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Fuera de sección | Martes 26 • Abril • 2016

México DF, 25 de abril de 2016. / Foto: Ronaldo Schemidt

Abuelita, no está sola

"#MéxicoDuele" postula un hashtag usado en el último año, aunque hay que estar en México para sentir ese dolor en el cuerpo. Un ramalazo similar deja el triángulo norte centroamericano al paso de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia. Dicha caravana ha sido una iniciativa amplia que nucleó a organizaciones indígenas y estudiantiles, madres mexicanas con hijos desaparecidos, organizaciones de migrantes, grupos de usuarios de drogas y organizaciones de derechos humanos en general, que recorrió Honduras, El Salvador, Guatemala y México hasta llegar a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. “Alto a la guerra contra las drogas” fue el elemento aglutinador de la protesta. La excusa política fue la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016), que volvió a debatir sobre drogas luego de 17 años sin hacerlo. Sin embargo, el objetivo de mediano plazo de la caravana fue unificar la base social y dar visibilidad internacional en un contexto en el que voceros y voceras arriesgan sus vidas al denunciar la crisis humanitaria que vive su región.

Una semana nos tomó atravesar México de sur a norte. Ingresamos por la frontera sur, que separa, hasta con exigencia de visa, a las comunidades indígenas de Guatemala de sus hermanos en Chiapas. Nos retiramos por la frontera norte, que separa al infierno de Tamaulipas de Texas. Una semana de duelo, conteniendo el nudo en la garganta y registrando los testimonios de familiares de jóvenes que están siendo desaparecidos de manera forzada o asesinados por los poderes fácticos que gobiernan. Las razones de estas desapariciones varían según la región, pero en todo momento las víctimas son involucradas mentirosamente al “narco” o descritas como “daño colateral” de la guerra. El subregistro oficial reconoce 28.000 desaparecidos y 150.000 muertos, y las cifras van en aumento. Independientemente de la clase social o de la participación en política, la violencia se dirige hacia las juventudes que conviven con el miedo de ser secuestradas en cualquier momento para realizar trabajos forzosos. Imagínense habituarse a hablar con la abuelita mexicana y de pronto descubrir que es otra madre que anhela encontrar a su hijo con vida. Podremos acostumbrarnos, pero el dolor por México no para de crecer y las lágrimas no paran de asomar.

El dolor se transforma en rabia al oír al presidente Enrique Peña Nieto ignorar esta realidad ante la UNGASS. Pero no sorprende. Es la misma negación y complicidad que denuncia María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos y emblema de la Red de Enlaces Nacionales. Las grabaciones oficiales muestran que fueron la Policía federal y la de Iguala las que asesinaron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 500 metros después de que su ómnibus pasara un retén militar. Es la misma Policía federal que pidió a la caravana que se retrasara tres horas en su camino a Iguala, porque no podía garantizar nuestra seguridad en la ruta más directa. El mismo poder público que ha obstaculizado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y que ahora presiona para su retiro del país. Resta mucho trabajo para que el Estado mexicano asuma la búsqueda de los cuerpos o la reparación a las víctimas.

El ex presidente uruguayo José Mujica centró su último discurso ante la Organización de Estados Americanos en la siguiente idea: es posible que el mundo sufra una crisis económica y ambiental sin precedentes, pero el origen de los problemas radica en la enorme crisis política que hace inviable el cambio. Transitando Centroamérica y México se alcanza a comprenderlo.

Honduras sufre una crisis política similar, que se agravó luego del último golpe de Estado, en 2009. El gobierno ilegítimo promovió la política Honduras for business, de apertura a la inversión extranjera, sin respetar los procedimientos previstos de protección del medioambiente y de las culturas originarias. Actualmente las organizaciones indígenas se movilizan para detener la explotación desmedida de sus tierras, a pesar de que sus vidas corren riesgo por ello. La líder indígena Lenca Berta Cáceres había convocado a participar en la caravana poco antes de ser asesinada. Este asesinato político es resultado del conflicto con el Estado hondureño, que dio en concesión sus territorios sin previa consulta y hoy se enfrenta a la resistencia indígena tratando de evitar, al mismo tiempo, las demandas de las multinacionales. ¿Qué tendrá que ver la guerra contra las drogas? Todas estas regiones han sido militarizadas bajo pretexto de combatir al narcotráfico, y es sobre este mismo ejército que recaen las acusaciones por el asesinato de Berta, entre muchos otros asesinatos. Esta es la razón por la que las organizaciones indígenas Lenca y Garífuna fueron protagonistas en la caravana.

