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Nacional | Lunes 02 • Mayo • 2016

Milton Pintos, integrante del Sipes y recitador, durante su actuación en la celebración del Día del Trabajador Rural el sábado en la sede de la comisión barrial Chiquillada, en Pueblo del Barro, departamento de Tacuarembó. / Foto: Sandro Pereyra

El último orejón

Trabajadores rurales plantearon demandas y propuestas, ante el retroceso en derechos y salarios conquistados a partir de 2005.

El sábado 30 de abril se celebró por cuarta vez desde su instauración el Día del Trabajador Rural. La actividad se realizó en Pueblo del Barro, sobre el kilómetro 310 de la ruta 26, en el departamento de Tacuarembó, donde en 2012 se fundó el Sindicato de Peones de Estancias (Sipes). Además de presentar la plataforma de reivindicaciones que guiará la inminente negociación colectiva, varios núcleos de trabajadores que no se sienten representados por los sindicatos de sus ramas y los de la cadena cárnica anunciaron que comenzarán a coordinar para sumar fuerzas y resistir lo que perciben como un intento de los empleadores por hacer retroceder los derechos y los salarios adquiridos en los últimos 11 años.

Cosechan naranjas en predios de Citrícola Salteña, del grupo Caputto, en cuadrillas que son empleadas por empresas tercerizadas intermediarias, como la de Omar Estévez. Trabajan de marzo a diciembre y acceden al seguro de paro “año por medio”, ya que los jornales que acumulan en una zafra no les alcanzan para recibir el beneficio. “Tenemos el problema del exceso de horas de trabajo; es mucho sacrificio para lo que pagan. Las quintas están sucias, con el pasto altísimo; a los coches que nos trasladan no tendrían que dejarlos circular por el estado en que están; no tenemos uniformes, ni zapatos, ni guantes”, contó Juan Pertusatti, uno de los más veteranos. Mucho más joven y de lentes de sol, Paola Machado explicó que quieren “llegar a tener por lo menos dos o tres meses de seguro de paro todos los años, porque hay gente que en el verano no consigue una changa y se queda sin ingresos”. Por su parte, Miriam Milans dijo que el Sindicato de Trabajadores Citrícolas, que organiza a los trabajadores de la planta de Caputto, no los defiende, y que si ellos trabajan 18 jornales en un mes, la empresa aporta al Banco de Previsión Social por diez o 12. “Siempre hay una diferencia, y por eso nunca llegás a alcanzar los jornales para acceder al seguro de paro”, agregó. Consultados sobre el papel de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Milans expresó: “Cuando estás saliendo de la IGTSS departamental, la empresa ya se enteró. Además, tienen la quinta 29, que es un espejo, impecable, y llevan a los inspectores ahí y no a las otras”. El 14 de abril, Caputto impidió el ingreso a sus instalaciones de una delegación de diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo que pretendía comprobar las denuncias presentadas por trabajadores en ese ámbito parlamentario. Milans advirtió que “los que están en peores condiciones” son los cosechadores provenientes de Belén y Constitución, que “ni siquiera están organizados”.

La otra motosierra

En una situación parecida se encuentran los cosechadores de arándanos de Salto, empleados de la firma Gamorel SA. “Cuando no hay mucho trabajo nos pagan 400 o 450 pesos el jornal, pero cuando hay mucho trabajo nos pagan a peso la bandeja. La zafra dura de agosto a diciembre, y nunca nos da para el seguro de paro”, comentó una señora que prefirió no dar su nombre. Por su parte, los forestales de Tranqueras, departamento de Rivera, propusieron “juntar a la gente de los cítricos, los arroceros y forestales, y armar algo que sea más de campo”. Javier Medina, podador de árboles, dijo: “No tenemos nada contra los trabajadores de la industria, pero no es lo mismo que nosotros, porque viven otra realidad, tienen otros beneficios que nosotros nunca vamos a tener”, en referencia al Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera. La idea es generar un sindicato o una especie de federación dentro de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) que los represente, e incluso que pueda participar en la negociación colectiva. “Trabajamos de enero a diciembre. Cuando terminamos nos dan de baja y en enero nos vuelven a dar de alta; no generamos antigüedad ni ningún beneficio, y nos liquidan según lo que nos aportan, que siempre es menos de lo que trabajamos”, expresó otro podador. También reclaman mayor estabilidad en la paga, ya que denunciaron que en cada establecimiento les pagan montos distintos. “A veces están separados por un alambrado: de un lado pagan un peso la poda; del otro, 2,50. Y está todo el mundo esperando que alguien se vaya del otro lado para cambiarse de cuadrilla”, contó.

