Ayer fue la sesión inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés), en Nueva York. La sesión, que estaba prevista para 2019 pero se adelantó tras un pedido en 2012 de los presidentes de Colombia, Guatemala y México, tiene como objetivo revisar la política actual sobre las drogas y replantear los objetivos, después de casi 20 años (la última asamblea fue en 1998).
Entre otros países, Uruguay hizo su intervención ayer. Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, insistió en que la estrategia mundial contra las drogas no dio los resultados previstos, y destacó que hay ejemplos de países que “intentan dar una respuesta más eficaz, eficiente y humana”. “El régimen actual de fiscalización, basado en una rígida prohibición, parece haber sido insuficiente, confuso, contradictorio, cuando no perjudicial para lograr los fines últimos que se proponía. Se espera que los estados cumplan con las convenciones. Se espera también que estas sean claras, precisas y coherentes”, afirmó Romani, tras recordar citas del ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, en el mismo sentido.
El actual paradigma, continuó Romani, no sirvió para regular la circulación de drogas y en cambio sí logró aumentar la “peligrosidad de los mecanismos usados para controlar y las agencias que han sido usadas para aplicar la ley”. El fin último de las convenciones, afirmó, es “salvaguardar derechos”: “El derecho al bienestar y la salud de la humanidad. El derecho a la accesibilidad de las sustancias controladas para sus usos médicos y científicos. El derecho a calmar el dolor, mitigar los daños y cooperar con los usos pertinentes de las drogas”.
El jerarca uruguayo se refirió al documento consensuado en el proceso preparatorio de la UNGASS, que se aprobó ayer en la sesión inaugural, “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”. Si bien dijo que el documento es “un paso adelante”, mencionó aspectos “que muchos estados seguimos considerando insuficientes, como la urgente necesidad de promover una moratoria a la pena de muerte por ofensas en drogas, la proporcionalidad de las penas, descriminalizar la tenencia y el uso de drogas, asumir el enfoque de reducción de daños y riesgos”.
El documento aprobado se compromete a promover activamente “una sociedad libre del uso indebido de drogas”, paraguas que para Romani debe permitir “admitir que la reducción de daños es una excelente mirada para evitar los abusos. Que regular los mercados es un non plus ultra para, precisamente, evitar todo tipo de abuso. Reducción de riesgos y daños es un modelo que atraviesa oferta y demanda, tiene virtudes humanistas y garantiza derechos. Responde a una responsabilidad compartida del Estado y la sociedad”.
Explicó la estrategia de regulación integral del mercado de cannabis de Uruguay, y aclaró que este camino “no pretende ser una solución aplicable a otros países”. Incluso, destacó, en una reciente visita, una misión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU “más allá de las opiniones controvertidas sobre convencionalidad, manifestó su interés en el seguimiento de esta iniciativa”.
“La guerra ha terminado. Una guerra insensata, sostenida desde un enfoque fundamentalista de un prohibicionismo rígido con pretensión de pensamiento único”, reiteró Romani, que añadió que fue insensata “por la desproporción de las penas con la ofensa, la aplicación de la pena de muerte y la criminalización de los usuarios”, y que el frente extendido de la guerra contra las drogas “ha impedido concentrar los golpes en los eslabones más importantes”. Dijo que, en cambio, ahora es “tiempo para la paz. Tiempo para garantizar derechos y promover salud. Tiempo para que el problema mundial de las drogas lo enfoquemos desde la mirada del desarrollo humano”.
La guerra va quedando atrás
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, que también intervino ayer, pidió que se transite el camino desde la prohibición “a una efectiva prevención y eficaz regulación”. “Es innegable que en los años recientes los términos en el debate han cambiado; comienza a surgir un consenso a favor de una reforma del régimen internacional sobre las drogas; se vislumbra un nuevo enfoque que combata a los criminales, pero que en lugar de criminalizar a los consumidores, les dé oportunidades y alternativas”, dijo.
El documento aprobado ayer manifiesta, por ejemplo, su “preocupación” por la escasa o nula disponibilidad de drogas para fines médicos y científicos, reafirma que los estados tienen “suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades”, y reconoce en la sociedad civil y la comunidad científica un rol importante para “abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas”.