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Nacional | Martes 26 • Abril • 2016

Marisa Lindner y Marina Arismendi en el anexo del Palacio Legislativo, en la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. / Foto: Pablo Vignali

La familia no se elige

En 2015 se registraron cinco situaciones de maltrato y abuso sexual a niños y adolescentes por día; 91% de los agresores son familiares.

En el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes se presentó el informe de gestión del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) correspondiente al año pasado. Se registraron 1.908 situaciones de violencia, 10% más que en 2014. Nueve de cada diez agresores son familiares directos o personas que pertenecían al núcleo de convivencia. 55% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. El informe concluye que el ámbito familiar, “lugar que debería oficiar de protección y cuidado”, se convierte en el lugar donde más se vulneran los derechos. La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, aseguró que “la sociedad en su conjunto tiene que analizar el lugar que se les da a los niños, cómo se concibe a las familias y cómo se resuelven los conflictos”.

Más de la mitad del total de los registros se corresponden con niños y adolescentes de entre cuatro y 12 años, con relación igual para ambos sexos. La violencia hacia el sexo femenino empieza a aumentar a partir de la adolescencia. Respecto del tipo de violencia, 46% son situaciones de maltrato emocional, 21% de abuso sexual, 19% de maltrato físico y 14% de negligencia. Tres de cada cuatro situaciones de abuso sexual registradas tienen como víctimas a niñas y adolescentes mujeres. Los tipos de violencia varían según la edad: el maltrato físico y abuso sexual aumentan conjuntamente con los años de vida, especialmente este último, que pasa de 7% en la franja de cero a tres años a 35% cuando la víctima tiene 18 años o más. Según el informe, los datos se mantienen relativamente iguales desde la creación del SIPIAV, en 2007.

Desde 2011,cuando fueron 824 casos, aumentó constantemente la cantidad de registros: en 2012, 1.239; en 2013, 1.319; en 2014, 1.728, y en 2015 fueron 1.908, aunque el aumento no es de casos ocurridos, sino identificados y registrados.

63% de los agresores son varones, pero se está registrando un paulatino aumento de agresoras mujeres desde 2013. En cuanto a la edad, la mitad de las personas agresoras tiene entre 30 y 40 años. Sobre la cronicidad, sólo una de cada cinco situaciones se registró como única. Si se considera el tipo de violencia, en cuatro de cada cinco situaciones de abuso sexual las situaciones fueron crónicas. También se indica que muchos tipos de violencia coexisten, porque “difícilmente un tipo de maltrato ocurre en forma aislada”. Sin embargo, se explica que se consignó, para elaborar el informe, “el tipo de violencia que genera un mayor impacto o una sintomatología más severa”.

De los 1.908 casos registrados, hay información completa de 1.650, cifra que equivale a 86% y representa un aumento respecto de 2014, cuando sólo se registraron de forma competa tres cuartos del total. De los 1.650 casos, tres son de violencia institucional. En ese sentido, Lindner afirmó que es necesaria una “revisión institucional” y actuar en coordinación para abarcar el tema de la violencia hacia niños y adolescentes en “profundidad y con la complejidad que merece”. Según las bases para la planificación estratégica 2015-2019 del INAU, se “asume el compromiso de prevenir, erradicar y sancionar las prácticas institucionales” inadecuadas y/o violentas. Para lograrlo, Lindner aseguró que se están revisando los protocolos de acción en conjunto con UNICEF. A su vez, señalan que es necesaria la sensibilización de la población y la capacitación de los operadores para detectar de forma más temprana los casos de violencia y, consecuentemente, disminuir sus efectos. Aseguran que la escuela es un lugar fundamental para la detección de este tipo de situaciones.

También se asegura que para evitar la impunidad frente a la violencia sexual “resulta imperiosa y urgente la adecuación de la legislación penal sustantiva, introduciendo la perspectiva de género y generaciones, que permita eliminar la carga discriminatoria hacia la víctima, que hoy subsiste, e incorporar figuras delictivas adecuadas” a este tipo de violencia.

Los actores

Desde el Ministerio del Interior, el director general de Secretaría, Charles Carrera, aseguró en la presentación del informe de gestión del SIPIAV que Uruguay está atravesando una “crisis de valores” y que es imprescindible actuar de forma integral con el resto de los organismos estatales para lograr sensibilizar a la población y garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Por otro lado, Carrera se refirió al proyecto de ley de Tenencia Compartida que envió el 5 de febrero el senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, que establece que “en caso de cualquier denuncia realizada contra uno de los progenitores [...] no se suspenderá la tenencia compartida, hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del progenitor denunciado”. En la exposición de motivos, el senador plantea que “en algunos casos” de separación de los padres, sea por el motivo que sea, se generan “problemas tales como la falta del pago de los alimentos, el alejamiento del padre visitante, un abuso psicológico o síndrome de alienación parental (SAP) en el menor por parte del progenitor conviviente y el dolor de este por no contar con uno de sus progenitores”. Carrera concluyó que la única interpretación posible del proyecto es que “no importa seguir vulnerando” los derechos de los niños y adolescentes, porque se da por sobreentendido que la obligatoriedad de que la tenencia sea compartida implica que aunque el progenitor haya abusado del hijo o lo haya violentado, tiene derecho a tener al niño consigo. Carrera aseguró que su cartera está trabajando para generar un “cambio cultural y de estereotipos”.

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