El cambio de gobierno, que trajo el aumento de los despidos y el incremento de las tarifas de los servicios públicos, llevó a que las cinco centrales sindicales más grandes de Argentina iniciaran un proceso de acercamiento. Ya hubo algunas marchas impulsadas por más de una central, y para el viernes se está planificando una en la que todas confluirán en el mismo recorrido para protestar por los despidos y la inflación. Las tres vertientes de la Confederación General del Trabajo y las dos de la Central de Trabajadores de la Argentina empezaron a reunirse meses atrás para exigir un cambio en el impuesto a la renta, denominado Ganancias, pero, ante el crecimiento del desempleo, optaron por trabajar en definir las características necesarias para un proyecto de ley que declare la “emergencia laboral” en Argentina.

Las comisiones de trabajo de ambas cámaras recibieron los proyectos de varios legisladores opositores, los unificaron y los aprobaron el miércoles con los votos de la oposición, que, por primera vez, votó unida.

Los proyectos declaran la emergencia laboral y establecen que los trabajadores que sean despedidos durante ese período en el sector privado “podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo” o “convalidar la extinción del vínculo” laboral, caso en el cual el pago de la indemnización deberá duplicarse.

Hay diferencias entre ambos proyectos. El de Diputados es el más duro: prohíbe “las cesantías o desvinculaciones” del Estado y de toda organización que cuente con participación estatal durante el período de la emergencia laboral, que establece desde el 1o de marzo hasta el 31 de diciembre de 2017. En cambio, en el Senado se establece que los despidos en el Estado serán declarados nulos durante la emergencia laboral, que comienza con la eventual promulgación de la ley y se mantiene por 180 días.

Los proyectos fueron aprobados en las comisiones con el apoyo de todo el Partido Justicialista, el Frente Renovador y Progresistas, pero además obtuvieron el respaldo de partidos menores que no están representados en esas comisiones, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El rechazo a las iniciativas corrió por parte del oficialismo, conformado por la alianza de Propuesta Republicana, de Macri, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica. Con el objetivo de demorar el proceso de aprobación de estos proyectos, el oficialismo dijo que era necesario convocar antes al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, o esperar a que la desocupación alcance los dos dígitos para declarar la emergencia laboral.

Los proyectos recorrerán caminos distintos. El de Diputados será tratado en la Comisión de Presupuesto, que está presidida por el oficialista Luciano Laspina, quien podría demorar el proceso. El del Senado puede ser tratado directamente en el pleno, aunque este tratamiento también podría ser retrasado por el oficialismo.

Voces oficiales

Macri se refirió al avance de estos proyectos en un lugar significativo para su gobierno y para los despidos en Argentina: la empresa avícola Cresta Roja. En diciembre los trabajadores de la avícola cortaron la ruta por la que se accede al Aeropuerto de Ezeiza reclamando el pago de sus salarios y protestando por los despidos en esa empresa. La represión del piquete fue considerada brutal y dejó a varias personas heridas. Esto fue leído como una “señal” del gobierno de Macri, quien durante la campaña había prometido que no permitiría los piquetes.

En su discurso de ayer, Macri rechazó la aprobación de leyes que prohíban los despidos y dijo que Argentina ya tomó medidas como estas en 2002 y no funcionaron. “No tenemos que repetir los errores. Ya probamos en 2002 con leyes que prohibían [los despidos], eso no trajo más trabajo, eso destruyó el trabajo”, aseguró. El presidente también dijo que comparte la “preocupación” y que lo “angustia” la situación de los desempleados, pero agregó que la solución no es “la imposición y la arbitrariedad”, sino “generar trabajo”.

No existen datos oficiales sobre el desempleo en Argentina, pero según el Fondo Monetario Internacional el país terminará este año con 7,8% de desempleo.