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Nacional | Lunes 11 • Abril • 2016

Donde manda capitán

Ministerio del Interior y Fiscalía firmaron protocolos de investigación de crímenes.

El 1° de febrero de 2017 entrará en vigencia la Ley 19.293, que modificó el Código del Proceso Penal y estipuló un cambio de roles. Se le atribuyó a la Fiscalía General de la Nación, además de la titularidad de la acción penal, la potestad de dirigir la investigación de crímenes para lograr llegar a un proceso acusatorio, no inquisitivo. En ese marco, la Fiscalía y el Ministerio del Interior (MI) acordaron nuevos protocolos de investigación en los casos de delitos de violencia de género, contra la vida e integridad física, la salud pública (vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes), la propiedad y la propiedad en el ámbito rural. Se creó la llamada “trilogía investigadora”: el fiscal será el investigador jurídico y director de la investigación; la Policía, el investigador fáctico y recolector de evidencias, y el perito, el investigador técnico y científico. Los policías no podrán “cuestionar la procedencia, conveniencia ni oportunidad” de las órdenes recibidas. El ministro Eduardo Bonomi aseguró que “la mejora del sistema es una de las condiciones para mejorar la seguridad”. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, asumió la “responsabilidad” y sus respectivas “consecuencias”: “No le echaremos la culpa a otro si las cosas salen mal”, afirmó.

Los protocolos, que se presentaron el viernes, prevén “facilitar” a la víctima el derecho a estar en conocimiento del progreso de las investigaciones y, por otro lado, garantizar la premisa constitucional de que los imputados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad por “sentencia firme”. Su objetivo es orientar a los investigadores a cerciorarse de que sus sospechas sobre la participación de una persona en un delito se basen en una “evaluación objetiva” de los hechos.

En ese sentido, Bonomi explicó que la coordinación entre fiscales y la Policía es clave para determinar patrones mediante el análisis de los delitos y su contexto. Actualmente se analizan caso a caso en cada juzgado: se trata, pues, de una investigación “muy limitada”. “Si saltan puntas para otro caso pero el juez actuante no tiene ese otro caso, [aunque] la Policía pida órdenes de allanamiento para seguir el otro caso, el juez no siempre las da, porque no lo está siguiendo”, afirmó. Con el nuevo Código y protocolos se “globalizará” la investigación. Esto permitirá “utilizar los recursos jurídicos mucho más fácilmente”, lo que, aseguró, mejorará “sustancialmente la investigación”.

Por su parte, Díaz sostuvo que se podrá “catalogar y dar una respuesta temprana a los hechos delictivos”. Para lograrlo, se priorizarán las investigaciones de delitos en función de parámetros “objetivos” de gravedad e impacto que “puedan tener en el desmembramiento de las organizaciones criminales”, cuestión que permitirá una distribución “adecuada” de los recursos de trabajo. “Cuando no sucede esto, se está haciendo una priorización negativa, porque se da importancia o se resuelve lo más fácil. No hay sistema en el mundo que permita perseguir todos los delitos en forma igualitaria”, señaló. Aseguró que la investigación desarrollada por los jueces de forma aislada y sin ningún tipo de coordinación llegó “al punto de que las investigaciones se pisan unas a otras, […] se emplean métodos de investigación totalmente disímiles y poco profesionales, se utiliza información compartimentada y hay diversidad de criterios de política criminal”. Según dice, eso es lo que impide que el sistema sea “estratégico y eficiente”.

Bonomi también anunció que este año se lanzarán nuevos protocolos respecto de delitos informáticos y contra los derechos humanos en el pasado reciente.

Otra matriz

“Porque siempre que hay un investigador y un auxiliar la responsabilidad es del director, la reforma es necesaria pero no suficiente. No alcanza con que sustituyamos a los jueces por los fiscales si estos últimos siguen teniendo el mismo régimen de funcionamiento que los jueces”, dijo Díaz el viernes. De esta forma el fiscal de Corte anunciaba un nuevo estatuto para “consagrar los principios de unidad de acción y jerarquía que permitan al Estado llevar adelante investigaciones en base a una única política criminal”. El jueves el consejo consultivo de la Fiscalía aprobó el proyecto de estatutos de los fiscales, y el viernes lo envió al Poder Ejecutivo para su estudio y posterior envío al Parlamento, “si lo entiende pertinente”.

Mano dura

Bonomi hizo referencia al pedido del senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, de aumentar penas para quienes comenten el delito de venta de pasta base: “Hace dos años la aumentamos y desde entonces nadie cumplió más pena por haber traficado, porque el Instituto Técnico Forense [ITF] no discrimina si está en presencia de pasta base o de cocaína. El juez no tiene los elementos para ello”, explicó. Aclaró que plantearon al Ejecutivo que ese análisis, además del ITF, lo lleve a cabo la Policía Científica, “que no sólo puede determinar de qué tipo es, sino de qué país viene”. “¿De qué sirve seguir discutiendo aumentar las penas sin que se discuta cómo se impide que [el recluso] salga [de la cárcel] sin haberse rehabilitado y vuelva a delinquir?”, agregó. En ese sentido, recordó que en marzo envió varios anteproyectos al Poder Ejecutivo, que se proponían endurecer la normativa penal sobre reincidencia, libertades anticipadas y salidas transitorias, porque lo que considera importante es que “se cumpla” el proceso tipificado por la Justicia. “Hace más de 25 años que la receta es aumentar las penas, pero lo hacen sólo en el papel. Los años por rapiña aumentaron a 16, pero quien comete una rapiña sale en ocho meses, un año”, sostuvo. Por eso, propuso “limitantes a la libertad anticipada, en la medida en que no se compruebe que la persona que va a salir no está realmente rehabilitada”.

En diciembre del año pasado, Díaz aseguró que “mucho más que endurecer penas, los mejores resultados en materia de seguridad comenzarán a verse cuando aquel que vive del delito sienta que, si actúa, lo más probable es que sea atrapado”. La última información respecto de denuncias y procesamientos data de 2013 e indica que de 200.000 denuncias, aproximadamente 34.500 llegaron al sistema judicial (alrededor de 18%) y, de ellas, sólo 9.100 dieron mérito a una imputación penal (4,5%). Las cifras evidencian que la “única respuesta” que se da es la imputación, y esto “implica que 95% no recibió respuesta”. “Razonando por el absurdo, podríamos aplicarle penas severísimas a ese 4,5%, pero el problema va a seguir estando”, añadió.

Díaz explicó que, aunque vivimos campañas de “orden y mando” en la década de 1990, mediante las cuales se crearon y tipificaron delitos para encarcelar, el problema de la seguridad no desapareció. Es más: se triplicó la población carcelaria. “Después, cuando se pensó que las raíces estaban en la pobreza y la indigencia, se atacaron esos puntos. Pero nos dimos cuenta de que, aunque haya disminuido la pobreza y casi desaparecido la indigencia, el problema continúa. No hay una política pública de seguridad”, sostuvo. Consideró que para que esta exista deben imbricarse cuatro elementos: la investigación y persecución deben estar relacionadas con las tareas de prevención y conjuración. Con el nuevo Código y protocolos se podrá elaborar una política pública y la mejora en los índices “que todos deseamos”, aseguró.


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