El Salvador no es excepción. Este pequeño país superpoblado de la costa pacífica arrastra una larga historia de racismo institucionalizado por dictaduras civiles y militares contra negros e indígenas, con hitos aterradores como la masacre de Nahuizalco. La última guerra civil, en la década de 1980, dejó más de 75.000 asesinados y desaparecidos. En los últimos 20 años el fenómeno de las maras se agravó como resultado de la criminalización generalizada de inmigrantes residentes en Los Ángeles. Muchos de estos jóvenes mareros migraron a Estados Unidos escapando de la guerra que había alcanzado a sus padres. Cuando comenzaron las protestas de negros y latinos en California debido al abuso policial, el gobierno estadounidense incrementó los arrestos por pequeñas cantidades de sustancias psicoactivas (destinadas al consumo personal). Aviones completos de deportados llegaron al país sin perspectiva alguna de inserción social. Hoy se estima que 500.000 personas integran las 13 maras que se disputan el control territorial.

Las iglesias han sido el espacio menos riesgoso para la militancia, y reconocidos obispos denuncian que el tránsito de drogas hacia el norte lo manejan las “fuerzas del orden” y no las maras, que se limitan al menudeo local. La impotencia de los militantes sociales se percibe en sus rostros, aunque no se rindan. La falta de oportunidades para jóvenes, la criminalización del uso y la tenencia de sustancias, y el endurecimiento de la política de seguridad han agravado la situación. La última novedad son los videos de policías amenazando a jóvenes y mostrando cuerpos acribillados en la calle. En oposición al proceso de diálogo que promueven algunas maras y las comunidades de fe, el Estado se encamina hacia una estrategia de erradicación que amenaza con aumentar la crisis.

Guatemala, por su parte, mantiene la ilusión de cambios políticos viables. Las protestas estudiantiles de 2015 finalizaron con la destitución de Otto Pérez Molina debido al tradicional vínculo corrupto del poder político con las principales corporaciones empresariales. El mismo Otto que en 2012 sorprendió al mundo al asumir el protagonismo reclamando el fin de la guerra contra las drogas y solicitando, junto con México y Colombia, el adelanto de la UNGASS prevista para 2019. En entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores notamos que la posición de Guatemala ya no es la misma desde que el humorista Jimmy Morales llegó al gobierno, con el apoyo de la iglesia pentecostal. Sin embargo, la necesidad de una reforma de la política de drogas es bien diagnosticada por el movimiento indígena con representación parlamentaria, la conferencia ecuménica y el movimiento estudiantil, y los cambios reales serán posibles una vez que se supere la fractura generacional producto del asesinato de más de 500.000 personas (incluyendo sus principales líderes políticos) que dejó la guerra.

Centroamérica duele pero sobreviven, persistentemente, pueblos que luchan. UNGASS 2016 colocó sobre la mesa un nuevo consenso internacional para encarar la “problemática global de drogas” que, por primera vez, acepta hablar de derechos humanos y salud pública como ejes rectores. Se ha salido de la caverna para permanecer a la intemperie. Conceptos como reducción de daños, descriminalización de usuarios y regulación de mercados aún no caben en la ONU, aunque las cancillerías de América Latina hayan asumido el protagonismo con seriedad y orgullosos de eso. Sin embargo, el clientelismo, la compra del voto y el financiamiento irregular de las campañas electorales siguen dominando a las instituciones democráticas; la guerra contra las drogas agravó sustancialmente esta problemática, de manera que hoy cualquier cambio profundo parece imposible sin la necesaria reforma política, que también será generacional.

En su discurso final, el presidente de la UNGASS eligió cerrar señalando que necesitamos “honestidad intelectual para reconocer los errores”, porque “si no se logran resultados” para los problemas que generó la política prohibicionista, “el mundo no alcanzará los Objetivos de Desarrollo 2030”. El mundo que nos han dejado está podrido, y la política global de drogas ha sido parte importante de las causas de que esto ocurriera. Al menos hoy podemos asumirlo.

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