La desaceleración económica golpeó en Uruguay y, si bien el gobierno estimaba que el Producto Interno Bruto crecería 2,5% en 2015, finalmente el crecimiento de la economía fue de un modesto 1%. Esto llevó a que el Ministerio de Economía y Finanzas anunciara que actualizará las previsiones económicas y, por lo tanto, también las previsiones de gasto público. Danilo Astori anunció que a fines de abril presentará las medidas de recorte presupuestal que se incluirán en la próxima Rendición de Cuentas, que se enviará al Parlamento antes de que termine junio.

El Presupuesto preveía que en 2016 la economía crecería 2,5%, y 2,75% en 2017. Astori no anunció todavía las nuevas perspectivas, pero estimó que la previsión del Fondo Monetario Internacional para este año, de 1,4% de crecimiento, era un número adecuado. “Hay que hacer esfuerzos fiscales, controlar mucho el gasto, mucho, con mucha cautela, y, sobre todo, elegir cualitativamente cuál es el gasto que importa”, anunció Astori la semana pasada, al tiempo que reafirmaba que habrá dos áreas que quedarán exentas de recortes: “Hoy el gasto que más importa en Uruguay no sólo es el que está dirigido a fines sociales -que es el que queremos cuidar más-, sino el que va a promover una necesidad fundamental del país, que es el avance infraestructural”. Aseguró que este último se “apoyará”. En una entrevista con el portal elcambio.uy, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que no se analiza “dar de baja a algún proyecto, sino diferirlo un poco en el tiempo, o pausarlo al Parlamento para atender la situación y no tocar la inversión social”.

¿De dónde?

El Presupuesto votado en 2015 prevé un incremento de 13.127 millones de pesos para 2017 respecto de la línea de base marcada por el Presupuesto anterior, y destina la mayor parte de esos aumentos en las áreas de la educación (6.260 millones de pesos), en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC, 1.514 millones de pesos) y en infraestructura (1.351 millones de pesos) (ver tabla).

Entre los recursos incrementales que se destinan a la educación, el Presupuesto otorga a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un aumento de 4.469 millones de pesos en 2017 respecto de lo que está previsto ejecutar este año. En esa cifra se incluyen los montos destinados en la ANEP a las líneas de acción del SNIC (unos 306,6 millones de pesos previstos en el artículo 553 de la Ley 19.355), 832,5 millones de pesos destinados a la ampliación de la modalidad de tiempo extendido, fortalecimiento de la educación media y un sistema de becas estudiantiles para la educación media básica y educación media superior, y 117,5 millones para esos mismos programas en formación en educación y educación terciaria.

1.143 millones de pesos están destinados a la Universidad de la República, 110 millones de los cuales corresponden a gastos de funcionamiento e inversiones en el Hospital de Clínicas, 60 millones al financiamiento de cargos de dedicación total y 210 al programa de investigación y fortalecimiento de posgrados.

La asignación presupuestal prevista para la implementación y el funcionamiento del SNIC, que el Poder Ejecutivo preveía de 1.914 millones de pesos para 2017 pero, tras la discusión parlamentaria, bajó a 1.514 millones, se ejecuta mediante diversos programas: el Plan CAIF, los centros diurnos de primera infancia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), las becas de inclusión socioeducativa del Ministerio de Desarrollo Social, y los servicios para adultos mayores y para personas con discapacidad dependientes. Otros programas del INAU implican 216 millones de pesos en 2017.

En infraestructura se destinan en total 1.351 millones de pesos para 2017, entre los que se incluyen los recursos para vialidad que Uruguay pone como contraparte del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria. Los gastos en salud abarcan en total 960 millones de pesos para 2017, de los que a la Administración de los Servicios de Salud del Estado le corresponden 850 millones. Entre otros rubros, estos recursos están destinados a la presupuestación del personal contratado mediante la Comisión de Apoyo, a la creación de cargos asistenciales para diversos proyectos del organismo (por ejemplo, 50 millones de pesos para cargos necesarios para el Centro Asistencial Penitenciario), a la adecuación de las remuneraciones de auxiliares y licenciados en enfermería, a la creación de cargos para implementar nuevos sistemas de información, y 100 millones de pesos se destinarán a la mejora de infraestructura edilicia y equipamiento en diversos centros de salud, entre ellos, la remodelación de los centros de salud mental. Entre los gastos en seguridad, 210 millones son para la creación de cargos de alta dedicación en el marco de la Ley Orgánica Policial, del régimen de alta dedicación y para las cárceles en el Ministerio del Interior.

En materia de descentralización, el gobierno comprometió recursos a los gobiernos departamentales por 513 millones de pesos en 2017, que incluyen partidas para los municipios, un fondo para infraestructura metropolitana y partidas destinadas a caminería rural (previstos entre los artículos 676 y 685). En la categoría “Otros gastos previstos para 2017” se incluyen los recursos destinados para la protección del ambiente a las direcciones nacionales de Medio Ambiente, Agua y Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; 100 millones para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (artículo 656); 150 millones para el Plan Ceibal (artículo 657); 100 millones para el Plan Ibirapitá (artículo 658); 30 millones para el Instituto Nacional de Meteorología, y unos 20 millones para la Fiscalía General de la Nación, para la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal, aunque el gobierno ya anunció su voluntad de postergarlo hasta 2019.