Ir al contenido

Nacional | Lunes 28 • Marzo • 2016

Jorge Larrañaga. Foto: Pablo Vignali (archivo, febrero de 2016)

Viejas recetas

Larrañaga busca aumentar penas por narcotráfico y contra menores; Mieres quiere reeditar acuerdo sobre seguridad de 2010.

Los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas no tardaron en generar repercusiones en el ruedo político ni pasaron inadvertidos por las autoridades católicas del país en Semana de Turismo. El asesinato de un hincha de Nacional el 18 de marzo en el noreste de Montevideo, la muerte de dos taxistas en la última quincena, el homicidio del comerciante judío David Fremd a principios de mes, la muerte de un joven en Las Acacias en una disputa con la Policía y el asesinato de un hombre de 29 años en La Teja el viernes, delante de su familia, fueron algunos de los hechos violentos que más repercusión tuvieron en marzo.

No resulta extraño que algunos políticos se hayan expresado al respecto. Ayer el senador nacionalista Jorge Larrañaga emitió un comunicado en el que sostiene que presentará, junto con la bancada de su sector, Alianza Nacional, una serie de proyectos que “endurecen penas a traficantes, dan más facultades a la Policía, crean nuevos delitos, aumentan el régimen punitivo a menores y otorgan instrumentos a jueces y fiscales”. “No se trata de gobierno u oposición, esto es sociedad o delincuencia. Nuestro aporte son más de una decena de proyectos de ley que pretendemos se discutan en el Parlamento”, dijo el legislador al diario El País. En ese mismo matutino, Larrañaga opinó que quienes venden drogas deberían ir presos, sin importar la cantidad que se esté comercializando.

El senador anuncia la presentación de 15 proyectos: entre ellos se incluye el ya anunciado de la “inexcarcelabilidad de los delitos de tráfico de drogas” (lo que incluye, en los hechos, la pena con cárcel por el cultivo de cannabis fuera del marco de la ley que reguló su mercado), el aumento de las penas por tráfico de cocaína y pasta base, y la duplicación de los tiempos máximos de reclusión de menores y de los mínimos para los casos de “infracciones gravísimas”. Larrañaga insiste con la creación de una Guardia Nacional, “preparando efectivos militares para la función policial”, y además propone sustituir la denominada “policía estacionaria”, que es la “dedicada a la custodia de embajadas y edificios públicos, por militares”. Por último, el legislador sugiere “penalizar a los padres, tutores, curadores de menores infractores, por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”, modificar la “legítima defensa en el ámbito rural” y ampliar las penas de algunos delitos rurales. El senador presentará estas propuestas a la bancada de su sector esta semana.

El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, se encargó de hacer las primeras críticas desde el oficialismo, dirigidas a la idea de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo algunas tareas de seguridad. “La ley no le permite el uso de las armas de fuego a los militares fuera de las áreas establecidas claramente para ello”, dijo al diario La República. Según sostuvo, para que los militares puedan usar sus armas debería existir una ley que los ampare, o que se decretaran las medidas prontas de seguridad, “una disposición que cuando se usó por última vez ya sabemos cómo nos fue”.

Las medidas propuestas también fueron objeto de cuestionamientos desde filas coloradas. El diputado Ope Pasquet escribió en Twitter: “El castigo al delito (pena) se aplica, por definición, cuando el delito ya se cometió. No es solución. El verdadero objetivo: prevenir el delito”. En tanto, Óscar Ventura, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por la oposición, escribió en la misma red social: “Parece irrazonable que, después de todo lo que hemos discutido, la única idea sea aumentar las penas”.

En medio de apoyos y críticas quedó el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien el viernes había escrito una columna solicitando que “todos” tengan “la grandeza de dejar a un costado la disputa política para buscar nuevos entendimientos que vayan más allá de las políticas de seguridad, aunque las incluya”. Según dijo Mieres a la diaria, la idea es reeditar los acuerdos sobre seguridad realizados en 2010, a principios del período de gobierno de José Mujica, que fueron implementados en el quinquenio anterior. “Estas propuestas de Larrañaga deberían ser un insumo más. Pero para este diálogo se necesitan dos cosas: primero, que el gobierno esté dispuesto a dialogar con los partidos; luego, que los partidos tradicionales dejen de pedir la renuncia del ministro [del Interior, Eduardo Bonomi]. De lo contrario, es imposible”.

“Medidas eficaces”

En su mensaje de Pascua, el cardenal Daniel Sturla hizo referencia a la violencia que ha vivido el país en los últimos tiempos: “Cristo ha resucitado. Este anuncio llega a este mundo, doloroso, magnífico. Llega a las situaciones diversas que estamos viviendo en este mundo marcado por la violencia, como hemos vivido en Uruguay y en tantas regiones”. El arzobispo de Montevideo ya se había expresado con relación al mismo tema el jueves, durante la misa crismal, al sostener que “estamos viviendo en una sociedad fragmentada” y destacar que “lamentablemente, tenemos muchas muertes violentas en estos días, que han sacudido la conciencia de nuestra sociedad”. Dijo que es necesario “pasar de los discursos a acciones eficaces”.

Otros obispos también tomaron cartas en el asunto. En el sitio web de la Conferencia Episcopal del Uruguay se publican los dichos de varios de ellos respecto de esta situación. Es el caso de Rodolfo Wirz, obispo de Maldonado, quien dijo que la violencia “se impone en todas las latitudes”. En tanto, Arturo Fajardo, obispo de San José, también se refirió a la inseguridad, animando a dar testimonio de Jesús, “que es nuestra paz”, en medio “de tanta violencia en la familia, en el país y en el mundo”.


Etiquetas