El miembro informante de la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, Jovair Arantes, presentó ayer su postura. Recomendó que el juicio político se realice porque “la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión” y consideró probado que Rousseff cometió un “delito de responsabilidad”. Sin embargo, en su informe también aclaró que no era su función “decir si la presidenta cometió o no un delito de responsabilidad”, ya que eso deberá juzgarlo el Senado.
La comisión volverá a reunirse mañana para comenzar el debate, en el que podrán exponer los 65 diputados que la integran, así como sus suplentes. Se prevé que el resultado de la votación se conozca antes de la medianoche del lunes. En las 48 horas siguientes se votará en el plenario de Diputados.
Varios medios brasileños consultaron a los diputados de la comisión para conocer su voto. Informaron que las dos posiciones están muy parejas y que los diputados aseguran que votarán según sus convicciones y no de acuerdo con las directrices de sus partidos. De todos modos, la mayoría de los partidos se inclinan a dejar a sus diputados en libertad de acción. Es el caso, por ejemplo, del Partido Progresista, que conforma la coalición de gobierno de Rousseff. En una reunión que estaba prevista para más adelante, pero que se anticipó y tuvo lugar ayer, la dirección decidió que el partido no abandonará el gobierno. El jefe de gabinete de Rousseff, Jaques Wagner, consideró que esta decisión muestra que se “frustró” el “intento” del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que dejó el gobierno la semana pasada, de que el Partido de los Trabajadores enfrente la crisis política en solitario.