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Internacional | Miércoles 09 • Marzo • 2016

Pantalla que muestra los movimientos del mercado de valores en la Bolsa de Shanghái. Foto: Johannes Eisele, AFP

Tenía un tractor amarillo

Para sostener el crecimiento, gobierno chino busca reestructurar la economía y apuesta a los servicios.

“La economía china nunca tendrá un aterrizaje forzoso”, aseguró hace unos dias Xu Shaoshi, el ministro de Planificación Económica y presidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo. La frase era una respuesta a los temores que tenían lo que los medios denominan “los mercados” financieros al efecto que puede tener el enlentecimiento chino en la economía mundial. Xu y otros encumbrados miembros del gobierno chino califican de “exagerado” este temor y sostienen que su país ha hecho y continuará haciendo una contribución decisiva al crecimiento mundial.

Desde el último trimestre de 2015, se han multiplicado las opiniones que sitúan el origen de las turbulencias de los mercados bursátiles mundiales en las caídas en las cotizaciones de las principales empresas chinas y la devaluación del yuan de principios de año. Pero el gobierno de China dice que su país “no tiene un poder de contagio tan grande”. Por el contrario, de acuerdo con Xu, los altibajos en los mercados se deben a la falta de confianza en la recuperación económica mundial, al cambio restrictivo en la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, a la expansión de la deuda en Alemania y a la tensión política en Corea. Pone como ejemplo que entre el 8 y el 12 de febrero las bolsas mundiales sufrieron fuertes “correctivos”, los precios de las materias primas se desplomaron, pero las bolsas chinas estaban cerradas por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Las salidas al cruce de miembros del gobierno chino se generaron luego de que el miércoles 2 la agencia calificadora de riesgo Moody’s rebajara de “estable” a “negativa” su perspectiva de la deuda soberana china. Moody’s -que además rebajó en pocos meses las notas de las deudas soberanas de otros países emergentes, como Brasil y Rusia- justificó su decisión a partir de tres elementos: la creciente deuda pública, la caída en las reservas y la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de continuar implementando reformas.

El comunicado emitido por la calificadora estadounidense señala que se ha debilitado la posición fiscal de China, que ha visto cómo en tres años la deuda pública pasó de 32,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012 a 40,6% el año pasado, y se estima que este porcentaje alcance 43% para 2017.

Otro riesgo que menciona Moody’s en su comunicado es la posibilidad real de que la credibilidad de los funcionarios chinos decaiga como consecuencia de la implementación incompleta o por revocación parcial de algunas reformas. “Las intervenciones en los mercados bursátil y cambiario durante el último año sugieren que garantizar la estabilidad financiera y económica es un objetivo, pero hay una incertidumbre considerable sobre las prioridades de la política”, destaca el comunicado, que agrega que, “sin reformas creíbles y eficientes, el crecimiento del PIB de China se desacelerará notablemente porque la alta carga de deuda golpea la inversión empresarial y la demografía se vuelve cada vez más desfavorable”.

Moody’s destaca también que la pérdida de reservas en China generó más “vulnerabilidad externa” al país. Según los datos del Banco Popular de China, al finalizar febrero el stock de reservas de divisas era de 3,20 billones de dólares, lo que supone el menor nivel desde diciembre de 2011. Además, durante febrero de este año las reservas cayeron 28.570 millones de dólares, desacelerando la caída fuerte que registraron en enero cuando salieron del país 99.500 millones de dólares.

Para Moody´s, de continuar esta tendencia, la cotización del yuan se podría ver presionada al alza, lo que conspiraría contra los planes del gobierno de reactivar el crecimiento económico, lo cual, a su vez, podría impulsar nuevas salidas de capitales.

No seas negativo

La agencia estatal de noticias china, Xinhua, reaccionó en contra del comunicado de Moody’s diciendo que se trataba de una “mala interpretación” y de un punto de vista pesimista, “habitual” de “algunas instituciones occidentales”.

