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Nacional | Jueves 03 • Marzo • 2016

Trabajadores de Fripur en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, ayer, en el edificio anexo del Palacio legislativo. Foto: Santiago Mazzarovich

Zafar de la red

Trabajadores de Fripur mantienen la vigilia en la planta y apuestan a negociación para evitar la pérdida de 900 puestos.

“¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a seguir con el seguro de paro? ¿Nos van a liquidar? ¿Quién se va a hacer cargo de esas deudas que tenemos?”, preguntó ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados Marlen Marrero, ex trabajadora de Fripur. “Para nosotros esta situación es aun peor que la de antes, porque antes por lo menos teníamos esperanza de que el gobierno apostara a la empresa del emprendimiento cooperativo Fripur, con todos los trabajadores. Hoy por hoy, no tenemos eso ni nada”, afirmó. La ilusión que mantenían los trabajadores de reactivar la fábrica, que cerró en agosto de 2015, por medio de una cooperativa se deshizo el lunes, cuando la Justicia Concursal adjudicó la venta de Fripur a la empresa canadiense Cooke Aquaculture, siguiendo la recomendación del grupo de síndicos del grupo consultor Rueda, Abadi, Pereira. La base ofertada era de 15.000.000 de dólares y la empresa ofreció un monto superior (de alrededor de 600.000 dólares más). En diálogo con la diaria, Francisco Cobas, socio de Rueda, Abadi, Pereira y uno de los encargados de la venta de Fripur, explicó que la oferta fue escogida por el monto de compra y porque se pagará al contado. Valoró también que fueron los únicos que constituyeron una garantía de mantenimiento de la oferta y cumplieron con los requisitos que preveían los pliegos y la normativa. Explicó que lo primero que hará la empresa será retomar la pesca y que para eso tienen que reparar los barcos. “La planta industrial por ahora no se va a utilizar; eso está previsto que se haga en la siguiente etapa, que sería el año que viene y el siguiente”, dijo. Confirmó que “la empresa estaría dispuesta a contratar 100 trabajadores en el primer año hasta llegar a 350 en tres años” y que “al principio son 100 en Uruguay, 100 más en Argentina, 200 en total”.

José Umpiérrez, integrante del sindicato de Fripur, detalló a este medio que de los 100 trabajadores que contrataría la empresa canadiense, 90 serían tripulantes de barcos y diez estarían en tierra en tareas de logística y mantenimiento, por lo que no hay lugar para los empleados de la fábrica. Recordó que la Ley de Concurso establece que los trabajadores están en tercer lugar para cobrar los adeudos, después de las hipotecas (bancos) y las deudas posconcursales (generadas a partir del 1º de agosto de 2015). Cerca de 70% de los más de 15.000.000 de dólares irán a los bancos República y Santander, pero el monto ni siquiera alcanzará para saldar esas deudas; se estima que el Banco República terminará recuperando la tercera parte de la deuda contraída por los hermanos Máximo y Alberto Fernández, ex dueños de Fripur. El 30% restante será para pagar los costos posconcursales. Cobas estimó que no habrá fondos para pagarles a los concursales ni para que los trabajadores cobren lo adeudado por la empresa antes de cerrar; estimó que podrán cobrar el despido; “no sé si el 100%”, comentó.

Los trabajadores que concurrieron ayer al Parlamento plantearon la angustia por la situación de cerca de 30% de trabajadores que está a punto de jubilarse y por la realidad que se les viene. “Estamos hablando de que en Fripur hay 800 mujeres jefas de hogar que no tienen otro sueldo que ése, y ahora están cobrando el seguro, que también pende de un hilo”, planteó Silvia Arévalo, trabajadora de la fábrica desde hace 20 años. El seguro ronda los 11.000 pesos, dijeron, y venció en febrero.

Ayer, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, anunció que el seguro “se estará renovando en las próximas horas”, de acuerdo con una nota publicada ayer por la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República. Murro calificó de “razonable” la resolución judicial, puesto que “la Justicia podría haber dejado desierto el llamado y esa situación hubiera sido ‘peor’, pues significaba la venta por partes de la empresa que podría haber terminado como un depósito de basura”, citó el sitio web de Presidencia. Manifestó, además, que el gobierno hablará con la empresa canadiense porque “es objetivo lograr la mayor integración de puestos de trabajo”.

Búsqueda de salidas

Luis Puig, diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, manifestó en diálogo con la diaria el compromiso para plantear ante el Poder Ejecutivo que se extienda el seguro de paro, que se cubran los créditos laborales e instalar un ámbito de negociación para discutir las perspectivas para los trabajadores y, al mismo tiempo, la política pesquera. Los trabajadores, por ejemplo, presentaron alternativas a explorar, como la elaboración de harina de pescado y omega 3.

Umpiérrez comentó que, luego de dos o tres años sin uso, la planta estará “muy vetusta”. Luego de que ni la Justicia ni el Ejecutivo consideraran su proyecto para reactivar la planta, piden “ver la posibilidad de una tercerización con el proyecto de los trabajadores para no perder la fuente de trabajo y aprovechar ese espacio que no sería utilizado”. “La idea sería que el proyecto cooperativo pudiera arrendar o asociarse con el grupo o ver de qué manera estos empresarios pueden ceder al proyecto de los trabajadores la posibilidad de usar la planta”, agregó.

Puig acusó a los Fernández y al Banco República de haber permitido que se llegara a esta situación. “Se cometieron errores cuando se permitió hacer y deshacer a los dueños de la empresa durante años, en el sentido de que no aceptaron siquiera que una comisión parlamentaria fuera a la fábrica a ver las condiciones de trabajo conjuntamente con el sindicato, y cuando se les entregaron préstamos sistemáticamente a los propietarios de la empresa, algunos de los cuales fueron derivados a otros emprendimientos”, acusó Puig. “Es cierto que acá no tenemos una legislación de responsabilidad de grupos económicos como en Brasil, pero va a haber que pensar en algunas alternativas, porque no puede ser que se opere con esa impunidad”, agregó.

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