EL 23 de mayo, al hacer los anuncios para combatir el déficit fiscal, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, manifestó su preocupación por el “incremento en las prestaciones del Banco de Previsión Social [BPS]” y anunció que se formará un grupo de trabajo para averiguar “dónde se ha producido el desequilibrio y poder adecuar estas prestaciones, particularmente en el seguro de enfermedad, en el que existe cierto exceso al respecto”. El grupo de trabajo estará integrado por representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los ministerios de Economía y de Trabajo y Seguridad Social y del BPS; la diaria supo que comenzará a reunirse esta semana.
Según difundió El País el domingo, en 2015 el BPS gastó 203,5 millones de dólares en certificados médicos. El matutino agregó que la cifra superó en 2% lo previsto, y significó 36,5% más de lo invertido en 2014, cuando el desembolso fue de 149 millones de dólares. Pese a haberlo intentado, la diaria no pudo intercambiar al respecto con los directores del BPS con designación política.
Mediante un comunicado de prensa, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) recordó ayer que el sindicato ya había denunciado esta situación ante las autoridades, que “un conjunto de decisiones equivocadas del Directorio del BPS están detrás de este grave problema”.
En diálogo con la diaria, Verónica Miranda, vicepresidenta de ATSS, comentó que “ahora sale como una sensación” esta cuestión, cuando el gremio la difundió en 2015 por medio de spots televisivos y mantuvo encuentros con la OPP para advertirle sobre la situación. Miranda atribuyó el problema a “una mala gestión de todos los servicios de salud del BPS”. Se remontó a “la privatización de los servicios de certificación” que hizo el BPS en 2009, cuando esa tarea pasó a estar a cargo de las instituciones prestadoras de salud. Al tercerizar la certificación, el BPS “transfirió la responsabilidad”, indicó Miranda, y agregó que la institución “visualizó mal [la solución], pensando que achicaba el servicio y ahorraba recursos humanos, pero dejó librado a terceros el manejo de una prestación tan sensible como esta”. Para el sindicato, la solución pasa por hacer una “fuerte inversión en recursos humanos y definir otra estrategia de trabajo”. Piden “recursos genuinos” y denuncian que el directorio “está recurriendo al amiguismo”; concretamente, la ATSS rechaza que el BPS haya puesto “a dedo” a un gerente en el sector de Certificaciones Médicas y Peritaje, que pasó a duplicar la función que recaía sobre una gerenta electa por concurso a la que no se le asignaron recursos.
Según la ATSS, hay 28.000 certificaciones médicas prolongadas (que se extienden por más de 90 días) sin auditar porque el BPS no hace un buen manejo de los médicos certificadores. Desde 2009 las certificaciones son hechas a nivel nacional directamente por el médico tratante, pero al BPS continúa correspondiéndole la tarea de hacer un peritaje médico de las certificaciones prolongadas.
Perspectivas
Elvira Domínguez, integrante del directorio del BPS en representación de los empresarios, explicó a este medio que “desde 2009 venimos denunciando que ha habido un crecimiento exponencial” de las certificaciones médicas y aseguró que “el BPS no controla nada” de lo que indica el médico tratante. Confirmó que en 2015 el rubro requirió 5.500 millones de pesos, pero consideró que la cifra, que a su entender se disparó en 2009, se detuvo en 2015. Criticó que el organismo no cumple con las juntas médicas indicadas para las certificaciones prolongadas.
Según publicó el viernes el semanario Crónicas, Domínguez propone volver al viejo sistema de certificación; de lo contrario, pide que el BPS tenga un médico en cada institución prestadora de salud “para que antes de ingresar la certificación en el sistema, este realice una valoración sobre la patología y el puesto de trabajo”. Promueve, además, que exista una “segunda opinión médica, a la que las empresas podamos enviar al médico para ver si se configura o no la situación, y que tenga validez ante el BPS este segundo dictamen médico”, declaró la jerarca a la revista. Agregó a este medio que el trabajador puede “fingir patologías” y lamentó que en Uruguay no exista la especialidad de médico certificador. Por otra parte, dijo que “es mentira” que el trabajador pierde los tres primeros días de licencia por enfermedad -el BPS cubre a partir del cuarto día-, porque en muchos Consejos de Salarios “se ha establecido que los primeros tres días los pague la empresa”.
Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores, anunció a la diaria que está elaborando un informe que difundirá en los próximos días. Comentó que “el rol del instituto de seguridad social no es disminuir el déficit fiscal recortando prestaciones”, y recalcó que todos estos años se ha trabajado para ampliar los derechos en seguridad social.
Ruiz atribuyó el incremento del presupuesto de las certificaciones al aumento del tope del seguro de enfermedad, situado hasta 2010 en tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC). Desde 2011 fue aumentando una por año hasta llegar al tope de ocho BPC que rige desde 2015. Señaló que hay más gente afiliada a la seguridad social y un mayor acceso al sistema de salud. El jerarca no considera que en todos los lugares de trabajo las empresas cubran los tres primeros días.
El representante de los trabajadores pidió analizar todas las variables, y no decir sólo cuánto se gasta. Comentó, por ejemplo, que actualmente para casos de gripe, “con toda esta psicosis”, los médicos indican no ir a trabajar.