Quemados

A las 11.00 del jueves, desde la vereda de la calle Uruguay, en Montevideo, los integrantes de la radio comunitaria La Kandela iniciaron una transmisión especial. Se trasladaron desde Tacuarembó hacia las oficinas de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) para exigir que el gobierno tome una decisión sobre la adjudicación de una frecuencia para el grupo, que lleva dos años esperando, luego de haber sido seleccionado por el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) para usufructuar una licencia en el espectro comunitario.

En la vereda colgaron varios carteles: “La libertad de expresión no se pisotea, se respeta”, “Basta de manoseos, respetar la legalización de radio La Kandela”. La emisión fue transmitida por las radios comunitarias montevideanas La Corsaria y Activa, y por dos radios de Tacuarembó, Integración y La Alborada. La Kandela no emite desde el 5 de setiembre de 2013, cuando la Ursec allanó la emisora -mientras sus integrantes estaban en Montevideo- y se llevó los equipos y el transmisor, alegando que la radio no estaba legalizada. La emisora funcionaba desde 2009. Los integrantes de La Kandela afirman que siempre tuvieron voluntad de estar amparados por la Ley de Radiodifusión Comunitaria, pero que en Tacuarembó no se había abierto hasta ese momento un llamado, incumpliéndose las disposiciones de la ley. “Seguimos al aire, no nos escondimos, y llegó el decomiso de los equipos en setiembre de 2013”, señaló Sebastián Ríos, integrante del colectivo. El llamado se abrió el 6 de setiembre de 2013, un día después del allanamiento. La Kandela se presentó y lo ganó: el CHARC recomendó asignar la única frecuencia comunitaria en Tacuarembó a dicha emisora. A partir de entonces, empezó un largo periplo de trámites que aún no ha concluido. En cuanto a lo decomisado, pudieron recuperar los equipos, pero no ocurrió lo mismo con el transmisor.

En la emisión de ayer, La Kandela denunció esta situación. Ríos dijo que la radio está “del lado de la justicia social y de los más débiles, de los que menos posibilidades tienen de transmitir su voz, debido a la hegemonía de los grandes medios de comunicación” y que en la emisora hay gente de “distintos partidos y con distintas visiones”. Sostuvo que se identifican con “las luchas por la tierra y el medioambiente”, y recordó el protagonismo que tuvo la emisora en la juntada de 13.000 firmas para prohibir la minería a cielo abierto en Tacuarembó. También denunciaron situaciones de corrupción política a nivel departamental y otras de abuso policial, como la violación a una presa por parte de policías en la cárcel de Tacuarembó.

“Siempre estamos luchando por esta radio, a la que consideramos súper necesaria para el departamento. Nuestra lucha es para reabrirla sí o sí, porque ya hemos presentado toda la documentación necesaria, y hace tres años que estamos esperando”, afirmó Dalsira Correa, integrante de la emisora. Ríos explicó que protestan porque la demora “no es razonable” y perciben que “hay una intencionalidad”.

Sobre el mediodía, desde la Ursec se les comunicó a los manifestantes que serían recibidos por los directores oficialistas del organismo, Nicolás Cendoya y Gabriel Lombide. Ríos les explicó que el proceso de adjudicación se estaba volviendo “desmedidamente largo”, lo que para una radio comunitaria significaba “casi la muerte”. Las autoridades les comunicaron que la Ursec ya había emitido una resolución favorable a la asignación que había sido elevada a fines de febrero o principios de marzo a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel). Les dijeron además que el transmisor permanecía decomisado porque no estaban regularizados, pero que, en cuanto se confirmara la adjudicación, se lo devolverían. Admitieron que el proceso estaba demorado y aclararon que la decisión final sobre la adjudicación corresponde al Poder Ejecutivo.

A la salida del encuentro, los integrantes de La Kandela se trasladaron unas cuadras más, hasta las oficinas de la Dinatel. Allí consultaron por su situación y se les comunicó que su expediente no estaba a estudio de la Dinatel ni se encontraba en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Matías del Pino dijo a la diaria que esta versión concuerda con lo que les manifestaron desde el sindicato de trabajadores de la Ursec, respecto de que hoy o, a más tardar, el lunes saldría el expediente desde la Ursec hacia la Dinatel.

La Kandela denunció el hecho ante la Institución Nacional de Derechos Humanos . Óscar Orcajo, que integró el CHARC, recordó que un año antes y seis meses después de las elecciones nacionales -en este caso,entre octubre de 2013 y marzo de 2015- no se puede asignar licencias. De todos modos, acotó que ahora “hay que darles la frecuencia”, porque el tema “ya está resuelto”.