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Nacional | Viernes 04 • Marzo • 2016

Sin cuidado

Fallas del hospital Vilardebó en suicidio de usuaria y comunicación a su familia.

Soledad Olivera tenía 25 años. Estaba internada en una de las salas de seguridad del hospital Vilardebó el 20 de enero, cuando se ahorcó con la ropa que tenía puesta. No había nadie cerca, porque las celdas son verdaderos calabozos; sí había cámaras en el interior de la celda, pero aparentemente nadie estaba monitoreando lo que transcurría. Pasaron al menos 45 minutos y nadie actuó para evitar lo que sucedió.

La hermana y la madre de Soledad participan en el proyecto Radio Vilardevoz. Dos días después del suicidio, una psicóloga residente del hospital se contactó con integrantes del equipo de Vilardevoz para informar de lo ocurrido. Ésa fue “la forma que desde la institución tenían de ubicarla [a la madre de Soledad] para informarle de lo sucedido con su hija y así realizar los trámites necesarios”, expresa la denuncia presentada por las coordinadoras de Vilardevoz, Mónica Giordano y Cecilia Baroni, a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) el 18 de febrero.

No fueron referentes del hospital sino de Vilardevoz quienes terminaron encargándose de comunicar la noticia a la familia. Días antes del fallecimiento de Soledad, su madre, Gladys, había sufrido una descompensación física y había sido internada en el hospital Maciel. “Fuimos hasta ahí; alguien se tenía que hacer cargo, y ya habían pasado siete, ocho días”, explicó Baroni a la diaria. Le contaron a Gladys y a María José, hermana de Soledad, que la joven había muerto en el hospital; no les dieron detalles, algo que le correspondía hacer al centro asistencial.

María José les dijo que quería ir al Vilardebó. La acompañaron dos de las psicólogas de Vilardevoz. Un trabajador social las recibió y, a pedido de María José, contó lo ocurrido. Era el 28 de enero. María José planteó que quería despedirse de su hermana, pero el funcionario informó que no sabían dónde estaba el cuerpo: había llamado al Instituto Técnico Forense (ITF), donde le habían informado que ya no estaba, y a la morgue, pero el teléfono estaba fuera de servicio. María José planteó ir a la sala, para visitar el lugar donde había muerto su hermana. Al salir se encontraron con el subdirector del hospital, Santiago Cusmanich, quien dijo que el hospital había hecho todo lo que se debía hacer: abrir una investigación administrativa y enviar el cuerpo al ITF, y que allí debería estar, transmitió Baroni. Cusmanich también comentó que las salas se clausurarían.

“El sábado 13 de febrero la Sra. Gladys plantea al equipo de Vilardevoz que aún no sabe dónde está el cuerpo de su hija, que nadie del hospital se había comunicado con ella para informarle sobre la situación de desaparición de su hija”, establece la denuncia, efectuada cuando los familiares todavía no habían encontrado el cuerpo. El 19 febrero María José concurrió a la morgue judicial, donde se le informó “que el cuerpo no estaba más en la morgue y que debía ir al cementerio para que le den la ubicación del mismo. Concurre al Cementerio Central y allí no se encontraba, por lo que le recomiendan que vaya al Cementerio del Norte. Al llegar al Cementerio del Norte le informan que efectivamente su hermana había sido enterrada allí y le imprimen una constancia de ubicación de resto”, escribieron las psicólogas en una segunda comunicación con la INDDHH. “Sin dudas, esto fue de un gran impacto para ella y su madre, ya que no entendían cómo nadie las había tratado de ubicar para comunicarles tal noticia, y que tuvieran el derecho de velar sus restos y estar en el entierro”, agregaron las profesionales.

El caso fue manejado en la radio, que cada sábado emite su fonoplatea. Tomó estado público el sábado 27, cuando el diario El País y otros medios de comunicación publicaron la noticia.

Errores varios

La investigación administrativa está en curso. Hay cuestionamientos directos al hospital y al sistema de salud mental. El suicidio ocurrió en una institución que debió proteger la vida de Soledad. Baroni cuestionó que “se mandó a una persona a un calabozo” sin contemplar las medidas de contención y sin nadie que la acompañara. Por otra parte, reclamó que “el procedimiento dice que tienen que avisar a los familiares y nunca más se los llamó”. En la fonoplatea del sábado, técnicos y usuarios comentaron lo que parece ser una combinación nefasta: locura y pobreza. Tanto María José como Gladys son usuarias del hospital Vilardebó y viven en refugios del Ministerio de Desarrollo Social por estar en situación de calle. Las psicólogas cuestionaron cómo con el nivel de informatización nadie hizo un rastreo institucional para tender los vínculos que creó un proyecto independiente, y sin siquiera asumir la totalidad del proceso.

Por intermedio del diputado Gerardo Núñez (Partido Comunista, Frente Amplio), el miércoles las psicólogas, Gladys y María José se reunieron con la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Susana Muñiz, y con el director de Salud Mental del organismo, Horacio Porciúncula, acompañadas por el diputado. Giordano transmitió a la diaria que Porciúncula le respondió a Gladys que se habían buscado las vías de comunicación con ella, pero que el equipo de Vilardevoz se había ofrecido, a lo que Giordano corrigió que no se habían ofrecido, sino que manejaron esa posibilidad si no había otra manera, tal como ocurrió. Las psicólogas dijeron que las autoridades se mostraron sensibles ante la situación y que Porciúncula expresó que “falló lo humano”, haciendo referencia a los procedimientos de comunicación.

Núñez comentó a la diaria que en la reunión las autoridades reconocieron las fallas que existieron, tanto en la prevención del suicidio como en la comunicación a los familiares. En diciembre el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de una nueva ley de salud mental, que pretende poner fin a las estructuras asilares como el Vilardebó y reforzar la prevención y la atención comunitaria. Las psicólogas insisten en que el órgano revisor que garantice el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos no puede estar en la órbita del Ministerio de Salud Pública, como establece el proyecto, y que este hecho refuerza esa necesidad. Núñez también insistió en ese aspecto: “Es una muestra más de que el órgano de revisión debe ser independiente. Se necesita a veces una mirada desde el exterior a la problemática, que no naturalice funcionamientos, sino que busque cambiar todas las cosas que le hacen mal al sistema”.

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