Medina, el primer orador, dijo que percibe “un retroceso” de los beneficios que se habían ido acumulando en la última década. “La informalidad volvió. Estamos yendo para atrás. Antes trabajábamos para las empresas directamente, ahora siempre lo hacemos por intermedio de contratistas que juegan con la informalidad, que aparecen y desaparecen”, explicó.

Unión carnal

Mientras el aroma de las mantas de vacío asadas inundaba el ambiente, el representante del Sipes, César Rodríguez, habló sobre la cadena cárnica. “Los trabajadores rurales hemos tomado la iniciativa local que estaba faltando: generar, en la cadena cárnica, un espacio de coordinación entre quien pastorea, traslada, transporta y quien embarca y entrega la faena para que se mate el animal. Este es un trabajo que recién empieza, lento, paulatino, que requiere mucha coordinación, pero que va a generar frutos porque vamos a poder coordinar medidas conjuntas, ya que sólo como sindicatos aislados en el territorio no tenemos ningún tipo de correlación de fuerzas positiva”, dijo.

El sindicalista explicó que “si hay un patrón que incumple leyes laborales con un trabajador, sea en el frigorífico, en la empresa de trasporte o en la estancia”, es necesario que se puedan “tomar medidas de que ese día no se embarque, no se tropee, no se lleve al corral y no se faene en el frigorífico”. Rodríguez informó que el convenio colectivo del grupo 22 de los Consejos de Salarios, “Ganadería, agricultura y actividades conexas”, vence el 30 de junio, y que ya se comenzó a reunir el Consejo Superior Tripartito Rural, en el que se están discutiendo “condiciones de seguridad laboral”. También dio a conocer la plataforma reivindicativa de la UNATRA, que establece el reconocimiento del apero como “hecho de justicia social”, “porque los vulnerables no deben pagar herramientas de trabajo para los patrones”, así como “tierra para el desarrollo de los orientales”, espacio para la UNATRA en “las fiestas tradicionales (Prado, Patria Gaucha, Roosevelt, etcétera) y “eliminación de las pautas salariales del Poder Ejecutivo para la segunda ronda de los Consejos de Salarios”.

Montes de plata

Durante la jornada de celebración fueron pasando por la actividad distintas autoridades relacionadas con el medio rural, el trabajo o el departamento. Estuvieron el senador del Frente Amplio (FA) Andrés Berterreche (Movimiento de Participación Popular, MPP), los diputados por Tacuarembó Wilson Aparicio Ezquerra (Partido Nacional, Alianza Nacional) y Edgardo Rodríguez (MPP), el diputado canario Carlos Reutor (MPP), la presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC), Jacqueline Gómez, y el director nacional de Coordinación en el Interior del MTSS, Jorge Mesa. También se hizo presente una oficina móvil del MTSS que funciona en un micro y que acercó material informativo sobre los derechos laborales y las leyes en la materia aprobadas en los últimos años.

Gómez destacó la importancia de la organización y de los apoyos institucionales, y expresó que para el INC “sigue siendo una prioridad el acceso a la tierra de los asalariados rurales”. “Un conjunto de asalariados rurales han ingresado a las tierras del INC como colonos en emprendimientos colectivos [...] y han logrado generar un ingreso que complementa el del trabajo asalariado y [...] tener un espacio de producción particular junto con otros compañeros”, señaló. Por su parte, Berterreche contó que cuando estuvo en la Dirección General Forestal se pudo pasar de 4.000 trabajadores forestales formalizados a 12.000, y que “eso fue porque aumentó un poquito el trabajo, pero sobre todo porque se logró formalizar”. “Que diez años después nos digan que esto viene para atrás, si no nos subleva o no nos hace enojar es que estamos perdiendo las cosas más importantes que tiene que tener un luchador social. No puede pasar esto. Se pueden escudar en una supuesta crisis, pero en el sector forestal no hay ninguna crisis. Hay que abrir los ojos. Es verdad que hay problemas económicos, que no estamos creciendo lo que crecíamos antes, pero no dejamos de crecer, y cuando la riqueza crece, si nos convencen de que estamos en crisis, el crecimiento de esa riqueza se queda en otros bolsillos y no en el de los trabajadores”, concluyó el senador.

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