Pasaron casi cuatro meses de aquel día de verano en que el flamante presidente argentino Mauricio Macri bajó de su helicóptero en la estancia presidencial de Anchorena para almorzar con su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez. De los temas más importantes abordados en aquel encuentro bilateral, el que se concretó en los hechos fue la liberación de las trabas portuarias; de hecho, Macri bajó del helicóptero con el decreto que derogaba la prohibición de transbordo de buques argentinos en puertos uruguayos, según el relato del embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano. Mientras las compañías navieras y las terminales portuarias intentan recuperar lentamente lo perdido por aquella medida del gobierno de Cristina Fernández, otro de los temas centrales de la reunión de Anchorena, el monitoreo ambiental de la planta de celulosa de UPM y del río Uruguay, permanece sin definiciones.
“Logramos acuerdos fundamentales para trabajar en conjunto en el monitoreo medioambiental de nuestros ríos comunes, estableciendo la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental, en lo aéreo, en el agua, en la tierra, que no sólo sirva para apoyarnos mutuamente como países, sino que también podamos impulsar que lo utilicen otros países de la región”, anunció Vázquez tras la reunión presidencial realizada en enero.
Pero hasta ahora persiste un obstáculo importante para trabajar en esa dirección: Argentina aún no nombró a su delegación en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que es la que se está encargando del monitoreo ambiental de UPM. El 19 de febrero, en ocasión de la reunión en Montevideo de los cancilleres de Uruguay y Argentina, Rodolfo Nin Novoa y Susana Malcorra, la ministra argentina presentó a Eduardo Villalba, un diplomático de carrera, como futuro embajador ante la CARU, pero el nombramiento aún no se ha concretado.
Gastón Silberman, titular de la delegación uruguaya ante la CARU, explicó a la diaria que hasta el momento se está trabajando “unilateralmente, y la información se comunica a la cancillería argentina”, y que de todos modos existen contactos “informales con el embajador propuesto, con el que estamos intercambiando información”. La reunión con Villalba realizada en febrero fue “muy racional, afable y fraterna, con muy buenos horizontes”, evaluó Silberman.
De momento, la CARU continúa realizando en forma mensual el monitoreo de la pastera UPM en Fray Bentos y de la desembocadura del río Gualeguaychú. El comité científico, que, según señaló Silberman, está integrado por los técnicos argentinos Mabel Tudino y Esteban Lyons y los uruguayos Eugenio Lorenzo y Gustavo Seoane, continúa tomando una vez por mes muestras de la planta, de la desembocadura del Gualeguaychú y del agua del río Uruguay en un margen de 30 kilómetros, y estas muestras siguen yendo al laboratorio, pero aún no se han modificado los criterios que tiene cada país para interpretar los datos, que son distintos y por lo tanto generan conclusiones diferentes. “En cuanto a las conclusiones que deberían sacarse como consecuencia de los resultados recibidos, seguimos en la misma situación. Como las tablas son diferentes, no hay resultados en común, no hay conclusiones comunes”, explicó Silberman. Agregó que al no haber delegación argentina en la CARU, el tema se conversa directamente a nivel de las cancillerías.
Fuentes de la cancillería uruguaya dijeron a la diaria que el ministerio elevó al gobierno argentino una propuesta de creación de una entidad binacional ambiental, pero que aún no han tenido respuesta de la cancillería argentina. La idea de la cancillería uruguaya no es crear un nuevo “superorganismo”, porque llevaría un proceso institucional de instalación complicado -requeriría tratados y aprobaciones parlamentarias-. Pero sobre todo, esta opción se descarta teniendo en cuenta la actual situación económica y las “restricciones presupuestales”. En cambio, el planteo es “reutilizar” las capacidades que ya existen. En otras palabras, que el comité científico siga funcionando pero bajo otra modalidad y con otras lógicas, que sean de común acuerdo entre ambos países. “En palabras de Argentina, vamos a salir de este embrollo, y por arriba. Vamos a tener que reagrupar los cometidos y la manera de trabajo del grupo. La idea es mantener las equidistancias técnicas en las dos partes, y empezar de a poco, con las capacidades que tenemos. Y las capacidades más claras están en el ámbito de la CARU, porque ya hay un laboratorio allí”, explicó una fuente de cancillería. Más adelante, “en el mediano plazo”, si la situación económica y el consenso político lo permiten, se podrá ampliar el monitoreo a todo el río Uruguay.
En cancillería aguardan la respuesta de la vecina orilla. “Argentina está trabajando en la propuesta; nos pidieron un poco más de tiempo, han tenido dificultades en nombrar los equipos. La pelota está en la cancha de ellos”, sintetizó una fuente del gobierno uruguayo.