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Nacional | Jueves 19 • Mayo • 2016

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Gobierno propone garantizar legalmente “atención y seguimiento” a familiares de procesados por Ley de Estupefacientes.

Son 12 los artículos del anteproyecto de ley “integral” de “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo” que el Ministerio del Interior presentó el martes a los partidos políticos, en un nuevo encuentro de la Comisión Interpartidaria sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.

El primer capítulo crea una Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo, que será coordinada por la Prosecretaría de Presidencia y contará con la participación de los subsecretarios de los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores. El principal cometido de este cuerpo es elaborar el “Plan nacional de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, lo que deberá hacerse en los primeros 90 días luego de que la ley sea aprobada.

El segundo capítulo crea un Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera, con representantes de los mismos ministerios que en la comisión anterior e integrantes de la Administración Nacional de Puertos y la Junta Nacional de Drogas. Entre los cometidos del organismo está la coordinación de “tareas diarias” en operativas de aeropuertos, puertos y pasos de frontera, el intercambio de información entre los organismos, el ingreso de personal policial en zonas especiales y la coordinación para obtener permisos de circulación en áreas restringidas.

Luego, el proyecto establece que el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay deberán ser notificados en los casos de detención de una persona por los delitos cometidos en la Ley de Estupefacientes. Estos organismos “deberán evaluar si a raíz de dicho procesamiento, estuvieren siendo afectados derechos de terceros que mantengan vínculos familiares, afectivos o de dependencia económica con los imputados”. En estos casos, ambos organismos deberán brindar “atención y seguimiento a los terceros afectados, integrándolos a los planes sociales específicos, de acuerdo a sus respectivas competencias”. Según dijo el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, los representantes del Ministerio del Interior en la reunión relataron que “cuando cae preso un integrante de un hogar donde se vende pasta base, la sucesión está asegurada: quedará [a cargo] la madre, la abuela o la hija”. Este relato también fue reiterado por varios participantes del encuentro.

El texto habilita a la Dirección Nacional de Policía Científica, “o a cualquier otro organismo estatal que cuente con idoneidad técnico científica”, a realizar análisis de estupefacientes. Según había explicado la senadora frenteamplista Daniela Payssé el martes, esto permitirá aplicar las agravantes para delitos vinculados al tráfico de pasta base, previstos en la actual legislación: “Actualmente, es muy difícil la aplicación [de esas agravantes] porque no tenemos la certeza que requiere el análisis de la sustancia para determinar si realmente es pasta base”.

En líneas generales, los partidos de oposición prestaron su acuerdo con la iniciativa, aunque no dejaron de expresar sus matices. El ex comisionado penitenciario parlamentario Álvaro Garcé, que asiste a la comisión técnica en representación del Partido Nacional, dijo que la iniciativa a grandes rasgos “no presenta reparos”, y aclaró que opinará más específicamente acerca de sus detalles en la comisión.

En tanto, el senador independiente Pablo Mieres dijo que para algunas disposiciones previstas no se requiere ninguna ley, mientras que para otras sí: “La comisión interministerial no requiere ninguna norma. Es más, supongo que esas coordinaciones ya existen y está en la tapa del libro que los ministerios deben coordinar para combatir al narcotráfico”. El senador explicó que realizó este comentario en la reunión y el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo que si bien no era imprescindible una ley, su existencia le da más fuerza al espacio de articulación. En cambio, Mieres consideró necesaria la norma para otras instancias establecidas en el anteproyecto, como el Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera: sus tareas “implican autorizaciones cruzadas dentro del aparato del Estado para actuar”.


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