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Internacional | Viernes 15 • Abril • 2016

Jugada

El Tribunal Supremo de Brasil falló en contra del recurso que el gobierno del PT presentó para detener el juicio político contra Rouseff.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el recurso contra el juicio político a la presidenta Dilma Roussef que presentó ayer el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, que alegó irregularidades de procedimiento. El recurso reclamaba que suspenda el tratamiento del juicio que comenzará hoy y que durará hasta la votación del domingo en la Cámara de Diputados de Congreso, alrededor del cual se instalaron fuertes medidas de seguridad.

En el recurso que fue denegado, en sesión extraordinaria y por ocho votos contra dos, Cardozo denunciaba “vicios que hieren de muerte” el proceso que puede llevar a la destitución de la presidenta Rousseff. En una conferencia de prensa, Cardozo exigió que se declare “nulo” un informe, elaborado por el diputado Jovair Arantes y aprobado por otros 65 legisladores, que establece que existen méritos jurídicos para iniciar el proceso contra la mandataria, acusada de maquillar con maniobras ilegales las cuentas del gobierno entre 2014 y 2015.

Cardozo explicó que en su denuncia no cuestiona “el mérito de la acusación” sino que señala “vicios procesales”, tales como citar casos “completamente ajenos” a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción de la empresa Petrobras, “en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada”. En su opinión, “sólo eso ya perjudicó el legítimo derecho a la defensa” de la mandataria, que en sus alegatos se limitó a responder a “aquello que era objeto de la acusación”.

El recurso llegó al tribunal cuando estaba todo listo para que la Cámara de Diputados tratara el pedido de juicio político en tres sesiones: hoy, el sábado y el domingo, cuando está prevista la votación en el plenario. La Policía anunció ayer que desplegará 3.000 de sus efectivos en los alrededores del Congreso, y el jefe de seguridad de Brasilia, Antonio Carlos Freitas, dijo que “en total, habrá unos 10.000 hombres listos para actuar en caso de necesidad”. El operativo de seguridad también prevé revisar a las personas que se acerquen a la zona para evitar que tengan objetos cortantes, así como la instalación de una valla de un kilómetro de extensión y dos de alto para evitar enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra del juicio político, que se espera que se reúnan junto a la sede del Congreso.

Para que el proceso avance hacia el Senado, quienes lo respaldan deberán reunir en la Cámara de Diputados una mayoría de dos tercios -342 votos de un total de 513-. El diario Estadão estimaba anoche que la oposición ya habría alcanzado ese número de apoyos en la cámara baja, luego de que el diputado Altineu Côrtes (PMDB) se pronunciara a favor de la destitución.

Los 81 miembros del Senado decidirán, por mayoría simple, si se iniciará el juicio político. De ser así, Rousseff debe apartarse del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para desarrollar ese proceso, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, que completaría el mandato hasta el 1º de enero de 2019, en caso de que la presidenta fuera destituida.

Rousseff prometió el miércoles, en un acto público, que “luchará hasta el último minuto” para impedir el proceso de destitución. “Sé que los brasileños están de mi lado y que venceremos en esta batalla”, dijo. También dio a entender que el gobierno cuenta con los 172 votos necesarios para impedir que se imponga la mayoría opositora.

En una de sus estrategias para ganar votos, ayer la presidenta exoneró del cargo a cuatro ministros para que recuperen sus funciones de diputados y voten el domingo en contra del juicio político. Se trata de Celso Pansera, de Ciencia y Tecnología; Marcelo Castro, de Salud; Mauro Lopes, de Aviación Civil; y Patrus Ananias, de Desarrollo Agrario, según informó el Diario Oficial de la Unión. Ananias pertenece al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), mientras que Pansera, Castro y Lopes son del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Temer.

Sin embargo, el gobierno no tiene los números asegurados. El Partido Progresista (PP), que tiene 49 diputados, anunció el lunes su decisión de votar a favor del juicio político. Un día después, los partidos Republicano Brasileño y el Laborista Brasileño, que en conjunto suman 40 diputados, hicieron lo mismo. Ayer, el Partido Social Democrático, que lidera el ministro Gilberto Kassab y tiene 38 diputados, también se pronunció a favor de la destitución de la presidenta brasileña. Estos votos se suman a los de otros grandes partidos que ya se pronunciaron en la misma línea -como el PMDB, que cuenta con 68 escaños, y el Partido de la Social Democracia Brasileña, que tiene 50-, lo que hace del proceso un camino cuesta arriba para la presidenta.

Como si esto fuera poco, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció ayer que cambiaría el orden de la votación del domingo -en lugar de que voten primero los diputados del sur del país y luego los del norte, será al revés-, algo que según los legisladores oficialistas es una “maniobra” para que los estados que apoyan a Rousseff voten en última instancia y no puedan influir a los indecisos, según Folha de São Paulo. Anoche, antes de rechazar el recurso presentado por Cardozo, y en una señal contraria a los reclamos del gobierno, el STF ratificó el orden de votación propuesto por Cunha.

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