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Nacional | Viernes 22 • Abril • 2016

Prevención represiva

Columna de opinión.

Los “nuevos rumbos” que se proponen en materia de seguridad en realidad son viejos, y distan de generar un debate problematizador de los multifacéticos conflictos sociales y sus posibles soluciones. La “caótica realidad” percibida por el aumento del número de delitos, y la evidente incapacidad del gobierno de dar una respuesta integral a las demandas ciudadanas, confluyen en que pululen ideas que prometen un restablecimiento rápido del orden perdido. El reclamo de ejercicio del principio de autoridad funciona como sustento anímico para que proliferen propuestas de aumentar penas y establecer delitos inexcarcelables. Pedir más penas implica pedir que haya más personas presas, pero la solicitud no significa que haya un cuestionamiento respecto de si la cárcel es la solución para mejorar la seguridad ciudadana y bajar el número de delitos.

Una de las propuestas que presentó el gobierno a la oposición para generar una política estatal sobre el tema consiste en eliminar el beneficio de libertad anticipada para las personas reincidentes en delitos de rapiña, copamiento, secuestro, extorsión y homicidio. En medio del intercambio, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) difundió las estadísticas del primer trimestre de 2016 sobre libertades otorgadas y denegadas. En estos tres meses, se concedieron 320 libertades anticipadas, 299 libertades condicionales, 27 libertades provisionales, se autorizó a 11 encausados a salir del país y se revocaron tres anticipadas y 20 condicionales; en total se tramitaron 1.058 expedientes. Las estadísticas difundidas no están discriminadas por reincidentes o primarios. Sin embargo, cabe inferir que si una de las “medidas de protección en defensa” del ciudadano propuestas por el Poder Ejecutivo es suprimir el beneficio de la anticipada -para evitar la “reincidencia”-, el recluso no sólo pasaría más tiempo encerrado, sino que las condiciones actuales del sistema penitenciario se agravarían. La tasa de encarcelamiento aumentaría.

“¿Más cárceles o menos encarcelados?” es la pregunta que se hace el sociólogo Luis Eduardo Morás, y que responde en un ensayo de seguimiento a las recomendaciones de 2009 y 2013 de la Relatoría de Naciones Unidas contra la Tortura. Morás sostiene que una de las limitaciones del sistema para obtener los resultados planteados tiene que ver con la dinámica de crecimiento constante de reclusos, que actualmente roza las 300 personas cada 100.000, según datos del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. En ese sentido, vale recordar que en 1963 la población total de Uruguay era de tres millones y la población carcelaria era de 1.500. Hoy somos tres millones y medio, y hay casi 11.000 presos. Petit se refirió al tema el miércoles 11 en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes: el número “nos indica que algo serio nos está pasando, porque tenemos un índice mayor que el de Paraguay, Argentina y Colombia”.

Entonces, es evidente que las medidas inflacionarias de la ley penal no sólo no lograron revertir la violencia delictiva en los últimos 20 años, sino que además, y por el contrario, generaron nuevos problemas: el hacinamiento, la necesidad de contar con un mejor presupuesto para enfrentarlo, la reproducción de la violencia institucional a su interior, la escasa dotación de recursos humanos capacitados para atenderlos y la consolidación de los elevados niveles de reincidencia. Todo influye en la imposibilidad de trascender la permanente situación de “emergencia carcelaria”, explícitamente señalada por el presidente Tabaré Vázquez durante su primer período de gobierno. En ese entonces, al igual que hoy con mayoría frenteamplista en el Parlamento, pero con otro ministro del Interior (José Díaz), se anunció la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, que estableció la libertad anticipada. En 2016, y a pesar de haber transitado el camino de aumento de penas y prisionalización como respuesta al “problema de la seguridad”, parece absurdo que se piense en la prisión como un fin en sí mismo (un mero depósito) y se vuelvan a tomar las mismas medidas.

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