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Nacional | Miércoles 13 • Abril • 2016

Al papel

Partido Nacional dispuesto a crear investigadora por Panama Papers, aunque el FA planteará una comisión especial sobre evasión.

Varios integrantes del Partido Nacional (PN) respondieron ayer a la iniciativa de la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) de crear una comisión en el Parlamento sobre evasión fiscal, a raíz de los documentos filtrados de la empresa panameña Mossack Fonseca, una de las más importantes a nivel mundial en la creación de sociedades offshore. En la reunión de bancada del lunes, los senadores frenteamplistas no llegaron a definir qué comisión promoverían, pero muchos legisladores blancos se adelantaron y ayer asumieron que la propuesta era para conformar una investigadora parlamentaria.

“Acompaño investigar sobre los ‘Panamá papers’. El @PNacional nunca se negó a las investigadoras”, escribió, por ejemplo, el senador Jorge Larrañaga. Prácticamente lo mismo opinó el también senador Luis Lacalle Pou, que sin embargo añadió: “El @Frente_Amplio aceptará investigar los negocios con Venezuela y la regasificadora?”, en referencia a dos propuestas de legisladores nacionalistas.

El diputado Rodrigo Goñi, también del PN, fue un poco más allá y, además de manifestar su acuerdo con la creación de una comisión investigadora, explicó de qué manera los Panama Papers lo involucran. Dijo que la empresa en la que figura como director, Dorianil International Corporation, fue comprada por un estudio jurídico en 1995 “a solicitud de un cliente, y con la finalidad exclusiva de adquirir un inmueble en Montevideo (ubicado en Rambla [República] del Perú 1457 apto 301)”, transacción en la que “se cumplió estrictamente con la normativa legal uruguaya, control de origen de fondos y declaración del acto ante la DGI”. “Mi intervención se circunscribió a completar con mi nombre el directorio en dicha sociedad al momento de adquirir la misma, sin revestir la calidad de propietario ni accionista de la misma, y sin intervenir posteriormente en ningún acto de administración”, dice en su Facebook. Luego añade que la empresa no tiene otra actividad y que está inactiva desde hace más de 12 años, y pone a disposición la documentación.

Pero el FA no estaba pensando en crear una comisión investigadora. El senador Ruben Martínez Huelmo fue quien presentó el tema en la bancada, con la idea de crear una comisión especial en base al artículo 131 del reglamento de la Cámara de Senadores. “Los técnicos en la materia dicen que este movimiento financiero implica un vaciamiento de las arcas de los estados, y eso es un ataque profundo a la justicia social”, opinó Martínez Huelmo, que consideró que es necesario determinar “qué tanto este movimiento afecta o no el equilibrio fiscal de Uruguay”. La propuesta definitiva se resolverá el lunes en la reunión de bancada de senadores del FA: “Se aprobó el criterio de que sea una comisión especial, pero el rótulo, el perfil, lo vamos a pensar en la semana, y el lunes vamos a resolver en la bancada”. Todavía, por ejemplo, no está claro el nombre, si sería sobre los Panama Papers o sobre evasión fiscal en general, el legislador dijo que buscará “consultar a la autoridad bancocentralista, a la cátedra, a la Secretaría Antilavado, a la Dirección General Impositiva, y será en diálogo con el Poder Ejecutivo, para saber realmente en qué lugar está parado el país”, explicó.

Martínez Huelmo destacó que desde 2005 en adelante se “hizo mucho trabajo bueno para conformar una situación diferente, para sacar al país de la categoría sospechosa en materia fiscal, de la opacidad”, y mencionó la eliminación de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) en la reforma tributaria, las regulaciones del Banco Central y del secreto bancario y la legislación para la identificación de los titulares de acciones al portador, pero quizá, dijo, falten otras reformas legislativas: “Veremos a qué se puede arribar desde el punto de vista legislativo”.

El senador rechazó que esté sobre la mesa la propuesta de conformar una investigadora, en primer lugar porque los privados no tienen obligación de responder al Parlamento y en segundo porque no hay una denuncia concreta sobre algún legislador: “Si hubiera prueba fehaciente... pero lo que tenemos son cables internacionales y noticias en los diarios. No es una comisión con nombre y apellido”.

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