Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero reiniciarán hoy las movilizaciones, esta vez en rechazo al nuevo peritaje que de ‘‘manera unilateral’’ presentó la PGR, según informó el lunes su abogado, Vidulfo Rosales, al diario mexicano La Jornada. El informe, que fue presentado el viernes por la fiscalía mexicana y el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego, señala que “existe evidencia suficiente” para establecer que en el basurero de Cocula “sí existió un evento de fuego controlado” y que “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”, una versión que coincide con la que el gobierno mexicano presentó a principios del año pasado y que ya fue refutada por el EAAF y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

La PGR y el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego anunciaron, sin embargo, que continuarán con la investigación para establecer si es posible que ahí se hayan incinerado 43 cuerpos, informó La Jornada. En la conferencia de prensa del viernes, Ricardo Torres -representante de los seis expertos en fuego que trabajaron en el peritaje- explicó que esto sólo puede comprobarse mediante “una prueba a gran escala”, cuyos resultados “serán dados a conocer en su momento”.

Para el abogado de los familiares,‘‘lo que presentó la PGR fue un estudio muy pobre en su contenido, que evidenció que el gobierno pretende que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se mantenga en la impunidad’’. Rosales agregó que este informe “nunca dice la fecha en que hubo ese incendio en el basurero de Cocula, ni el día de la incineración de 17 cuerpos en ese sitio, a diferencia de lo señalado por el EAAF, que explica con más claridad que en ese tiradero hay restos humanos de 19 cuerpos, sin que se establezca cuándo fueron quemados’’. Se refería al peritaje que el EAAF divulgó en febrero y que reveló que una falta de consistencia “entre la evidencia científica y testimonial” determina que una incineración de tal magnitud y duración no pudo producirse.

El sábado, los forenses argentinos manifestaron que si todavía es necesario investigar para comprobar si es posible que se hayan quemado 43 cuerpos en la noche del 26 de setiembre de 2014, “implica entonces que no hay una respuesta concluyente por el momento por parte del panel de expertos en fuego”. Agregaron: “Por lo tanto, dicha conclusión, por el momento, no afirma ni niega la hipótesis de la PGR”. El EAAF cuestionó que la PGR no aclare en qué consistió ese “fuego” que dicen que existió y que no especifique cuándo pudo haber ocurrido.

Finalmente, los argentinos aclararon que lo que la PGR anunció -la existencia de un “evento de fuego” en el basurero de Cocula- no está puesto en duda, ya que las imágenes satelitales reflejan que incluso antes de 2014 hubo múltiples episodios de fuego. Lo que todavía no se logró fue encontrar evidencia que pudiera vincular esos eventos con la noche en la que desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, explicaron.

Los familiares rechazaron los nuevos resultados del peritaje porque consideran que suponen volver al punto de partida, ya que la hipótesis de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula “quedó descartada” hace tiempo, dijo a la agencia de noticias Efe Clemente Rodríguez, uno de los padres. En la opinión de Felipe de la Cruz, otro padre, el gobierno mexicano insiste en que los estudiantes fueron quemados porque está “encubriendo” a alguien. “Definitivamente, los padres [...] estamos en la postura de rechazo hasta que no haya una verdad científica en donde participen todos los expertos”, agregó.

En tanto, el GIEI denunció que la PGR violó los acuerdos alcanzados entre las dos partes sobre la forma de divulgar los resultados de un nuevo peritaje. El grupo anunció, además, que se rompió el “acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, visto la falta de cumplimiento” por parte de la procuraduría. Según el GIEI, la PGR pasó de una dinámica de “diálogo y consenso” a una de “decisiones unilaterales”, y explicó que no conocían el contenido del informe y que nunca decidieron “en conjunto” cómo y cuándo divulgarlo.