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Nacional | Jueves 05 • Mayo • 2016

José Bayardi, Roberto Conde y Alejandro Sánchez ayer en la sede de APU. / Foto: Javier Calvelo

De la teoría a la práctica

Candidatos a la presidencia del FA coincidieron en la necesidad de reglamentar en forma “urgente” la ley de medios.

La implementación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) aprobada en 2014, la ley de publicidad oficial a estudio del Parlamento y la relación del Frente Amplio (FA) y del gobierno con los medios de comunicación fueron los temas centrales abordados ayer por tres de los cuatro candidatos a la presidencia de la coalición de izquierda, a instancias de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y un día después de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. A la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya llegaron Roberto Conde, Alejandro Sánchez y José Bayardi; Javier Miranda no pudo asistir por problemas de agenda. Los tres coincidieron en que la ley de SCA está vigente y que es necesario que el Poder Ejecutivo la reglamente.

Conde destacó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la ley incorpora la necesidad de que el Estado intervenga en forma “potente” para garantizar el derecho a la libertad de expresión como “bien público”, y que el Estado “no puede ser neutral” y debe “poner límites a los intereses particulares de las empresas”. “Espero que efectivamente el Estado uruguayo no sólo legisle sino que reglamente lo que legisla y lo aplique”, afirmó el candidato. Conde estimó que podría irse redactando la reglamentación, teniendo en cuenta las observaciones de la SCJ en los fallos emitidos hasta el momento. “Es hora de avanzar en la reglamentación. Es demasiado tiempo, son seis años que llevamos discutiendo el tema. Seguir alargando nos lleva a posponer un tema que es de enorme trascendencia para la democracia del país y para el progresismo”, sostuvo.

Sánchez recordó que la ley de SCA “fue enormemente discutida” y que cuando se debatió en el Parlamento, algunos la calificaban como “ley mordaza”. Sin embargo, señaló que las objeciones del fallo de la SCJ “no tienen nada que ver con la libertad de expresión”, y celebró que se logró “vencer intereses económicos que se disfrazaban de otras cosas”. Sánchez coincidió en que “ya se debería haber avanzado en la reglamentación” y en que “la ley está vigente y consagró derechos que no se están pudiendo ejercer”. En este sentido, opinó que la Asamblea General ya debería designar a los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), el organismo rector en la materia, y apuntó que podrían haberse utilizado los minutos gratuitos que prevé la ley para campañas de bien público, por ejemplo en el caso de la campaña del dengue.

Bayardi remarcó que la ley “está vigente”. “Estamos un poco detenidos de más, hay cosas que hay que instrumentar”, consideró.

En cuanto a la publicidad oficial, todos los candidatos señalaron la necesidad de corregir el desequilibrio que hay actualmente entre la asignación a medios de Montevideo y del interior. Conde dijo que la publicidad oficial no debería convertirse en un subsidio encubierto a los medios, y que si es necesario subsidiar “órganos de prensa por el bien de la democracia”, hay que discutirlo en esos términos y no hay que tener temor de hacerlo, teniendo en cuenta que hoy el Estado realiza “cuantiosas renuncias fiscales para mantener empresas privadas”.

Los candidatos también se refirieron a la Ley de Acceso a la Información Pública. Sánchez opinó que es necesario modificar la ley para fortalecer a los organismos encargados de hacer cumplir la norma y ampliar los organismos obligados también a aquellos privados que manejan fondos públicos, de modo de “ir corriendo la barrera de la transparencia” y “romper con la cultura oscurantista”. Además, se mostró partidario de que las respuestas a los pedidos de informes de los legisladores a los organismos estatales tengan carácter público.

Relaciones peligrosas

En cuanto al vínculo de la izquierda con los medios, Bayardi dijo que los medios son empresas que se mueven por intereses, y que debe mantenerse “una relación de respeto, sin compromisos”. Sostuvo que los medios pueden constituirse en instrumentos de democratización de la sociedad o en “otra cosa”. Sánchez opinó que la izquierda “ha tenido enormes dificultades en su vínculo con los medios”. Dijo que hay que tener presente que la actividad de la prensa “se lleva adelante por profesionales”, y evaluó que deben definirse “reglas claras” en el vínculo. Sostuvo que los medios “no deben ser depositarios de todos los problemas que existen en la fuerza política y en el gobierno”, como “un recipiente donde se ponen todas las culpas”. Valoró que los medios deberían “privilegiar mucho más la investigación que la búsqueda de declaraciones”, porque esto último lleva a una “superficialidad” en el manejo de los temas.

A su turno, Conde afirmó que no puede perderse de vista que “aquí hay medios concentrados que tienen poder económico y comunicacional” y que “responden a intereses de sectores elitistas de la sociedad, que editorializan” contra el gobierno y contra la izquierda. “Estamos enfrentados a esos medios, hay una disputa por los contenidos. En términos de valores vamos a estar enfrentados con esos medios dominantes”, manifestó. Aclaró que esto no significa no respetar las “garantías” de esos medios en relación con su libertad de informar, pero enfatizó que “los medios deben también garantizar verdad a la sociedad”.

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