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Nacional | Martes 03 • Mayo • 2016

Con cuidado

PS propone crear sistema de precios regulados en negociación con todos los eslabones de la cadena.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Socialista (PS) aprobó ayer una serie de propuestas sobre salarios e inflación, que presentaron en la tarde el ex ministro Daniel Olesker, el director del Instituto Nacional de la Juventud, Santiago Soto, y la secretaria general del partido, Mónica Xavier. La propuesta surgió del trabajo de una comisión creada por el nuevo Comité Central del PS, integrada por representantes de las distintas corrientes: además de Olesker y Soto, la integraban el diputado Gonzalo Civila, el director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fernando Isabella, y el dirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) Óscar Aguirre. El objetivo era analizar propuestas, en el marco de los documentos aprobados en el congreso del PS de diciembre, sobre el tema precios y salarios, teniendo en cuenta el escenario económico “caracterizado por el enlentecimiento del crecimiento y la existencia de fuertes presiones inflacionarias”.

Sobre los sueldos, el PS propone, en el ámbito privado, adelantar las metas respecto del aumento del salario mínimo nacional; el gobierno había previsto llegar a un mínimo de 15.000 pesos nominales en enero de 2019. Según Civila, el gobierno preparó sus lineamientos salariales “teniendo en cuenta niveles de inflación distintos de los actuales”, y esta medida, a la que no se le pone fecha, beneficiaría en particular a los salarios más bajos. En esta misma línea también proponen elevar los topes salariales previstos para los ajustes diferenciales; los lineamientos prevén aumentos de 3,5% y 2,5% para los salarios menores de 12.000 y 14.000 pesos líquidos, y la propuesta apunta a mantener los aumentos pero incrementar el tope salarial, de forma de ampliar el número de los que recibirían.

Para el sector público, la propuesta socialista considera que como el ajuste de enero de 2015 “ya fue absorbido por la inflación”, se debería adelantar el correctivo de 2017 a lo largo de 2016 para los salarios más bajos.

El tercer punto de la propuesta es quizá el más novedoso y polémico a la vez, ya que plantea un mecanismo de regulación de precios, de forma de combatir “al poder de mercado de los oligopolios que en los más variados sectores tienen capacidad de fijación de precios muy por encima de sus costos”, y al hablar de oligopolios no se refieren a un actor específico de la cadena, sino a todos: los que puede haber entre los importadores, productores, distribuidores mayoristas y comerciantes minoristas. Por una parte se proponen mejorar los mecanismos de transparencia en la información pública, de forma que las personas puedan “comparar precios y definir qué y dónde comprar de antemano”.

A la vez prevén crear un “sistema de regulación de precios de acceso voluntario y cumplimiento obligatorio” de un mínimo de funcionamiento de un año, renovable a dos, y que no implique la congelación de precios en todo el período, sino que incluya mecanismos de ajustes de precios en función de los costos de producción. Sería un “espacio de negociación entre empresarios de distintos eslabones” y, si bien sería voluntario, quienes ingresaran y no cumplieran con el acuerdo recibirían sanciones. Los precios regulados serían “un conjunto selectivo de bienes” consumidos de forma masiva por los sectores de menores ingresos, básicamente productos de alimentación e higiene, y se debería cumplir con garantías de calidad, accesibilidad, variedad de marca y visibilidad de los productos. La idea es que, por ejemplo, los supermercados no coloquen una góndola especial con todos los productos con precios regulados, sino que cada producto esté ubicado con el resto de los productos de su tipo, y que sea visible para los clientes.

Según planteó Olesker, los empresarios ingresarían al sistema por dos motivos: por un lado, el gobierno destinaría recursos para financiar la publicidad de los productos regulados y sus precios, y por otro, por el incentivo de no saber si la competencia va a ingresar al sistema. Civila reconoce que el ingreso o no de los empresarios puede ser el “punto crítico”.

Por otro lado, la propuesta incluye estudiar a nivel legislativo la habilitación a organismos estadísticos para recabar mejor información sobre los costos de producción y los márgenes de ganancia. “En el sistema capitalista los salarios son algo público y las ganancias algo poco claro”, argumentó Civila. A la vez, se propone a los legisladores del PS empezar a trabajar qué cambios sería necesario incluir en la Rendición de Cuentas 2017; por ejemplo, aquellas normas que requieran la previsión presupuestal.

Ayer, después de aprobar las medidas en el CEN, se comunicaron las propuestas a integrantes del Poder Ejecutivo y del PIT-CNT, y se buscará tener reuniones con autoridades de ambos ámbitos para explicarlas.

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