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Internacional | Jueves 17 • Marzo • 2016

Sin tregua

La divulgación de una llamada telefónica entre Dilma y Lula agrava la crisis política en Brasil.

La noticia del día en Brasil, la designación de Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los principales cargos del Ejecutivo de Dilma Rousseff, fue opacada anoche cuando se hizo pública una conversación entre el ex presidente y la actual mandataria. Ese diálogo fue interceptado y divulgado por el juez Sergio Moro, que lo interpretó como un indicio de que Lula fue designado para que pudiera evadir a la Justicia. Por su parte, la Presidencia, que dio a conocer otra explicación sobre esa charla, manifestó su indignación por la decisión de divulgarla y anunció que presentará denuncias contra Moro.

Para el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva será “el ministro de la esperanza” al asumir como titular de la Casa Civil, un cargo que en Brasil equivale al de un jefe de gabinete o al de un ministro de Presidencia, y que tiene entre sus tareas asesorar a la presidenta Dilma Rousseff y coordinar políticas entre los integrantes del Ejecutivo.

El oficialismo confía en Lula para solucionar la crisis que enfrentan Brasil y el gobierno. “El presidente Lula acaba de aceptar la invitación para ser ministro jefe de la Casa Civil [...] Tendremos un ministro con larga experiencia para ayudar al país”, dijo el jefe de bancada del PT en la Cámara de Diputados, Afonso Florence, que se encargó de anunciar la designación. Afirmó que la decisión se tomó “única y exclusivamente con el objetivo de poner fin a la crisis”, y negó que desde ese cargo el ex presidente pueda obstaculizar investigaciones judiciales que apuntan contra él mismo y contra otros integrantes del gobierno y del PT.

Según informaron la agencia Reuters y la revista Carta Capital, las sospechas de que su designación era una manera de evitar la Justicia común fueron uno de los temas que más preocuparon a Lula a la hora de aceptar el cargo. Como ministro, ahora le corresponderá ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, y quedará fuera de la órbita del juez Sergio Moro, que después de allanar su casa y conducirlo por la fuerza a testificar, se convirtió en una de las figuras públicas más valoradas por los manifestantes opositores que piden la renuncia de Rousseff. Ayer la presidenta dijo al periódico O Estado que las sospechas de que Lula intenta evadir a la Justicia muestran una desconfianza en la independencia del Supremo Tribunal Federal.

En cuanto a la crisis política, se prevé que Lula tendrá la función de acercar el Ejecutivo a los movimientos sociales, al PT y a los demás partidos que integran la alianza de gobierno. El presidente del Senado, Renan Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, dijo poco antes de que se confirmara la designación: “Lo que yo sé es que, indiscutiblemente, él tiene buenas relaciones con el Congreso Nacional. Espero, y considero que Brasil espera también, que las cosas mejoren en el país”.

Por el liderazgo del ex presidente y por el cargo que ocupará, también se ha especulado con que pueda promover cambios en la línea política del gobierno y orientarlo más a la izquierda. Por eso ayer Rousseff descartó cambios en la conducción de la política económica. Destacó “el compromiso de Lula con la estabilidad fiscal”, negó que su gobierno vaya a utilizar las reservas en moneda extranjera para aumentar las inversiones, y ratificó que el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, y el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, siguen firmes en sus cargos, informaron O Estado y Folha de São Paulo.

Ahora es Lula

La llegada de Lula al gobierno habilitó otra lectura, que ayer se repetía en varios medios: en alguna medida, Rousseff cede poder y protagonismo al ex mandatario. “Para intentar salvarse, el gobierno termina y Dilma se convierte en presidenta emérita”, escribía ayer Igor Gielow, director de la filial de Folha en Brasilia. En _O Estado de São Paul_o, Marcelo de Moraes titulaba su columna: “Dilma tira la toalla y entrega el gobierno a Lula”. Ayer Rousseff negó que sea Lula quien vaya a gobernar Brasil, y aclaró: “[Tendrá] los poderes necesarios para ayudarnos, para ayudar a Brasil”.

La oposición cuestionó la designación. Para el ex presidente Fernando Henrique Cardoso “es escandaloso” que haya sido designado “en un momento que puede convertirse en reo en un proceso”. Un dirigente del partido Demócratas, Pauderney Avelino, dijo que recurrirán a la Justicia para argumentar que la designación sólo busca frenar las investigaciones sobre la red de corrupción en Petrobras que puedan afectar al ex presidente.

Por su parte, la ex candidata presidencial del Partido Verde, Marina Silva, fue más lejos en su interpretación y consideró que la designación de Lula “crea en la práctica un primer ministro dentro de un sistema presidencialista” lo cual supone un “cambio de sistema político sin pasar por la Constitución”. Por su parte, Paulo Skaf, líder de la poderosa patronal Federación de Industrias, dijo que el nombramiento fue un “golpe contra la nación brasileña”. Unos cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Planalto para protestar contra la designación y contra el gobierno.

Horas más tarde, la página web de O Estado titulaba: “Grabación de Dilma y Lula indica que la designación se hizo para evitar el Lava Jato”. Titulares similares se repetían. Según transcribieron varios medios de Brasil, en una conversación interceptada, y difundida por el juez Sergio Moro, que investiga a Lula por sospechas de corrupción vinculada con el caso Petrobras, Rousseff le dice al ex presidente: “A continuación voy a enviar a Messias [Jorge Rodrigo Araujo Messias, jefe adjunto de asuntos legales de Personal] junto con el papel, para tenerlo y usarlo sólo en caso de necesidad, que es el acta de toma de posesión”.

Lejos de la interpretación de que el “caso de necesidad” sería un arresto de Lula, la secretaría de prensa de la presidencia emitió un comunicado en el que explica que el ex presidente fue nombrado en el cargo, que recién asume mañana a las 10.00, en el Palacio de Planalto, en un acto colectivo en el que otros ministros designados tomarán posesión de sus carteras. Agrega que como Lula no sabía si participaría en esa ceremonia, la presidenta le envió el acta de toma de posesión, que sólo sería utilizada en caso de ausencia del nuevo ministro de Casa Civil.

Para cerrar el comunicado, afirma que “pese al contenido republicano de la conversación, repudia con vehemencia su divulgación, que resulta una afrenta para derechos y garantías de la Presidencia de la República”, y agrega que “todas las medidas judiciales y administrativas pertinentes serán adoptadas para la reparación de la fragrante violación de la ley y de la Constitución de la República, cometida por el juez”.

Según la prensa brasileña, los audios fueron grabados por la Policía Federal, que por orden de Moro interceptó el teléfono de un asesor del Instituto Lula. Ayer Moro dijo que divulgó esos audios porque “la democracia en una sociedad libre exige que los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes. Ahora que no son secretos, los investigados tienen amplio derecho a defensa”, informó O Estado. Un asesor de Dilma citado por Folha, cuyo nombre no fue publicado, dijo que el caso es grave y que el país está viviendo en un Estado policial.

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