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Nacional | Viernes 13 • Mayo • 2016

Acá o allá

Justicia brasileña decidirá si continúa causa contra abogado uruguayo acusado en el caso Lava Jato.

El abogado uruguayo Óscar Algorta, del estudio Algorta & Asociados, abrió en 2008 en Uruguay una sociedad anónima denominada Jolmey SA, a pedido del ex director del área internacional de Petrobras, Nestor Cerveró. Se incluyó como director de la sociedad “con el único propósito de facilitar los trámites”, según explicó a la Justicia brasileña y consta en el expediente del caso radicado en la 13ª Corte Penal Federal de Paraná, a cargo del juez Sérgio Moro, al que accedió la diaria. Seis años después, Cerveró fue acusado de corrupción y lavado de activos en el marco de la causa conocida como Lava Jato. Una de las operaciones que se señalan como prueba es la compra de un inmueble en Río de Janeiro, adquirido mediante la subsidiaria brasileña de Jolmey SA.

Según consta en la denuncia del Ministerio Público Federal de Brasil, “para ocultar el origen y la naturaleza criminal de los valores involucrados en la compra, así como para ocultar la identidad del verdadero dueño de los valores y el inmueble, Cerveró, ayudado por Algorta”, constituyó la compañía Jolmey SA en Uruguay y una subsidiaria en Brasil, Jolmey de Brasil, en noviembre de 2008. El capital de la compañía se utilizó para comprar el inmueble y para pagar impuestos y honorarios de abogados.

El Ministerio Público Federal de Brasil acusa a Algorta de lavado de activos, lo que, según la normativa brasileña, implica “ocultar o disimular la naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento o propiedad de los bienes o valores provenientes directa o indirectamente de infracción penal”. “Es posible, en este contexto, que la formación de la offshore (Jolmey SA) en el extranjero sea simplemente una estrategia para la repatriación de valores, aportado como ingreso directo de la subsidiaria brasileña, y enseguida utilizados para la compra de la habitación antedicha”, se señala en la denuncia. Se mencionan otros elementos sospechosos, como “la inexistencia de registro de cualquier otro negocio de Jolmey en Brasil, la absoluta inconsistencia entre el valor del alquiler pago por Néstor Cerveró con lo pago por el nuevo inquilino después que él salió de la habitación y el hecho de que la dirección corriente de Jolmey en Brasil es una casa abandonada”.

El 31 de agosto de 2015, el Ministerio de Justicia de Brasil cursó una solicitud de cooperación internacional en materia penal hacia Uruguay, amparándose en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los países del Mercosur, y exhortando a la Justicia uruguaya a que citara a Algorta a declarar por el caso de la operación Lava Jato. El exhorto llegó en setiembre de 2015 al Juzgado Penal de Crimen Organizado de 2º Turno, donde actuaban en ese momento el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos. La jueza dispuso el 8 de octubre la citación de Algorta, quien finalmente compareció el 1º de diciembre de 2015, defendido por el abogado Jorge Barrera.

En su defensa, Algorta sostuvo que jamás participó en “ninguna actividad que pudiese configurar un crimen de lavado de dinero o blanquedo de capitales, en cualquiera de sus formas, ni directa ni indirectamente”, y que lo que hizo fue un “asesoramiento para la compra de un apartamento que tenía un fin lícito, así como los fondos que lo sustentaban”. “No existían fondos de procedencia dudosa o injustificados”, se argumenta en el escrito de defensa. “El compareciente actuó en su papel de abogado, en el ejercicio de su profesión, y no realizó ninguna actividad fuera de la función profesional que desempeña, exista o no delito. No es posible desconocer que cuando se actúa dentro de una función, la conducta es neutral”, se agrega.

Por otra parte, se sostiene que pedirle a un abogado una actuación “casi policial”, que este no está en condiciones de llevar a cabo, implica el traspaso a ciudadanos particulares de “deberes del Estado y de sus funcionarios con formación para eso”, “sin ninguna otra justificación que la propia incapacidad estatal para la persecución del delito”, lo que resulta “perjudicial” e “impropio de un Estado de derecho”.

En el escrito se indica que en 2008 “no había noticias del proceder ilícito de Cerveró, quien gozaba de fama de buen empresario, respetado en la plaza empresarial, comercial y financiera uruguaya, con el apoyo inclusive de las cámaras empresariales extranjeras”. “Sus fondos estaban más que justificados. ¿Cómo es posible que pudiese existir una conducta ilícita?”, vuelve a inquirir.

Algorta manifiesta que no participó en la compra del apartamento en Río de Janeiro, ni en su negociación, ni en su alquiler, ni en la apertura de cuentas bancarias, y que no tiene relación ni conoce a las personas involucradas en el Lava Jato. “Solamente asesoré, dentro de mi profesión y en mi país, a una persona que, seis años después, aparece envuelta en escándalos de corrupción”, señala. Relata que cuando Cerveró llegó al estudio para pedir asesoramiento, se le informó que previamente debía hacerse una due diligence sobre su persona y sus medios de vida, y que eso fue lo que se hizo. En cuanto al hecho de que Algorta figure como director de Jolmey SA, el profesional señala que “para el estudio, este pedido no fue un hecho nuevo ni poco común, ya que en los casos en que las sociedades uruguayas no realicen actos en Uruguay, nosotros asumimos la dirección con el único propósito de facilitar los trámites”.

Finalmente, la defensa solicita que se archiven las actuaciones, por entender que no hay méritos de fondo (no hay, sostiene, violación de normas), pero también por razones de forma. Afirma que ya existe un presumario en Uruguay en el que se juzga a Algorta por la misma causa, y que si el proceso continúa en Brasil, “se estaría vulnerando la garantía básica de todo Estado de Derecho, de que no se puede juzgar en dos países al mismo tiempo la misma conducta”.

En marzo de 2016, la Justicia brasileña recibió la declaración del abogado. Según explicaron a la diaria fuentes judiciales de ese país, el juez le dio vista al Ministerio Público Federal de Brasil para que se manifieste respecto del pedido de Algorta de archivar el proceso. Luego el expediente regresará a la 13ª Corte, para que el juez adopte una decisión al respecto.

Al mismo tiempo, el diario El País informó el 28 de febrero de este año que el Banco Central solicitó información a los bancos locales para conocer las transacciones que realizó Jolmey SA en Uruguay y hacia el exterior. El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, dijo a la diaria que los resultados de ese análisis son reservados y se remitirán a la Justicia.

Con trayectoria

Algorta es un abogado reconocido en el país. Es académico de número de la Academia Nacional de Economía desde 1996. A raíz de la acusación de la Justicia brasileña y del manejo público de esta información a principios de 2015, debió renunciar al directorio de la empresa de seguros Mapfre y al grupo de estudios jurídicos Pannone Law Group. Entre otras funciones, Algorta fue asesor del gobierno de Luis Alberto Lacalle en ocasión del intento de privatización de Antel, fue asesor de frigoríficos y también de canales de televisión para abonados. Entre 1996 y 2015 fue asesor del diario El Observador, y fue tesorero de dos offshores en Panamá presididas por Ricardo Peirano, director de ese diario: Candy Commercial SA, en el año 2000, y Calomix International Corporation, en 2004. En 2006 abrió, junto a Ricardo Peirano, otra offshore, Darlen International, en esa ocasión con los roles cambiados: Peirano fue el tesorero, y Algorta el presidente.

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