Algunos días después, el ministro de planificación Xu afirmó que China tiene “grandes recursos, una demanda enorme en el mercado y un amplio espacio para más desarrollo y para mejorar la calidad de los servicios”, y dijo estar “plenamente confiado” en conseguir la meta oficial de que el PIB crezca entre 6,5% y 7% en 2016.

En el marco de esta incertidumbre económica y el riesgo de su efecto sobre la autoridad política, el lunes de esta semana el máximo órgano legislativo del país, la Asamblea Nacional Popular, inició su congreso anual. En la agenda de temas está incluida la aprobación del plan quinquenal que fija las líneas estratégicas de la economía hasta 2020. “El crecimiento es la clave para solucionar cualquier problema que afrontemos”, dijo en la previa Li Keqiang, primer ministro chino y secretario del partido. Para ser más gráfico, agregó que “es como nadar contra la corriente: si no avanzás, te vas río abajo”. El objetivo que persigue el gobierno es que hasta 2020 el país sostenga una tasa de crecimiento anual no menor a 6,5%, para lo que pondrá en marcha medidas de estímulo fiscal y monetario que tendrán como contracara un aumento del déficit fiscal -que pasará de 2,4% actual a 3%- y de la cantidad de dinero, que crecerá al 13%. Con sus planes, el gobierno prevé crear 10.000.000 de puestos de trabajo urbanos y que la inflación no supere el actual ritmo de 3% anual.

Walking Dead

En el ámbito productivo, la Asamblea Nacional Popular discute llevar adelante fusiones, reorganizaciones o liquidaciones de las llamadas empresas zombis, que en los últimos meses han despedido a 1.800.000 de trabajadores. Se trata de empresas industriales del Estado, fundamentalmente de los sectores del carbón y del acero, con valores de ventas en caída libre tras el desplome de los precios internacionales de estos commodities. El efecto que en estos sectores tuvo el desempleo en los últimos meses preocupa al gobierno, no sólo por la necesidad de conservar la paz social en el mercado laboral para continuar con las reformas, sino también por el inmenso costo de los seguros de desempleo y las ayudas sociales.

En lo que refiere a este aspecto, el ministro de Finanzas, Lou Jiwei, advirtió hace semanas que el aumento en los salarios que los trabajadores chinos han tenido en los últimos años no es sostenible y destacó la necesidad de introducir más flexibilidad en el mercado laboral. En los últimos años, las subas de los salarios han sido muy superiores a la productividad. Esto no es sostenible, afirmó.

En este marco, la Asamblea Nacional Popular debe articular internamente para llevar adelante la transformación de la estructura económica que los sectores renovadores plantean en términos claros: China debe dejar a la industria en un lugar secundario y destinar recursos a los servicios, y para eso esperan avanzar en la generalización de los contratos laborales temporales. La actual Ley de Contrato Laboral se basa en unas horas de trabajo fijas, así que es difícil para este tipo de empresas que necesitan trabajadores flexibles, declaró el titular chino de Finanzas.

En el plano bursátil y financiero, los principales dirigentes chinos buscan mejorar el mecanismo cambiario para asegurar la estabilidad del yuan, a la vez que se prepara una nueva normativa para el funcionamiento de las Bolsas que evite la volatilidad en las cotizaciones de los últimos meses.

Las políticas de bienestar social son otro eje del plan quinquenal a discutir por el plenario de la Asamblea. Según los medios internacionales, los principales objetivos son duplicar el ingreso per cápita de 2010 para el año 2020 y erradicar la pobreza extrema, que, según estimaciones privadas, abarca a 36.000.000 de personas, de las cuales 4.000.000 son menores de seis años. Además, los principales dirigentes se plantean como prioridad del plan social proteger a los 220.000.000 de personas mayores extendiendo los cuidados para la tercera edad; atender también a los 270.000.000 de desplazados internos, y garantizar el acceso a los servicios públicos básicos.


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