El jueves 31 de marzo tendrá lugar la segunda instancia del Diálogo Social convocado por el gobierno. La primera, realizada el 17 de marzo, abordó el desarrollo y la inserción internacional y tuvo como panelistas a la representante en Uruguay del Sistema de Naciones Unidas, Denise Cook; al jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, José Miguel Benavente; al director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano; a la representante de la Unión de Exportadores, Teresa Aishemberg; y al profesor del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Universidad de la República) Henry Willebald. La segunda instancia será dentro de una semana y estará centrada en la matriz de protección social. Según informó a la diaria Miryam Díaz, de la secretaría de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, hasta ahora está confirmada una panelista: Laís Abramo, directora de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

A fines de febrero, varios académicos uruguayos, entre ellos el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Rodrigo Arim; la socióloga Carmen Midaglia y académicos que trabajan en organismos internacionales en Uruguay fueron invitados a participar en la instancia de la semana próxima. Incluso algunos de ellos comenzaron a preparar materiales a tales efectos. Pero la semana pasada, ante la consulta sobre si estaba confirmada su participación, se les comunicó que no expondrían. “Me invitaron, y me enteré después del 17 [de marzo] de que no estaba más en la lista”, confirmó Arim a la diaria. “Me invitaron, pero luego se nos dijo que aparentemente no participarían académicos nacionales; esa fue la respuesta. Dijeron que, en todo caso, invitarían expertos internacionales”, confirmó Midaglia.

La decisión definitiva acerca de quiénes exponen como panelistas en las mesas del Diálogo Social la toma un grupo conformado por los ministros Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social), Marina Arismendi (Desarrollo Social), Eduardo Bonomi (Interior) y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Entre los académicos, se especula que una de las razones para dejarlos a un lado fueron las diferencias conceptuales y de visiones que tienen en algunos temas con un sector del gobierno. Por ejemplo, que algunos de ellos son partidarios de un modelo que entiende a la seguridad social como un “derecho ciudadano universal” y no como algo que se adquiere en función del trabajo -y por eso desde un sector del gobierno se los califica de “asistencialistas”-. O que “en determinados momentos plantearon visiones críticas” respecto de algunas políticas del gobierno. “Desconozco cuáles son las razones para excluirnos. No excluyo ninguna”, dijo Midaglia.

Tanto Díaz, de la secretaría de Arismendi, como Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo de esa cartera, hicieron hincapié en que en ningún momento se cursó invitaciones formales a estos académicos, sino que en estos y otros casos se hicieron “sondeos” para saber si era posible su participación. “Se manejaron muchos nombres, y la decisión es de los ministros”, señaló Díaz. “No se invitó formalmente a nadie al Diálogo”, afirmó Labat. Consultado sobre si las razones para excluir algunos nombres pueden tener que ver con una diferencia de visiones, Labat dijo que puede ser “producto de un desacuerdo” con visiones nacionales, aunque también “está la hipótesis de que es mejor tener visiones externas que nacionales, como una forma de tomar distancia”.