiples críticas desde el gobierno, que anunció que tomará acciones judiciales, aunque todavía no definió cuáles. “Convulsionar a la sociedad brasileña mediante la mentira, de métodos oscuros y prácticas criticables, viola principios y garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos, y abre antecedentes gravísimos. Los golpes [de Estado] comienzan así”, dijo Rousseff durante la ceremonia en la que Lula asumió como ministro. Por su parte, el líder del gobierno en el Senado, Humberto Costa, dijo que el hecho “fue un atentado a la democracia y a la Constitución de alguien que deliberadamente quiere incendiar Brasil”.

El Instituto Lula publicó anoche una carta abierta del ex presidente en la que éste afirma que en las últimas semanas su intimidad, la de su familia y la de sus compañeros de trabajo han sido “violentadas” por las “filtraciones ilegales” del contenido de sus conversaciones a los medios de comunicación. “No tuve acceso a grandes estudios formales [...]. No soy doctor, letrado o jurídicamente culto. Pero sé, como todo ser humano, distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto”. Al cierre de la carta, agrega que estos hechos no le harán “descreer del Poder Judicial” ni perder la confianza en “el discernimiento” y “el equilibrio” de los ministros del STF. “Justicia, simplemente justicia, es lo que espero, para mí y para todos, en la plena vigencia de un estado de derecho democrático”, afirma. La carta completa de Lula, en portugués, puede leerse en la página web dedel Instituto Lula.

Desde el pie

Las revelaciones de nuevos audios y las medidas cautelares contra la designación de Lula fueron celebradas por la oposición y por cientos de personas que comenzaron a movilizarse el miércoles de noche (después de que fue revelado el primer audio) y así se mantuvieron ayer para pedir la salida del gobierno. Una de estas protestas se desarrolló ante la sede de la Presidencia en Brasilia, donde también tuvo lugar, de mañana, una de las varias movilizaciones que se realizaron a favor del gobierno. El encuentro entre unos y otros generó algunos enfrentamientos que no pasaron a mayores.

En la Avenida Paulista, en San Pablo, primer epicentro de las movilizaciones de 2015 contra el gobierno, un grupo de manifestantes pasó la noche del miércoles y se disponía a hacer lo mismo anche. Ayer recibieron un desayuno de parte de la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), la patronal más grande del país. El miércoles el edificio de la Fiesp se iluminó con los colores de la bandera brasileña con una franja negra que decía: “Renunciá ya”. Ayer, la federación contrató una página entera en los diarios más grandes de Brasil en la que repetía el mensaje sobre un fondo amarillo con letras negras. El líder de la Fiesp, Paulo Skaf, dijo que va a presionar al Congreso para que se apruebe el juicio político.

Skaf integra el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal socio del PT en el gobierno, que el fin de semana había entrado en un período de reflexión de 30 días para resolver si continúa en el gobierno. Ayer se acortaron esos plazos y se fijó para el 29 de marzo una reunión en la cual se tomará la decisión. Skaf consideró que esa reunión podría adelantarse todavía más y realizarse hoy o durante el fin de semana.

El presidente del PMDB, el vicepresidente Michel Temer, no asistió ayer a la asunción de los nuevos ministros como señal de protesta porque Rousseff designó a un integrante de su partido como ministro. La presidenta “decidió desafiar una decisión de la Convención Nacional del PMDB”, que indicaba que ningún integrante del partido se integraría al Ejecutivo, dijo Temer en un comunicado.

Los sectores más poderosos del país y el Poder Judicial no son los únicos que despiertan temores en el Partido de los Trabajadores (PT): ayer la Cámara de Diputados puso en marcha la comisión especial que estudiará el pedido de juicio político contra Rousseff. Al menos dos partidos están evaluando abandonar al gobierno (el otro es el Partido Progresistas, el que tiene más políticos investigados por la trama de Petrobras). La oposición cuenta con que algunos de los diputados de esos partidos voten a favor del juicio político, en cuyo caso se podría aprobar en la comisión y se enviaría al pleno donde, calculan, tendrán los votos necesarios. Dirigentes opositores dijeron a los medios que pretenden llevar adelante este proceso con rapidez para que haya un rápido cambio de gobierno.

Otro hecho adverso para el oficialismo fue la decisión del Tribunal Superior Electoral de unificar las cuatro causas existentes contra Rousseff por presuntas irregularidades durante la campaña electoral. Esto, según los jueces del tribunal, permitirá acelerar el proceso y llegar a una conclusión en “el corto plazo”.

Con todas estas amenazas a sus espaldas, los dirigentes del PT intensificaron ayer sus llamados a la militancia para que asista a las movilizaciones a favor del gobierno y de Lula convocadas para hoy. “Será decisiva” la cantidad de gente que se haga presente, dijo el secretario de Formación Política del PT, Carlos Árabe. “Todos tenemos que estar en el acto, es fundamental, no podemos entregarnos”, dijo.

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