La detención de Báez el martes fue seguida con mucha atención por los medios de comunicación argentinos, que compitieron para tomar las mejores fotografías del empresario patagónico esposado, cuando era trasladado a una dependencia de la Policía Federal o cuando entraba al juzgado. El denominado “empresario K” fue la noticia principal de las páginas de Clarín y La Nación desde el martes de noche, y reemplazó en buena medida las noticias vinculadas a las dos empresas offshore del presidente Mauricio Macri, que fueron reveladas en la filtración de los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca.
Según el diario Página 12, cercano al kirchnerismo, esto no es casualidad: la Casa Rosada estaba esperando que surgiera alguna noticia que permitiera desviar la mirada de las cuentas offshore de Macri y de los fuertes aumentos de tarifas anunciados la semana pasada, que recibieron críticas incluso de los aliados del gobierno. La detención de Báez, acusado en informes periodísticos de cometer diversos delitos económicos, fue esa gran noticia.
Denuncias para todos
El abogado Eduardo Barcesat anunció ayer que “si ningún fiscal actúa de oficio”, presentará una denuncia contra el presidente de Argentina, Mauricio Macri, por supuesta “evasión fiscal agravada” y “lavado de activos”, por su participación en dos sociedades offshore, que fue revelada el domingo en los Panama Papers. “Existen 420.000 millones de dólares en paraísos fiscales provenientes de riqueza producida en Argentina y no se puede dejar de investigar, sobre todo teniendo en cuenta que está involucrado el primer mandatario del país”, dijo Barcesat a la agencia de noticias Télam.
El juez Sebastián Casanello decidió adelantar la audiencia indagatoria que estaba prevista para mañana y la realizó ayer. Al comparecer en el juzgado, Báez, su hijo y Pérez Gadín decidieron no responder las preguntas.
La causa contra Báez por sospechas de que lavó dinero comenzó en 2013 a raíz de las declaraciones del financista Federico Elaskar en el programa del periodista Jorge Lanata Periodismo para todos. Elaskar dijo que había trasladado “millones” de dólares de Argentina a sociedades offshore panameñas a pedido de Báez. Pero cuando fue convocado por la Justicia, Elaskar negó que eso fuera así, y la causa quedó en un impasse. Se reavivó hace unas semanas, cuando se difundieron por televisión videos de 2012 en los que aparecen Martín Báez y Pérez Gadín, entre otros, contando dólares que sacan de bolsos llenos de billetes.
De a varios
“No haría lectura política, tiene que ver con una crónica policial. Lo que pasa es que se mezclan los tantos, porque aparece una cuestión institucional que para mí necesita muchísimas explicaciones, como este tema de las sociedades offshore”, dijo sobre la detención de Báez José Luis Gioja, quien debido a un acuerdo se encamina a ser designado en mayo presidente del Partido Justicialista (el cual integra el kirchnerismo). Pese a considerarlo un caso policial, Gioja pidió que la Justicia dé “un trato igualitario” a la causa de Báez y al “tema” de las sociedades offshore de Macri.
La detención de Báez se enmarca en el gran número de causas judiciales que fueron reavivadas tras la salida del gobierno de Cristina Fernández y que el gobierno y los medios periodísticos opuestos al kirchnerismo presentan como “el fin de la impunidad”. Una de las referentes de esa lectura es la diputada de la alianza oficialista Elisa Carrió. “Cuando cae el poder cae la impunidad” y “[Hoy es] un gran día de Justicia”, fueron algunos de sus tuits después de la detención de Báez.
En el marco de las investigaciones judiciales contra el kirchnerismo ayer hubo varias novedades. Fueron presentadas dos denuncias contra el empresario de medios Sergio Szpolski, también vinculado con la familia Kirchner, por presuntos delitos cometidos al frente del Grupo 23. El ex ministro de Transporte Ricardo Jaime apeló la decisión del juez de mantenerlo en prisión preventiva, régimen en el que se encuentra desde el sábado, investigado por delitos vinculados a la corrupción, mientras que en otra sede judicial, el juez Daniel Rafecas sumó entre los querellantes al gobierno (representado por la Oficina Anticorrupción) en la causa que investiga presuntas irregularidades de la empresa Hotesur, de la que es accionista la ex presidenta.
Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se reabra la causa judicial en la que se investiga el intento del empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson de ingresar a Argentina casi un millón de dólares, y las sospechas de que esa plata estuviera dirigida a colaborar con la campaña electoral oficialista de 2007. A esto se suma que un juez federal solicitó que declare el ex jefe de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, por sospechas de que reveló información reservada sobre las tareas del organismo con el objetivo de favorecer a personas investigadas por lavado de dinero.