Ir al contenido

Nacional | Viernes 29 • Abril • 2016

Juan Miguel Petit. / Foto: Pablo Vignali (archivo, noviembre de 2015)

Siguen perdiendo

Otra muerte en el Comcar; según Petit, “si las cárceles funcionan bien, la reincidencia se baja a la mitad”

El miércoles mataron a Carlos Trasante Rodríguez en el módulo 8 del Compen (ex Comcar), donde están encerrados unos 800 hombres de los 3.600 que hay en esa cárcel. Había caído preso el 29 de febrero, tenía 35 años. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Crisoldo Caraballo, dijo a la diaria que están esperando los análisis forenses para determinar la causa de muerte. Este es el segundo asesinato en el módulo 8 este año, y el tercero en el Compen. Según planteó el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, a los integrantes de la comisión de seguimiento del sistema carcelario de la Asamblea General, los tres homicidios se podrían haber evitado si la cárcel “funcionara” y no fuera “un contexto explosivo”, donde prima la violencia por falta de actividades psico-socioeducativas.

El domingo 28 de marzo asesinaron al primero. Murió un joven de 25 años de iniciales MSDM, también en el módulo 8. Al otro día mataron a puñaladas a Santiago Rodrigo Velázquez Ojeda, un muchacho de 18 años que fue encarcelado en octubre de 2015 en el módulo 11, donde están presas alrededor de 500 personas que fueron procesadas o penadas por primera vez. Ambos eran fajineros.

Sobre los tres casos Petit aseguró a la diaria que se trata de muertes “totalmente evitables”, y advirtió -otra vez- que si no se invierten recursos económicos y humanos para que las personas privadas de libertad puedan realizar actividades socioeducativas, el nivel de violencia no se reducirá. “Una cárcel sin tratamiento es como un hospital sin médicos. La falta de presencia del Estado equivale a violencia en un barrio y en una cárcel”, afirmó.

Propuestas

Ayer se conformó la comisión de seguimiento de la Asamblea General, que tuvo su primera reunión. Según las fuentes consultadas, Petit presentó un informe en el que recomendó que los módulos 8, 10 y 11 del Compen sean “descentralizados”. Consultado al respecto, dijo que el plan se titula “Renovación y reciclaje” y que plantea que los tres módulos tengan una dirección y técnicos propios. La propuesta también prevé que se involucre al resto de los ministerios (no sólo al del Interior) para que cada módulo desarrolle programas específicos según la población recluida. Aseguró que para revertir la situación actual “no alcanza sólo con los recursos del INR” y que es “imposible” que una sola persona pueda coordinar actividades para las 3.600 personas privadas de libertad.

Señaló que 70% de la población carcelaria no realiza ninguna actividad, hecho que conduce a “una convivencia llena de enfrentamientos, de pequeñas venganzas, con choques y con un grado de violencia cada vez más alto”. Según dijo, las personas privadas de libertad caen tras las rejas portando “una problemática personal, social”, y son encerradas “sin ningún tipo de tratamiento, donde no hay oportunidades y lo único que se puede hacer es contemplar el mero discurrir del tiempo. ¿Qué esperamos? ¿Que pida ir a un curso de la UTU? El deterioro es expansivo”, sostuvo.

A su vez, Petit aseguró que si el sistema penitenciario alcanzara “un nivel parecido al logrado en los centros que han desarrollado buenos programas”, como las cárceles de Minas, Salto, Punta de Rieles y Artigas, la actual reincidencia podría reducirse a la mitad: “¿Te imaginás unos 30.000 delitos menos?”.

En ese sentido, el miércoles 20 el comisionado envió una carta al presidente Tabaré Vázquez solicitándole que incluya el sistema penitenciario en el debate sobre seguridad que está manteniendo con la oposición para generar una política de Estado. Las cárceles son una “pieza clave en la prevención de la violencia y la instauración de caminos de integración social”, dice el texto. “Si valdrá la pena invertir”, dijo a la diaria. “Tener un sistema penitenciario integrador, educativo y rehabilitador es benéfico para toda la sociedad. No tenerlo implica simplemente asegurarnos de que habrá más violencia, dentro y fuera de la cárcel”, añadió.

Uno de los miembros de la comisión que escuchó a Petit fue el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, quien aseguró que comparte “plenamente” el planteo de Petit. “Nadie puede negar que el sistema penitenciario es central en la seguridad pública. La situación de las cárceles, el tratamiento que se les da a los presos, el mayor o menor respeto de sus derechos, impacta en la seguridad de la sociedad por una razón muy elemental: todo el que entra, tarde o temprano, sale, y es necesario que no salga peor de lo que entró”, sostuvo. De todas formas reconoció que es un tema que aún no ha discutido internamente el PN, pero que será analizado “con la mayor sensibilidad” para aportar en la elaboración de una única política carcelaria y de seguridad. “El gobierno ha hecho esfuerzos e invirtió en infraestructura, hay menos hacinamiento, pero no alcanza sólo con eso”, admitió. “Nuestro propósito es colaborar con las autoridades para no actuar a destiempo, pero las autoridades se tienen que hacer cargo de las carencias, por ejemplo de la insuficiencia de operadores penitenciarios, de la falta de higiene en algunos módulos, de la falta de actividades”. Aseguró que le preocupan especialmente, por la “escalada de violencia”, los módulos 8, 10 y 11 del Compen. “Petit hizo planteamientos en términos muy severos”, afirmó. “Es muy delicada la situación”, concluyó.

Desde el Frente Amplio, la senadora Patricia Ayala dijo que “la reforma que ha emprendido el gobierno es muy buena, pero hay que avanzar más”.

Del dicho al hecho

Petit se reunió con el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, y le planteó crear, en la cárcel de Canelones, en el Penal de Libertad y en el Compen, un liceo y una UTU. “Un faro educativo” con programas específicos y acordes a la población. Según dijo, Netto recibió de “buen grado” la propuesta.

Según Fernando Ubal, director en representación de ANEP en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para el sector privado, actualmente se imparten a unas 200 personas privadas de libertad cursos semestrales de alfabetización, ciclo básico y bachillerato de secundaria, y hay cinco convenios entre el Inefop, la UTU y el INR. Anunció que en aproximadamente un mes comenzará el último convenio, que prevé capacitar a unos 40 reclusos por medio de programas de Inefop en todo el país.

Mejor capacitados

El 10 de mayo empezará un curso de formación para docentes de ANEP y talleristas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que dicten clases en contexto de encierro en los departamentos de Montevideo, San José, Canelones y Maldonado (unas 140 personas). Según explicó la coordinadora del programa Educación en contextos de encierro, del Consejo de Educación Secundaria, Sandra Gardella, el enfoque estará puesto en los derechos humanos. Para el desarrollo del curso colaboraron la Facultad de Ciencias Sociales, la de Psicología, el comisionado parlamentario, el programa Justicia e Inclusión de la Unión Europea y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la licenciatura en Educación Social, la Dirección de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central de la ANEP y el MEC.

Etiquetas


Seguí leyendo sobre esto: